Señale las ventajas y desventajas de un sistema de control de constitucionalidad concentrado en un Tribunal único, por oposición a un modelo de control difuso.

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Doctrina I

Doctrina II

Doctrina III

Esta entrada tiene 16 comentarios

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  3. Flavia Paccella. Comisión 6

    Como ya sabemos, el control de constitucionalidad en la Argentina es de tipo “difuso” con raíces norteamericanas, desarrollado en EE.UU a partir del caso “Marbury vs. Madison”.
    En cuanto al órgano que lo ejerce, el sistema es judicial y al ser difuso corresponde a todos los jueces llevarlo cabo,sin distinción de categorías o jurisdicciones, nacionales o provinciales cualquier juez puede hacerlo.Estas cuestiones de inconstitucionalidad de las normas o actos emanados del poder estatal son resueltas siempre que sean planteadas por las partes no proceden de oficio y sus sentencias tienen efecto “ínter partes” es decir que son aplicadas a una controversia concreta,por lo tanto la norma en cuestión no es derogada.
    Hay quienes opinan y estoy de acuerdo con ello,que este tipo de control posee una gran desventaja y es la falta de uniformidad de las desiciones judiciales ya que una misma norma puede ser entendida de distintas maneras según la mirada de cada uno de los jueces que ejercen el control.Otra desventaja o mas bien, defecto que le encuentro a este tipo de control es que la declaración de inconstitucionalidad de una norma tenga efecto “ínter partes”esto en base a que si es inconstitucional para un caso debería serlo también para otros procediéndose a separar del ordenamiento jurídico aquella norma que es contraria a la Constitución.
    En oposición a este sistema existe un tipo de control constitucional concentrado cuyo origen viene de Europa en manos de un tribunal único y sin injerencia del poder estatal. Su principal característica es que el control puede realizarse en abstracto, sin exigencia de un caso concreto y la declaración de inconstitucionalidad produce efectos “erga omnes”, con la consiguiente anulación de la norma cuestionada, la cual pierde sus efectos en forma total y definitiva.
    A mi parecer, seria apropiado reemplazar nuestro sistema de control judicial difuso por un sistema de control concentrado, en manos de un tribunal único y centralizado, para garantizar mas fehacientemente la supremacía constitucional,ya que se estaría instaurando un órgano especializado, autónomo, e independiente de cualquier otra autoridad estatal con sentencias generales puesto que las desiciones del tribunal tendrían efecto erga omnes derogando la ley tachada de inconstitucional. Fundamento mi postura con que si la Constitución es la Ley suprema de un país y, por lo tanto, prevalece ante todas las demás leyes, entonces un acto del Estado que contradiga la Constitución no puede constituir una norma efectiva; al contrario, debe considerarse nulo.

  4. Ruben Martin

    Ruben Martin comision 6
    En mi opinion en el método difuso todos los jueces tienen el poder-deber; siguiendo el modelo norteamericano, de desaplicar las leyes que estimen inconstitucionales y que rigen la solución del caso concreto que deben decidir, con efectos inter partis, teniendo la decisión efectos declarativos. Encuadrando los regímenes vigentes en América concluimos que salvo el del control difuso creado por Estados Unidos de América, adoptado por la República Argentina, con algunas variantes en la mayoría de los países latinoamericanos se han instituido por un lado un sistema concentrado exclusivo; y, por el otro, un sistema mixto o integral de control (el control concentrado de las Cortes Supremas o Tribunales Constitucionales y a la vez el difuso que incumbe a los habitantes a modo de acción popular ).
    El Control Difuso es importante porque provoca variadas soluciones a la ausencia de uniformidad de decisiones judiciales. Pues gracias a este mecanismo, se han podido observar sentencias magistrales y reivindicar así derechos vulnerados.
    Sin embargo un sistema de contro mixto seria lo conveniente De esta manera resuelve el dilema principal entre control concentrado y control difuso: el monopolio para declarar la inconstitucionalidad de una ley sigue perteneciendo al Tribunal Constitucional y los efectos de la declaración serán los propios del control concentrado, pero se abre la puerta a que cualquier juez o tribunal pueda, en el curso de un pleito concreto, cuestionar ante el Tribunal Constitucional la constitucionalidad de una ley. La introducción a este elemento, teñido de algunos de los caracteres propios del control difuso, produce una extraordinaria ampliación de la legitimación para accionar ante el Tribunal Constitucional -todos los jueces y tribunales y, por extensión todas las personas capaces de ser parte en un proceso concreto porque dentro del mismo pueden pedirle al juez o tribunal que planteen la cuestión de inconstitucionalidad, aunque sea el juez o tribunal quien decida sobre ello-, al tiempo que se trata de un instrumento procesal que permite abrir un control sobre la constitucionalidad de una ley en cualquier momento de su vigencia, ya que en cualquier momento puede producirse un pleito concreto en cuyo seno se origine una cuestión de inconstitucionalidad.

  5. María Luciana Rava

    Nombre: María Luciana Rava- Teoría Constitucional- comisión 5.

