Analizar las siguientes opiniones, tomar partido por alguna y formular una valoración crítica a la postura adversa:

CASO SAL LARI:
1) “El jury no afecta la imparcialidad del magistrado, porque sus sentencias van en contra de los reclamos sociales de seguridad, son excesivamente garantistas y la destitución servirá de ejemplo para que estos casos no se repitan”.
2) “el jury ha sido usado para alentar posiciones inconstitucionales, restrictivas de derechos y contrarrestar decisiones judiciales que los denunciantes no comparten; de tal manera, se asiste a una persecución política-ideológica que pone en tela de juicio a la Constitución y a la garantía de independencia del Poder Judicial”.

CASO PIOMBO – SAL LLARGUÉS
1) “Los jueces deben ser llevados a juicio político porque su sentencia es arbitraria y presenta tintes clasistas, sexistas y discriminatorios respecto de determinados sectores de la sociedad”.
2) “La actuación de los magistrados no es objetable porque fundamentaron debidamente su decisión en parámetros legales; el juicio político procuraría coaccionar al poder judicial para que atienda los reclamos sociales de ‘mano dura’”.

caso Sal Lari

Causa Nº 18.560

ATENCIÓN (05/05/2011): abajo se agrega una carta abierta enviada por el dr. Daniel Alberto Sabsay al dr. Piombo con motivo del caso que nos interesa.

DICTAMEN_..(2)

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  2. Mattera Di Vincenzo, Karla - Comision 04.

    CASO SAL LARI,

    Estoy de acuerdo con la opción 2.
    Frequentemente se intenta condicionar al sistema desde diferentes estratos y en realidad esta forma innecesaria de querer adaptar la ley a la conveniencia de los sujetos involucrados en un hecho, tanto de los procesados como de las víctimas del mismo, interfiere potencialmente con las garantías constitucionales de alguna de las personas que han sido afectadas por el evento en cuestión y en general de la misma sociedad en si.
    Teniendo en cuenta la gran peligrosidad que han tomano los actos delictivos, y siendo tan frecuentes los mismos con una gran carga de violencia y falta de humanidad, podriamos decir que determinadas acciones o posturas impiden la aplicación correcta de las leyes que devieran regular dichos casos.
    Es posible observar actuaciones de jueces, que aún teniendo como respaldo a la ley, toman decisiones que no coinciden con las necesidades actuales de la población en materia de seguridad, lo cual hace ver al sistema judicial como un regimen primitivo con una alta necesidad de resolución de cuestiones para las cuales ha sido creado, pero que en su aplicación encuentra una falla recurrente en algunos de sus magistrados. Por ello, es necesario que determinadas acciones de los jueces sean revisadas y eventualmente algunas de ellas sean llevadas a juicio político, porque es imprescindible lograr un cumplimiento adecuado de la normativa, además de mantener una conducta recta y correcta. También podemos encontrar, cantidad de casos donde los mismos jueces son caratulados de incumplir la ley porque sus fallos no se ajustan a la medida del grupo social involucrado en el mismo, asi como también, encontramos que otras resoluciones son duramente criticadas por no ser apoyadas o no estar de acuerdo con la imágen que pretende representar algun poder político. Pero lo verdaderamente cierto es que la ley debe cumplirse y debiera ser respetada por el conjunto de la sociedad toda para asi lograr una aplicación cierta y ajustada a la realidad y eso se logra de la mano de las desiciones de los que están representando a la ley sin condicionamiento alguno.
    En este caso en particular del Dr. Rafael Sal Lari, considero que si bien el magistrado ordenó el libramiento del oficio comunicando la libertad de Gonzalez a la dependencia policial, no corroboró que dicha libertad se haya hecho efectiva. Evidentemente alli se pudo haber producido un incuplimiento de funciones según la Ley de 13661 (Ley de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios), articulo 21 incisos “d” y “e”, los cuales expresan:
    d)Incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones.
    e)El incumplimiento de los deberes inherentes al cargo.
    Pero considerando que la Suprema Corte de Justicia “sancionó administrativamente a la secretaria del Juzgado de Garantías nº 3, con quince días de suspensión, luego de verificar que Sal Lari había firmado el auto de soltura el mismo día que lo dispuso la Cámara”, y ella fue la responsable de la demora; creo que esta sanción marca la responsabilidad del acto, aunque también cosidero que es inadecuada por ser que una persona estuvo detenida 7 meses debido a su ineficiencia. En consecuencia de ello, el juez Sal Lari no debiera estar siendo juzgado por el jury.