    Como ya sabemos, el control de constitucionalidad es la herramienta que hace efectiva la supremacía constitucional.
    Hay dos maneras de realizar este control: el difuso (modelo estadounidense) y el concentrado (modelo Europeo). En Argentina se lleva a cabo el control de constitucionalidad difuso lo cual implica que cualquier juez esta facultado para decretar la inconstitucionalidad de una norma impuesta por un legislador, esta declaración de inconstitucionalidad de la norma funciona “inter partes” es decir que se aplica en ese caso concreto sin sentar precedentes para casos futuros, la norma no se deroga sino que simplemente no se aplica en ese caso particular. La desventaja que ocasiona la aplicación de este tipo de control es que la norma puede ser interpretada de diversas formas según la óptica de cada juez, esto lleva a un choque de interpretaciones y derivaría en distintas soluciones para el caso en concreto.
    Mientras que en el control de constitucionalidad concentrado, modelo propuesto por el senador Marcelo Fuentes y visto con buenos ojos por Zaffaroni, consiste en la creación en Argentina de tribunales especializados en ejercer el control de constitucionalidad. En este tipo de control, la declarada inconstitucionalidad de la norma genera efectos “erga omnes” lo cual significa que, no solo la norma no es aplicable para el caso concreto, sino que también es derogada impidiendo de este modo su futura aplicación. Pero este modelo de control también presenta críticas, quienes no están de acuerdo con la instauración de estos tribunales en Argentina opinan que se estaría creando un doble Poder Legislativo, ya que uno sería el creador de las leyes y el segundo las estaría derogando cuando sean inaplicables.
    Desde mi reflexión personal concluyo diciendo que sería apropiada la instauración de un tribunal constitucional en Argentina, ya que se estaría creando un órgano ¨Ad hoc¨ dispuesto específicamente para el fin de control de constitucionalidad, derogando las normas que no se correspondan con el texto supremo y funcionando como órgano independiente de los demás poderes del estado, desde ya, sin que se produzca el vicio de la politizacion del órgano y responda así al gobierno de turno.

  6. diego gutierrez

    Diego Gutierrez-comision 5
    Control judicial de las constituciones
    Las constituciones escritas son un conjunto de normas que rige tantos los derechos de los individuos como la organización jurídico política de un determinado país, establece un marco jurídico supremo y todos los ordenamientos normativos que se dicten tienen que estar en congruencia con ella, las normas que se dicten consecuentemente no podrán ser contrarias a lo que ellas prescriban. Esta es la llamada supremacía constitucional, estas constituciones son rígidas y requieren un procedimiento especial para su reforma, no pudiendo hacerlo el poder constituido, ósea, el Congreso. Pero para que esta supremacía sea efectiva necesariamente tiene que haber un control, un órgano que cuando la constitución sea contrariada por alguna norma sancionada pueda repudiar tal acto con fuerza vinculante.
    Para ellos existe el control de constitucionalidad, que es el control que se ejerce sobre las leyes emanadas por el poder constituido que puedan ir en sentido contrario a lo que prescribe la constitución. Existen dos tipos de control de constitucionalidad, el control difuso y el control concentrado, en nuestro país se ejerce el primero, tomado del sistema de control difuso norteamericano ejercido por la Corte Suprema de aquel país a la luz del caso Marbury-Madison en 1803, donde la corte desestimo un pedido de expedición de mandato del juez Marbury basado en una judiciary act que ampliaba la competencia de la corte para este asunto, pero esta en realidad era una competencia ampliada por una ley del congreso que contrariaba la constitución por lo tanto la declaro inconstitucional. En nuestro país los primeros casos fueron Sojo y Elortondo que inauguraron esta misma práctica judicial. Este tipo de control se dice que es difuso porque cualquier tribunal puede revisar la constitucionalidad de la ley (ART 116 C.N), otra característica es que tiene que haber un conflicto entre partes y aunque ninguna de estas haya solicitado una declaración de inconstitucionalidad los jueces pueden declararla de oficio, lo que no pueden es declarar la inconstitucionalidad de una ley sin que haya causa. El efecto de la declaración es la derogación de la norma pero solo para las partes, justamente una de las críticas que se le hacen a este sistema es que crea confusión e inseguridad jurídica ya que grandes sectores de la población creen ante un caso resonante como el de la declaración de la inconstitucionalidad para la ley que pena la tenencia de drogas para el consumo personal tiene efectos generales, es decir para toda la población, también la diferencia de criterios con respecto a una misma materia que puedan tener jueces diferentes, declarando constitucional una norma en un caso y en el otro lo contrario. Otra crítica que se le hace es el carácter contra mayoritario que tiene el poder judicial al poder derogar leyes de un parlamento elegido a través del voto popular mientras que este es el menos democrático de todos ya que no es elegido de tal manera. En otra opinión J.B Alberdi opinaba que no las derogaba porque esta seguía teniendo efecto, derogar es legislar, que solo se derogaba cuando la derogaba el Congreso. En nuestra constitución está reconocido expresamente el control de constitucionalidad de los jueces en el art. 43 incorporado en la reforma del año 1994; “En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”.
    El otro sistema de control judicial de la Constitución es el modelo europeo de tribunales constitucionales que nació en la década del 20 del siglo pasado, creado por el jurista alemán Hans Kelsen, este es un sistema de control concentrado, la decisión recae en un organismo único, el Tribunal Constitucional que cuando decide lo hace con efecto erga omnes, es decir para todos y está fuera de la órbita del poder judicial. Este tribunal no controla hechos concretos sino que se limita a controlar la compatibilidad entre dos normas abstractas como son la Constitución y la ley eliminando a la norma incompatible con la norma suprema a través de una resolución constitutiva, una de las criticas es que al hacer esto este órgano se convierte en un legislado negativo, es decir un órgano que no crea leyes sino que las deroga, por el contrario Kelsen veía esto en algo positivo ya que decía que el poder legislativo se constituía en 2 órganos, el parlamento como legislador positivo y el tribunal como legislador negativo sin por esto violar la división de poderes ya que estaría dispuesto por la Constitución. La legitimación para derogar estas leyes contrarias al orden de la Constitución se daría por las autoridades políticas, algunos ven en esto un peligro de politización de la justicia y estar sometidas sus decisiones a mayorías circunstanciales. Para esto se pueden prever diferentes mecanismos de elección en la forma y en el tiempo de duración en los cargos, aunque particularmente yo creo que las decisiones de los jueces siempre tienen una carga política tanto en un control como en el otro, en palabras del juez de la SCJN, Enrique Petracchi: “los jueces son políticos les guste o no. A lo sumo, les va a pasar lo que al cangrejo, que es crustáceo pero no lo sabe. Sus decisiones, especialmente en la Corte Suprema, son políticas, lo que sucede es que no son solamente políticas, son además jurídicas, se tienen que adecuar a la Constitución. Cuando existe un conflicto de valores, y eso es lo que siempre hay que juzgar, se toma a uno sobre el otro, y eso configura una decisión política”.
    Por eso no creo que haya un sistema mejor que otro sino que tendría que haber un sistema que se adapte a nuestras realidades tanto jurídicas como políticas, quizás un sistema mixto como en Colombia en mi opinión pero que sirva como medio para defender los derechos y garantías contenidos en nuestra Constitución tanto de los individuos como de los diferentes grupos sociales de los abusos que pueda cometer tanto el Estado como los particulares, y respetar el sistema representativo republicano y federal de nuestro Estado.

  7. Franco Vignolle.

    Franco Vignolle. Comisión 6.
    Un auténtico Estado de Derecho es justamente aquel en el que se establecen los procedimientos jurídicos y constitucionales
    para “limitar” y “controlar” los posibles excesos del poder estatal.
    Tradicionalmente, se suelen contraponer dos grandes sistemas de control judicial de constitucionalidad: el sistema difuso o norteamericano (nacido en los Estados Unidos), y el sistema concentrado o europeo- kelseniano (el sistema utilizado en los países del viejo continente).
    Ambos están inspirados en el principio de supremacía constitucional, pero se diferencian por la forma en la que garantizan la real vigencia de ese principio.
    Es necesario aclarar que existen, además, sistemas mixtos de control de constitucionalidad que combinan ambos modelos (utilizados en toda América Latina, excepto en Argentina)

    Hechas estas aclaraciones, procederé a describir las características mas importantes de ambos sistemas para luego evaluar si sería conveniente introducir alguna modificación al sistema de control de constitucionalidad utilizado actualmente en nuestro país.

    En el sistema de control de constitucionalidad difuso todos los tribunales de cualquier grado, fuero y jurisdicción tienen el deber-facultad de analizar la constitucionalidad de las normas aplicables a los casos que son llevados ante ellos. En este sistema el control sólo puede efectuarse en un caso concreto, por lo que no se puede considerar en abstracto la constitucionalidad o no de una ley. Otra característica destacable de este sistema es que tiene efecto inter partes, la ley no es invalidada , por lo que continúa vigente y resulta plenamente
    aplicable en otros casos. Además, la declaración de inconstitucionalidad de una ley tiene efectos retroactivos.
    El principal inconveniente que presenta el sistema de control de constitucionalidad difuso es la incertidumbre generada por la ausencia de uniformidad en las decisiones judiciales. La posible diferencia de criterio entre los tribunales, además de no otorgar seguridad jurídica, no garantiza la igualdad de las personas frente a la ley.

    El sistema concentrado se caracteriza porque se confiere a un solo órgano estatal especializado la facultad de actuar como juez constitucional, generalmente respecto de ciertos actos estatales y en general con potestad para anularlos. A diferencia del método difuso, no puede desarrollarse como una creación pretoriana, sino que debe ser expresamente establecido por las normas constitucionales, por las potestades anulatorias que se conceden. El carácter principal de este sistema es que el control puede realizarse en abstracto, sin exigencia de un caso concreto. Cuando el control de constitucionalidad se ejerce de esta manera, tiene efecto erga omnes, ya que la decisión se limita a una cuestión de derecho. Otra diferencia con el sistema difuso es que la ley es válida hasta que sea declarada inconstitucional, por lo que la sentencia no tiene efecto retroactivo.
    Una de las principales ventajas es el criterio unívoco respecto de la constitucionalidad de las normas, lo cual genera seguridad jurídica, ya que toda norma es válida hasta ser declarada inconstitucional por el órgano facultado para hacerlo. Un problema que plantea este sistema, sería la invasión del Poder Judicial a la órbita del Poder Legislativo, pudiendo llegar a actuar como un legislador negativo.

    En mi opinión, Argentina debería adoptar un sistema de control de constitucionalidad mixto al igual que el resto de países de Latinoamérica, es decir la incorporación de ciertos elementos
    característicos del sistema concentrado, pero no la incorporación lisa y llana de ese sistema en reemplazo del actual, ya que implicaría un cambio estructural imposible de llevar a cabo en la práctica. Es decir, que partimos de la base de que debemos conservar el sistema de control de constitucionalidad difuso, incorporando algunos cambios estructurales que permitan, en forma paralela al mismo, el ejercicio de un control de constitucionalidad concentrado en un órgano especializado. De hecho, este sistema ya ha sido incorporado por varias provincias (Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, etc).
    Resulta necesario ante el fortalecimiento cada vez mayor del poder estatal la introducción al sistema de este tipo de organismos, este razonamiento me plantea el problema de que en un intento de disminuir el poder estatal se produzca un efecto contrario al deseado con la politización de este Tribunal Constitucional.
    En conclusión, en caso de llevarse acabo una reforma constitucional para cambiar el sistema de control constitucional habría que hilar muy fino en cuanto lo que rija al funcionamiento, potestades y elección de los miembros que formarían este Tribunal Constitucional.