    CASO PIOMBO – SAL LLARGUÉS
    Estoy de acuerdo con la opción 1.
    Este fallo afecta las garantias de las dos chicas abusadas. En primer lugar considero que hay una desestimación a la protección de las personas de bajos recursos y un desinteres en la aplicación del principio de igualdad. El momento de iniciación sexual con o sin consentimiento de los adultos a cargo no es un atenuante para el hecho que debe juzgarse por la gravedad del hecho en si. En este caso las víctimas no solo fueron violentadas psicológicamente sino tambien físicamente por una persona que abuso de su condición de “pastor” induciendolas a tener sexo para que naciera un bebe que iba a ser ofrendado al espiritu santo y asi ellas se convertirian en elegidas del señor. Un hecho aberrante en el cual se deviera proteger a las menores, de un sujeto que no solo resulta ser un fraude para la porción de sociedad que seguia su guia, sino que él mismo habia formado una organización para este fin. Asi mismo, considero que dada las características del caso, la edad de las víctimas, las condiciones del medio en el que se produzco y aunque las menores asintieran sabiendo de que se trataba el hecho en sí, no eran lo suficientemente maduras como para tener noción de lo que verdaderamente el sujeto pretendía de ellas, contando además conque a esa edad y siguiendo una religión, este hombre las embauco a su antojo, obviamente ayudado también por la diferencia de edad y la complicidad de los/las personas que lo secundaban. Una mente involucrando con un trabajo constante otras mentes que ayudaran a su propio fin. En realidad tampoco creo que para minimizar el acto se afirme que los perjuicios de orden psicológicos son superables con el afecto real y con la debida asistencia profesional. Este tipo de suceso en niñas a las que se les hizo creer alguna situación engañosa y a raiz de ella además fueron madres a esa corta edad no es un hecho que se deba tomar tan a la ligera, no solo perjudica su integridad sino que condiciona su futuro en una forma cruel y amenaza el derecho a la vida tanto de las víctimas como de los futuros hijos que llevan en sus vientres, dado que la naturaleza de cada persona ante determinadas circunstanciancias reacciona de maneras inimaginables. Es importante tener muy claro también que una pena irrisoria con las características de lo expresado en el texto, podria peligrosamente sentar jurisprudencia para el futuro. Aunque, tantos casos hay, tanta letra hay para buscar justificaciones a actos como este o cualquier otro que se presente y justificada la acción de una u otra forma, puede acontecer que las garantias de las víctimas a tener un juicio justo con una pena correcta, se transforme en las garantias de un violador en cubierto en tener una pena mínima por tener armado un escenario que luego es apoyado por el precedente que fijo algun otro caso similar, podemos estar de acuerdo o no pero puede acontecer.

  3. Duarte, Lucía Florencia

    Duarte, Lucía Florencia.
    Comisión 5.
    33788607

    CASO JUEZ SAL LARI – Adhiero a la postura Nº 1.

    En primer lugar quisiera empezar a fundamentar mi opinión desde la una mirada puramente personal, desde el punto de vista que mi moral y ética me marcan y del cual no quiero alejarme. Es así que considero atroces y desde ya, desleales las acciones que realizado el Dr. Sal Lari, porque atenta contra la sociedad toda, contra lo que se quiere y contra lo que se lucha, por sobre todas las cosas. En tiempos donde la delincuencia es la cotidiana pero no por eso triste y fatal crónica de todos los días, donde la noticia de un nuevo asesino parece no asombrarnos, acostumbrados a los reincidentes casos, me resulta inadmisible cualquier accionar que tienda a favorecer esos flagelos; eso no es otra cosa sino que una burla, que no debemos permitir.
    Por otro lado, y para intentar darle un argumento más formal a mi posición, diré que si existen órganos encargados del control de los funcionarios, entonces estamos diciendo (y no tan indirectamente), que éstos son susceptibles de errores y equivocaciones que deben ser atendidos por alguien para salvaguardar un valor primario, como es el de la justicia. Ese órgano es el Jurado de Enjuiciamiento, a quien la Constitución Nacional en sus arts. 53 y 115 le marca directivas claras; las causales de remoción son: 1) mal desempeño; 2) delito en el ejercicio de sus funciones; 3) Crímenes comunes.
    Si es nuestro reclamo, y si buscamos justicia, no tenemos otra cosa sino, que mirar la Constitución que nos ampara, fundamenta y legitima.

    CASO PIOMBIO – SAL LLARGUÉS. Adhiero a la a postura Nª1.