  8. Guadalupe Lanci

    Lanci Guadalupe. Comision 5.
    Comienzo pronunciándome totalmente a favor de que nuestra Constitución Nacional, por el principio de Supremacía Constitucional, este respaldada por un Control de Constitucionalidad respecto de toda la restante normativa del Sistema Jurídico Argentino.
    Con respecto al tema planteado de incorporar Tribunales Constitucionales en Argentina comienzo dando una breve descripción de los dos sistemas, para luego dar mi opinión al respecto.
    Sabemos que en la actualidad tenemos en nuestra sistema un Control Difuso, el cual está en manos del Poder Judicial, y dentro de este es llevado a cabo por cualquier Magistrado integrante del mismo, es decir, Juez ante el cual se plantea la cuestión.
    Esto tuvo sus comienzos en el año 1803, con el caso “Mardbury vs Madison”, donde la Corte de Estados Unidos, por primera vez consagro la Supremacía de la Constitución. Y más tarde lo vimos en Argentina, con el caso “Sojo”, oportunidad donde nuestra Corte tuvo la primer ocasión de evaluar la constitucionalidad de una ley.
    Y con respecto a los efectos que tiene el fallo dictado es interpartes, ya que el Magistrado resuelve el caso concreto, declarando la inconstitucionalidad o no de la norma en cuestión.
    Por otro lado, existe el Control de Constitucionalidad Concentrado, implementado ya en otros países, que como contracara es llevado a cabo por un Tribunal Constitucional, es un órgano especializado, único, y exclusivo para tal efecto. Órgano independiente, no integrante del Poder Judicial.
    Teniendo este sistema la particularidad de que una vez analizado el caso concreto, el efecto del fallo es erga omnes, es decir, que alcanza a toda la sociedad, derogándose la norma declarada inconstitucional, quedando así fuera del Sistema Jurídico.
    Con respecto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, existen en otros sistemas, tres formas distintas de designación de los mismos:
    Por el Parlamento
    Por el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea, y por el Presidente del Senado.
    Forma mixta: una parte elegida por instancias parlamentarias , y la otra por otros poderes del estado.
    Viéndose en la práctica, el mayor uso del sistema mixto, ya que procura que en la selección participen distintos poderes del estado, manteniéndose la legitimidad democrática basada en la relación semidirecta de la institución con la voluntad popular, por vía de la elección parlamentaria.
    Dentro de lo que sería el CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD CONSENTRADO , encuentro interesante esta forma mixta de elección de los integrantes del cuerpo.
    También resalto beneficioso la llamada “GARANTIA DE LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES”, que consiste en establecer mandatos limitados pero de larga duración de los jueces, de manera que la composición no quede a merced de cambios de las mayorías dominantes en el Parlamento u otros órganos del estado, es decir, que no tengan que estar pendientes de los intereses de los partidos.
    Dentro de la doctrina encontramos dos grandes criticas al SISTEMA DE CONSTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DIFUSO:
    a)En cuanto a la LEGITIMACION del mismo. Se considera que un juez no tiene legitimación sobre una ley que dicta el Congreso, ya que en el mismo se ve representada la voluntad del pueblo.
    b)Se basa sobre el efecto de la decisión tomada por el Magistrado. Ya que la ley en cuestión se declara inconstitucional, pero sigue vigente en el sistema, no se deroga. Teniendo así solo eficacia entre las partes del litigio.
    En mi opinión no me determino en una u otra postura. No apunto tanto al cambio del Órgano decisorio, es decir, a que siga en manos de un magistrado integrante del Poder Judicial, o que pase a las manos de un Tribunal Constitucional.
    Pero si me parece conveniente cambiar el efecto de la decisión tomada pasando de ser interpartes a erga omnes. Evitando de esta forma que cada persona afectada en sus derechos deba acudir inevitablemente a la justicia (haciéndose esto a veces dificultoso por cuestiones económicas o por cuestiones en cuanto al tiempo que esto conlleva).
    Y también haciendo alusión, a la poca seguridad jurídica que da el efecto interpartes, desde el momento en que una norma que el juez declaro inconstitucional siga permaneciendo vigente en el ordenamiento jurídico.

  9. Daiana Romagnoli

    Romagnoli Daiana Comision 5
    El control judicial de constitucionalidad es el más apropiado para garantizar la indemnidad de la regla que pregona la supremacía de la Constitución. Por él no se intenta evaluar la bondad o conveniencia de la norma, sino únicamente de cotejarla con la Constitución a fin de verificar si la contraría o no.
    Por esto es que estoy a favor del Control de Constitucionalidad Difuso (modelo norteamericano) que funciono desde su incorporación en la Constitución de 1853 sin problemas ni desbordes. Como ya sabemos surgió por la necesidad de limitar al Poder Legislativo.
    Mi postura parte de las siguientes ventajas que a mi parecer tiene este sistema:
    -Este implica que cualquier juez puede verificar la constitucionalidad de una norma, tiene la potestad de controlar la constitucionalidad.
    Si bien en nuestra constitución no hace referencia específicamente a este tipo de control de constitucionalidad, es de tener presente que el artículo 43 de la constitución Nacional sostiene en el primer párrafo “in fine” aludiendo a la acción expedita ya rápida de amparo, que en el caso, el juez podrá declara la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. A su vez en el artículo 113 segundo y tercer párrafo establece como competencia del Tribunal Superior de Justicia conocer originaria y exclusivamente en las acciones declarativas contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general, emanado de las autoridades y contrarias a la constitución Nacional.
    Es así que la Corte Suprema declara inconstitucionales a las leyes que lo son y no las deroga porque no tiene el poder legislar y por lo tanto tampoco derogar. Declarada la inconstitucionalidad de la ley, esta sigue siendo ley hasta que el Congreso la deroga.
    – La resolución que dicte el Juez tiene efecto interpartes es decir entre las partes del litigio aplicado al caso concreto.
    Por ello es que el control de constitucionalidad difuso al declarar la inconstitucionalidad de una ley en un caso concreto no la deroga, sino que no la aplica a dicho caso.
    -El control de constitucionalidad es un presupuesto básico del equilibrio de poderes lo que lleva al buen funcionamiento del aparato estatal, es así que el Poder Judicial controla a los otros poderes del estado dado que un exceso o defecto alteraría la eficacia de la garantía de la supremacía constitucional . Me interesa destacar que la existencia de un tribunal constitucional único (estando yo en contra de este) que para controla y decidir la inconstitucionalidad de las leyes habría de producir un quiebre en el sistema tripartito de poderes ya que quita al Poder Judicial el derecho de interpretar la constitución y la adecuación de las normas jurídicas a ella, disminuyendo el papel de los jueces; Significa crear un Poder Legislativo doble: uno que crea la norma y otro que las deroga (el llamado tribunal constitucional).
    A raíz de lo antes expuesto sigo sosteniendo que el Control de Constitucionalidad Difuso es bueno, aconsejando algunas modificaciones :
    a) Que esta tarea la realice un órgano especializado pero que este dentro del Poder Judicial.
    b) Que el acuerdo para la designación de los jueces sea prestado por ambas Cámaras del Congreso en Sesión pública (que no sean elegidos por el pueblo ya que para poder ser elegidos deben presentarse por medio de un partido político lo que hace que se politice el órgano).
    c) Que los jueces tengan un mandato limitado.

  10. Sandra Laura Lara

    Sandra Laura Lara comision 6 Teoria constitucional
    Es sobradamente sabido que nuestro sistema de control de constitucionalidad es difuso, esto es, que todos los jueces de cualquier fuero y jurisdicción pueden ejercerlo y, eventualmente, declarar la inconstitucionalidad de una ley o acto estatal de contenido normativo, con efectos inter partes, para el caso concreto. La consecuencia de esta declaración será la no aplicación de la norma considerada inconstitucional en ese caso.
    Este éste no es el único sistema de control de constitucionalidad existente, lo cual sabemos a poco de echar una mirada sobre el derecho comparado. A los fines de evaluar si el sistema de control de constitucionalidad difuso es el mejor en el marco jurídico y sociológico de nuestro país, se hace necesario examinar cuáles son los elementos que caracterizan otros sistemas, y eventualmente las ventajas y desventajas que presentan. Ello, con el objeto de establecer en primer lugar, si resulta posible introducir alguna modificación en nuestro actual sistema de control de constitucionalidad, y en segundo lugar, si tales cambios redundarían en beneficios para nuestro sistema jurídico o si, por el contrario, lo harían menos eficiente.
    Tradicionalmente, se suelen contraponer dos grandes sistemas de control judicial de constitucionalidad: el sistema difuso o norteamericano (en virtud de su creación pretoriana en los Estados Unidos), y el sistema concentrado o europeo- kelseniano (así conocido por haber sido su creador el jurista vienés y por ser el sistema utilizado en los países del viejo continente).
    Ambos están inspirados en el principio de supremacía constitucional, pero se diferencian por la forma en la que garantizan la real vigencia de ese principio.
    Sin perjuicio de esta primera gran distinción, es necesario aclarar que existe una clara tendencia a la desaparición de estos sistemas en su estructura “pura”.
    Claro ejemplo de esta “hibridación y mixtura” es el caso de América Latina, donde la gran mayoría de los países han adoptado un sistema de control de constitucionalidad mixto o integrado, donde coexisten el control difuso y el control concentrado, operando en forma paralela. Argentina es el único país de América Latina que sigue fielmente el modelo estadounidense, y conserva un sistema de control de constitucionalidad exclusivamente difuso,. Ello en virtud de que los restantes países, con quienes nuestro país comparte una misma tradición jurídica, marcada por la tradición del civil law por un lado y el constitucionalismo norteamericano por otro; han desarrollado un sistema de control de constitucionalidad mixto. Esto no significa que nuestro país deba necesariamente seguir ese camino, pero es un elemento que no podemos dejar de tener en cuenta, y que debemos al menos preguntarnos porqué nuestro país sigue siendo el único en América Latina que conserva un control de constitucionalidad exclusivamente difuso.
    El principal inconveniente que presenta el sistema de control de constitucionalidad difuso es la incertidumbre generada por la ausencia de uniformidad en las decisiones judiciales. Existen sin embargo distintos métodos correctivos de esta circunstancia, uno de los cuales es sin duda la “regla del precedente” o stare decisis, característica de los sistemas jurídicos del common law.
    El sistema de control de constitucionalidad concentrado presentan en su aplicación práctica diversas variantes. Así, puede funcionar en forma exclusiva o en forma concurrente con el método difuso; puede ser atribuido a la Corte Suprema del país o a un Tribunal Constitucional especialmente creado al efecto (un caso excepcional es el de Chile donde el control de constitucionalidad es atribuido exclusivamente a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional en forma paralela); puede ser preventivo -previo a la sanción de la ley- o reparador -posterior a su entrada en vigencia-, o incluso ambos; puede ejercerse por vía principal y/o por vía incidental, puede tratarse de una acción popular o sometida a condiciones particulares de legitimación
    Una de las principales ventajas que suele señalarse respecto del sistema concentrado es el criterio únivoco respecto de la constitucionalidad de las normas, lo cual genera seguridad jurídica, ya que toda norma es válida hasta tanto sea declarada inconstitucional por el órgano con competencia para hacerlo. A partir de ese momento, la norma deja de tener vigencia en el ordenamiento jurídico, con efectos erga omnes. También se señala la mayor especialización del órgano encargado de ejercer el control
    La Argentina sigue, sin modificación sustancial, el sistema estadounidense. Tal como sucede en ese país, el control judicial de la constitucionalidad de las leyes no surge expresamente del texto de la Constitución, pero puede derivarse de los arts. 30 (carácter rígido de la Constitución), 31 (principio de supremacía constitucional), y 100 (competencia de la Corte Suprema y Tribunales inferiores en todas aquellas causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución) de la Constitución Nacional.
    El control de constitucionalidad en la Argentina es difuso, no existe un órgano “especializado” en la cuestión constitucional, sino que a todos los jueces corresponde examinar la validez constitucional de las normas que aplican para resolver las cuestiones que les son planteadas. A ello cabe agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la facultad de ejercer ese control de oficio, esto es, sin necesidad de que alguna de las partes haya formulado el planteo de inconstitucionalidad de la norma (Fallos “Mill de Pereyra” y “Banco Comercial de Finanzas”).
    Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que algunas provincias han incporporado un sistema mixto de control de constitucionalidad (Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, etc).
    Más allá de que todos los tribunales de cualquier instancia puedan declarar la inconstitucionalidad de una norma,, es la Corte Suprema quien ejerce prioritaria y finalmente dicha función. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el sistema norteamericano, donde los tribunales deben respetar sus precedentes y los fallos de los órganos jurisdiccionales superiores en virtud de la regla del stare decisis, en nuestro país no existe tal exigencia. Ello se debe a que mientras Estados Unidos pertenece a la tradición del common law, nuestro país se enmarca dentro del sistema de derecho civil, donde no existe una regla tal como la del precedente. Si bien es reconocida la autoridad de los fallos del máximo tribunal, los mismos carecen de carácter obligatorio para el resto de los tribunales. De esta forma, identificamos uno de los primeros inconvenientes que presenta el sistema difuso de control de constitucionalidad, que consiste en la ausencia de uniformidad en las decisiones judiciales, lo que puede derivar en un estado de incertidumbre de efectos claramente negativos.
    Esta situación ha llevado a que encontremos fallos que reafirmaron las garantías individuales en el caso concreto, pero que a la vez generaron inseguridad jurídica respecto de otros justiciables en las mismas condiciones. Esto es así, ya que muchas veces se llevan a cabo procesos judiciales sustentados en normas que ya han sido declaradas inválidas.
    Los países que utilizan el sistema de control de constitucionalidad difuso han adoptado diversos mecanismos para prevenir los efectos negativos de este problema. Como señalamos anteriormente, los países del common law adoptan la regla de stare decisis, en virtud de la cual los tribunales están obligados a respetar sus precedentes y los fallos del máximo tribunal. Pero esta regla es propia de la tradición del common law, y no existe en aquellos países de tradición romano germánica. Es por ello que en la mayoría de los países de América Latina, se ha optado por un sistema mixto o integrado de control de constitucionalidad, donde se prevee algún mecanismo para la declaración de inconstitucionalidad de las leyes con efectos erga omnes.