    Es claro que este caso la actitud de los jueces no es la esperable, por quienes, como yo, avalan y defienden una justicia para todos.
    Argumentar cuestiones tales como que pudo existir “error en las menores respecto de las virtudes bíblicas del Sr. Ävalos, pero no hubo error en el vicio de la voluntad” (Causa nº18.560. “Ävalos, Francisco s/ recurso de casación”, pág. 4)de las mismas, ya que ellas buscaban un hijo con el imputado; es avalar el abuso desde alguna perspectiva, es buscar e inventar vanas explicaciones a cuestiones que requieren de una rápida ejecución.
    Discriminación y posición sexista es desde ya lo visible, pero no debemos olvidar que aunque existan cuestiones que ellos puedan fundar con artículos legales, hay un espíritu en la Constitución Nacional, que no puede trasgredir ningún tribunal, y ese espíritu y valor primordial, desde ya que no es el de argumentar, fundamentar y avalar bajo ningún caso, el abuso sexual o de cualquier tipo, a cualquier habitante que la Ley Suprema ampara.

  4. Walter Chandia - comisión 6

    Caso Piombo – Sal Llargués
    Adhiero postura nº 1
    En este caso, a mi entender, es notorio el tinte “clasista” del fallo. Una vez leído, y a mí criterio este fallo, no se condice en nada con lo que dicta la Constitución Nacional cuando dice “que todos los habitantes son iguales ante la ley”. Acaso para este Juez el acusado de abuso sexual agravado por ser un ministro de culto (pastor) ve morigerada su pena de primera instancia, porque sus víctimas por el hecho de ser mujeres menores de edad de “baja condición sociocultural” y por ende permeables al “hechizo” del pastor se convierten implícitamente en el objeto de acusación de la sentencia.
    Este fallo debería ser declarado inconstitucional, por el principio constitucional antes mencionado y los jueces llevados a juicio político.
    Mi valoración crítica a la otra postura, es aun persisten posturas radicales entre el derecho natural y el derecho positivo, a mi parecer se debería llegar a un punto en común entre estas dos corrientes del pensamiento jurídico. Los jueces se deben regir conforme al derecho, pero también en algunos casos sensibles como este, y sin que se vulnere ninguna regla jurídica, se deben ajustar a normas éticas de igualdad ante la ley.

  5. Walter Chandia - comisión 6

    Caso Sal Lari – adhiero postura nº 2
    Después de analizar las distintas fuentes de información periodísticas con respecto a este caso, he llegado a la conclusión de que existen en distintos sectores de nuestra sociedad grupos con distintos objetivos y pareceres con respecto al funcionamiento de impartir justicia, a saber, tanto desde algunos medios de prensa que enarbolando la bandera de mano dura y de fallos ejemplificadores y de impacto en la opinión pública, hasta organizaciones creadas desde el profundo dolor que provoca la pérdida de un ser querido, adoptan una postura convirtiéndose en una especie de fuerza de choque mediático contra el sistema judicial argentino; que podrá ser bueno o malo, con aciertos y errores, y hasta a veces condescendiente con el poder de turno, pero en definitiva es el poder judicial que tenemos en nuestro estado de derecho que tanto nos ha costado conseguir y mantener através de la historia institucional de nuestro país.
    En mí opinión creo con respecto a este caso, que existieron varios errores que son comunes, lamentablemente, en el proceso y posterior sentencia. Nuestro actual sistema judicial esta colapsado por falta de recursos e infraestructura, situación esta que motiva estos errores (u horrores) en la comunicación de las distintas etapas de un proceso judicial. Lo lamentable que es que estas situaciones perjudican de manera directa a las personas, estén involucradas o no en el proceso al que se hace referencia. En la Argentina actual no debe ser fácil ser Juez, por que pienso que constantemente esta en el ojo de cualquier tormenta, y más aún cuando tiene que resolver conforme a derecho alguna situación por demás sensible al interés de la sociedad. Es deber de todos los protagonistas (legisladores, jueces, políticos, abogados, etc.) y de la sociedad en su conjunto llegar a un entendimiento en el armado de un sistema judicial independiente, ágil, y eficiente en la impartición de justicia.
    Con respecto a la valoración crítica de la otra postura, no tengo mucho más que decir. Algunos viejos maestros del periodismo nos han dicho que existe la diferencia entre la “opinión pública” y la “opinión publicada”.

  6. Gisela Umpierrez

    Gisela Umpierrez
    Comisión 5
    DNI 35801525

    Caso SAL LARI
    Crítica adversa a la posición número 1, adhiero a la posición número 2

    En este caso la desición de culpar directamente al juez es un perjuicio que no logra analizar el resto de las partes del caso.
    Este error es debido a la negligencia en general, pero, de todos modos es el poder judicial el que debe determinar la sanción que se aplicase a los implicados en esta causa.
    Los procesos judiciales deben ser equitativos para todos, siendo obrados bajo la constitución.