    En mi opinión estaría bien la incorporación de ciertos elementos característicos del sistema concentrado, pero no la incorporación lisa y llana de ese sistema en reemplazo del actual. Considero que debemos conservar el sistema de control de constitucionalidad difuso, incorporando algunos cambios estructurales que permitan, en forma paralela al mismo, el ejercicio de un control de constitucionalidad concentrado en un órgano especializado.

  11. Jonathan Romero

    Jonathan Romero. Comisión 6.
    A modo de introducción diremos que el control de constitucionalidad es una herramienta de control del poder estatal, y consiste en la efectivización de la supremacía, dado que si tal actividad no es llevada a cabo, esta podría tornarse una cuestión meramente teórica sin sentido práctico alguno.
    Dos son los tipos de control: El primero es el denominado control difuso, con raíces en Estados Unidos a partir del fallo Marbury c/ Maddyson a principios del S. XIX, y adoptado por nuestro país a finales del mismo siglo con los fallos Sojo (1887) y Elortondo c/ municipalidad de la capital (1888). Este sistema consiste en atribuirles a los jueces (tanto a los de Corte, como a los inferiores; según la denominación del art. 108 CN) la competencia de decretar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma impuesta por el legislador. Una característica de este sistema es el efecto inter-parte, lo cual indica que las decisiones de un magistrado acerca de la constitucionalidad (o no) de una norma, será aplicada a casos concretos. De esta característica surge la primer desventaja, la cual sería que la norma puede ser interpretada de distintas maneras por distintos jueces, así si la CSJN declara inconstitucional una norma, esta se verá afectada al caso concreto pero el precepto legal quedará vigente, pudiendo así un juez de otra instancia hacer una interpretación completamente distinta. Esta desventaja impuesta por Zaffaroni, muestra que si bien los jueces deberían en principio adoptar la jurisprudencia de la Corte, no están obligados a hacerlo, y por lo tanto puede haber una coalición de interpretaciones que llevan a distintas soluciones.
    La segunda característica consiste en la legitimación, puesto que como ya sabemos, los jueces son elegidos indirectamente por el pueblo y esto trae aparejadas ciertas críticas a partir de la siguiente pregunta: ¿Por qué se le atribuye tal responsabilidad a un poder que no es elegido directamente por el pueblo?
    Quienes defienden el sistema difuso, argumentan que esto no puede ser considerado una desventaja, debido a que en la elección de los magistrados participan tanto el Poder Ejecutivo (Nombrando y poniendo en función a los jueces) como el Poder Legislativo (Prestando el acuerdo necesario) y ambos son directamente elegidos por el pueblo.
    El segundo sistema es el denominado “de control concentrado”. Este tiene sus orígenes en Europa, y consiste en la creación de un tribunal exclusivo e independiente del Poder Judicial. Ellos son los conocidos como tribunales constitucionales, destinados únicamente a ejercer el control de constitucionalidad. Su principal característica la podemos encontrar también en su efecto (erga omnes) el cual procede derogando una norma declarada inconstitucional. Esto puede señalarse como una ventaja, ya que evita las confusiones que presenta el control difuso.
    Pero a su vez este tipo de control fue pasible de ciertas críticas (o desventajas) las cuales son expresadas a continuación:
    En principio quienes están en contra de este modelo, aseguran que se estaría creando un doble Poder Legislativo, debido a que uno (el reglamentado por la norma suprema) sería el creador de las leyes y otro (el que se estaría creando) el que las deroga. A su vez hay quienes indican que este modelo solo funciona para los sistemas parlamentarios, como los asentados en Europa y no en los regímenes presidencialistas.
    De todas maneras, la principal desventaja seria el peligro de que se politice el órgano respondiendo así al gobierno de turno, y de esa manera seguir fortaleciendo más aun al Poder Ejecutivo y debilitar la forma republicana de gobierno.
    A modo de reflexión personal, pienso que la instauración de un tribunal constitucional en nuestro país es positiva si lo analizamos desde el punto de vista de su efecto, el cual es derogar las leyes que sean inconstitucionales para evitar la aplicación de la norma y así evitar la transgresión al texto supremo. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de la legitimación, se corre el peligro de que este órgano sea politizado y responda al gobierno de turno, lo cual no iría de la mano con la división de poderes característico de nuestro sistema republicano.

  12. Mariana Aguirre Paz

    Mariana Aguirre Paz. Comision nº 5, Teoria constitucional.

    Trabajo practico sobre creacion de Tribunales Constitucionales:

    El control de constitucionalidad en cualquiera de sus clasificaciones se ejerce con el fin de garantizar la supremacia de la Constitucion, garantizando los derechos consignados en la misma. Dado este breve concepto, voy a describir los dos grandes sistemas de control de constitucionalidad puros.
    El primero es Sistema concentrado. Por causa de la desconfianza que el pueblo depositaba en los jueces, quienes conservaban los valores tradicionales anti-igualitarios del regimen feudal, este sistema se caracteriza porque el control es ejercido por un organo independiente del Poder Judicial, llamado Tribunal o Corte constitucional, segun el pais que lo adopta. Las sentencias de inconstitucionalidad dictadas por este organo tienen efecto ”erga omnes”, por lo que la norma es derogada del ordenamiento juridico. Por otro lado, tiene sus desventajas. Es entendido como un legislador negativo ya que no tiene la facultad de crear normas, pero si puede derogarlas y, ademas, es dificil lograr la no politizacion de esta Corte o Tribunal.
    El segundo sistema a explicar es el difuso, y es el adoptado por nuestro pais. Surge en Estados Unidos como un medio para limitar el poder de las legislaturas que solo representaban a las mayorias circunstanciales.El caso ”Marbury-Madison” es el precedente en el cual se materializo la idea de revision judicial de constitucionalidad de las leyes. En Argentina, los precedentes son los casos ”Soho” y ”Erlotondo”. Este modelo se caracteriza porque el control es ejercido por cualquier juez, de oficio, por causa judiciable, o a pedido de parte. Los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad son inter-partes, es decir, la norma no se elimina del ordenamiento juridico. En este caso, la desventaja a observar es la misma que en el otro sistema, el juez no hace la norma pero si la controla ( y en su caso la deroga,o no), aunque ademas surgen problemas de tipo interpretativos, es decir, un juez podra interpretar que una norma es incostitucional mientras que otro puede sostener una idea totalmente contraria, por lo que se generan confusiones.

    Es mi opinion que la creacion de un Tribunal constitucional es oportuna en nuestro pais, ya que funciona, como hemos visto, de forma independiente respecto de los tres poderes del Estado, el control sobre las normas seria mas especifico con la existencia de un organo creado unica y exclusivamente a tal fin, y que la norma que es declarada inconstitucional sea eliminada, cumple con el fin ultimo de la creacion e implementacion de estos modelos de control de constitucionalidad de la ley , que es garantizar la supremacia de la constitucion por sobre todas las normas de menor jerarquia.

  13. Mayra Jacqueline Bascuñán Gonzalez

    Nombre: Mayra Jacqueline Bascuñán Gonzalez Com: 6: Teoría Constitucional

    El control de constitucionalidad como ya sabemos es el principal instrumento de control del poder estatal, que proporciona equilibrio a los poderes y garantiza la supremacía de la constitución. Por lo que es necesario establecer los limites con que debe ser utilizado ya que un exceso o falla pondría en riesgo ese equilibrio y la supremacía constitucional.
    Los distintos estados han ido construyendo a partir de sus regímenes jurídicos, diferentes mecanismos para llevar a cabo el control constitucional, sin embargo se pueden precisar dos sistemas de control por ser los mayormente elegidos por la legislación en occidente: el control de constitucionalidad concentrado y el control de constitucionalidad difuso.
    En el control de constitucionalidad concentrado, se crean órganos o tribunales especializados con la específica finalidad de ejercer el control de constitucionalidad. En este tipo de control la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley deroga la ley inconstitucional, tiene un efecto “erga omnes”.
    El control de constitucionalidad difuso (modelo adoptado por Argentina), como control de la constitucionalidad de las leyes tiene su origen en los principios del constitucionalismo norteamericano en el cual, se le reconoce a la constitución el carácter de Norma Suprema y se les da a los jueces la función de velar por la protección de la misma. El efecto de las decisiones de los jueces respecto de la inconstitucionalidad de la ley es “inter partes”, es decir que inaplica la ley inconstitucional para el caso concreto, pero la norma queda vigente.
    Sin embargo, tanto el modelo difuso como el concentrado, tienen problemas. Se suelen decir como problemas que posee el modelo difuso los siguientes: el peligro de la falta de uniformidad, es decir, que la constitución sea entendida de maneras diversas por los jueces que ejercen el control; y el impacto de esto en la seguridad e igualdad jurídica. El impacto en la separación de poderes y sobre el legislador democrático también son problemas. Mientras que algunos de los problemas del modelo concentrado se suelen decir que son los siguientes: la sobrecarga de trabajo derivada de la concentración y su impacto en la eficiencia y calidad de la justicia impartida, la politización del órgano, entre otros. Dichos problemas pueden paliarse o resolverse a través de distintas opciones de diseño institucional y procesal.
    A pesar de lo antes dicho, en mi opinión el sistema de control constitucional concentrado en un Tribunal único sería la mejor opción para incorporar en Argentina, ya que seria un órgano de control constitucional independiente de los otros poderes, especializado y brindaría un control mas efectivo a efectos que la norma cuestionada puede ser retirada del ordenamiento jurídico previa pronunciación del órgano colegiado teniendo efectos generales.

  14. Alvaro Pateiro

    Nombre: Álvaro Pateiro Com.6 : Teoría Constitucional
    Ensayo de opinión: El control de constitucionalidad en la Argentina
    Como ya sabemos, la supremacía constitucional no sería efectiva sin su debido control. Como hemos visto en clase existen diferentes formas de llevarlo a cabo y a continuación explicare mi postura respecto del existente hoy en día en Argentina, y lo que a mi entender debería de hacerse para “mejorarlo”.
    El sistema argentino, con precedencia y procedencia de EEUU, es el de un control difuso donde no hay una Magistratura especializada en esta actividad, sino que en cambio los jueces (todos ellos) son capaces de en cualquier grado y materia (respecto a la constitución obviamente) decretar la Inconstitucionalidad o Constitucionalidad, teniendo efecto Inter-partes, es decir, que la declaración de inconstitucionalidad surte efectos en ese caso concreto, y no se establece en forma general para los casos futuros. Sumado a esto, los fallos judiciales de la corte y demás instancias han dejado muy claro la posibilidad de declarar “de oficio” la constitucionalidad de ciertos casos, sin que haya una parte interesada.
    El problema con esta forma de control gira en torno a la crítica que suele hacerse al Poder Judicial respecto de la no representatividad que tienen por no ser directamente elegidos por el pueblo a diferencia del Poder Legislativo, en otras palabras hablamos del carácter contramayoritario . A esta crítica se le responde que eso no importa o no es de gran valor, debido a que lo único que hacen los jueces es verificar si, está el caso contrario o no al texto supremo, tomando así ninguna decisión fundamental la cual si o si debería ser comunicada o elegida por el pueblo.
    La segunda falla que podemos encontrar en esta forma de control, es que puede dar lugar a falta de seguridad jurídica, producto de que luego de casos representativos, de gran influencia mediática o de gran impacto en la sociedad, se puede instalar una idea errónea respecto del tema en cuestión, o, al menos, desatar una gran confusión. Un claro ejemplo de esta situación podemos encontrarlo en fallos respecto de la tenencia de estupefacientes (en concreto la tenencia de marihuana) para consumo personal: luego del fallo Arriola en el año 2009 (teniendo como antecedente el fallo Bazterrica de 1986) surgió una gran confusión en un conjunto social, respecto de la significancia de este fallo como “modificación de la ley de estupefacientes” o “legalización del consumo”, lo cual, si bien como un más reciente lead case marcó una tendencia respecto de este tema, no implicó una modificación efectiva de la legislación al respecto (a pesar de nuevos proyectos de reforma), habiendo gente que piensa que se ha legalizado el consumo, y otra que cree que no, por lo que ante la falta de aclaración por parte de medios masivos de comunicación, no es de conocimiento general la realidad de esta cuestión. Ante esta situación, el consumidor puede verse confundido entre lo que la ley dice y lo que los jueces fallan, lo que puede implicarle complicaciones derivadas de su actividad de consumo. Más allá de esto, destacamos que el fallo de la corte no implica que la policía deje o siga deteniendo por tenencia y que la cuestión se siga judicializando.
    Como último problema que le podemos adjudicar a esta forma de control es que si el Poder Judicial controla al Poder Legislativo y al Ejecutivo, ¿quién es el encargado de controlar al Poder Judicial?
    La otra forma de control como ya sabemos es el control concentrado. En esta forma de controlar, encontramos una magistratura especializada o una especie de tribunal constitucional. La cuestión tiene su origen en Europa con Kelsen (Austria) donde el control propiamente dicho lo ejercía un órgano exclusivo (único e independiente) destinado solamente al control de la supremacía respecto de la norma fundamental. Las decisiones tomadas por este órgano son a mayor escala dado que tienen un efecto “erga omnes”, un claro ejemplo sería una ley contraria al texto supremo, llegado a este caso, la misma se derogaría o en su caso modificaría.
    En mi opinión la forma más eficiente sería la segunda que nombramos dada la importancia de tener una magistratura especializada, sumado a la conveniencia de tener un órgano aparte del resto de los poderes afianzando o profundizando la independencia, asegurando así la forma Republicana y su división horizontal del poder.
    Como contrapartida a mi pensamiento, podemos decir que si se intentara instalar una especie de tribunal constitucional en nuestro país habría varias cosas que deberían preverse antes de hacerlo dado que puede tener los siguientes inconvenientes:
    1- Por un lado está la postura que dice lo siguiente: “para que cambiar el control vigente si de esta manera funciona correctamente”.
    2- Por otro lado, se le critica a esta idea que no se deben realizar plagios; injertos; fracasos, constitucionales como en la reforma de 1994. Es decir, no importar cosas de otros sistemas si no tenemos la correcta forma de llevarlo a cabo luego.
    Ej.: No se terminó con el “híper-presidencialismo”.
    3- Por último, y en mi opinión donde se encuentra el Punto Clave del asunto, existe el riesgo de que el órgano que se intente imponer sea politizado y responda al gobierno de turno. Aquí es donde debemos parar y pensar seriamente como haríamos para evitar que esto sucediese si fuera llevada a cabo la instauración de alguna especie de tribunal constitucional.
    Hasta el momento exprese cuales son en mi opinión las ventajas e inconvenientes que traería aparejada la instauración de un tribunal único de control constitucional en la República Argentina, siendo este un análisis básico de una cuestión por demás compleja.

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