    Caso PIOMBO – SAL LLARGUES

    Mi crítica acerca de este caso toma en cuenta factores de las dos posiciones

    Este caso da mucho que hablar. Considero que no hay razón de llevar a los jueces a juicio político por este fallo. La sentencia fue dictada en base a la justicia.
    Creo que es un error tildar a los jueces de sexistas, en principio, porque las relaciones sexuales que mantuvieron las dos jóvenes con Ávalos fueron consentidas por ambas.
    En torno a lo discriminatorio, estoy de acuerdo en que no es válido juzgar por clases sociales, ya que según el artículo 16 de la constitución nacional, somos todos iguales ante la ley, y no creo que pertenecer a una clase u otra deba cambiar una sentencia.

  7. yanina roncali

    35.520.971 comision 4
    yanina roncali

  8. yanina roncali

    Caso Piombo . Sal Llargues
    Adopto la postura numero 1, considero correcto que ambos jueces sean sometidos a juicio político. las decisiones establecidas son claramente discriminatorios, son basadas en la desigualdad social y violan las derechos constitucionales como en lo establecido en la constitución nacional art 16 “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley”. esto genera que le quite validez el delito cometido por el imputado reduciendole la causa a solo 9 años.
    “entiende que no existió fuerza, ni intimidación, ni amenazas ni oposición de parte de los menores y que tampoco se trato de menores de 13 años” se entiende que aunque no hubo violencia, ni intimidación, si existió aprovechamiento por parte del imputado en las victimas para que ellas accedieran, siendo sometidas a sus engaños

    Caso Sal lari:
    mi postura es la numero 2
    considero que el juez Sal lari no ha sido juzgado correctamente. A mi entender las funciones de los jueces son la de dictar sentencia conforme a la ley, actuar imparcialmente e interpretar las normas y por tal creo que el juez ha actuado conforme a la misma que todos los jueces utilizan.
    no considero que declaren al juez garantista por haber dictado sentencia y establecer conforme a lo establecido en la ley

  9. Ana Laura Rodriguez

    Mi postura personal es la opinion numero dos en el caso de Sal Lari. Creo que la persecución mediática que se ha hecho al Juez Sal Lari atenta contra este sistema republicano, donde garantiza la igualdad de todos los hombres y donde el gobierno es agente del pueblo y responsable de su administracion. Ademas considero que afecta la independencia delsistema judicial. El juez al fallar debe ser dentro de los parameros del orden juridico y denemos aceptarlo aunque nos parezca injusto.
    Considero que hay que mencionar el labor de los medios de comunicacion, que es encargado de formar opiniones y transmitirlas a la sociedad y en este caso han sido el autor de la persecucion a este juez.
    La solucion en este caso, en muchos otros de la principal problematica en nuestra Republica Argentina es la inseguridad que nos afecta cada vez mas. Donde es parte de todos en esta democracia de ser parte y cooperar entre nosotros.

    Respecto al Caso Piombo- Sal Llargues, adopto la postura numero 1 porque creo que el fallo contiene opiniones subjetivas que realmente me averguenzan, terminos discriminativos a las clases sociales, violando derechos cuando en realidad se debe juzgar la gravedad del delito.
    Lamentablemente vivimos en una sociedad donde se excluye constantemente a la clase baja de la sociedad sin juzgar a las personas que intentan progresar y las desigualdades sociales han hecho que juzguemos su condicion humana.
    Considero justo que ambos jueces sean sometidos a juicio polítco por estas cuestiones, ya que la ley debería de ser igual para todos, sin distinción de clases sociales, ni edad.

    Ana Laura Rodriguez
    Com. 6
    DNI: 37028611

  10. Florencia Godoy

    •Si las normas son creadas en sí para regular a las personas en sociedad y al aplicarlas no resultan efectivas para ello, es decir no cumplen con este objetivo, ¿dejarlas de lado es la solución?. Si nuestra respuesta es sí, deberíamos tener en cuenta lo que ello implica, y no es nada más ni nada menos que el incumplimiento de la propia Constitución Nacional,lo que significaría un acto inconstitucional, que a nada bueno conduciría.Esto traería aparejado una serie de problemas que pondría en riesgo nuestro sistema constitucional; ya que se estaría avalando a una actitud social transgresora.Que justamente esto es lo que tiene que ver con el segundo argumento del caso Sal Lari.
    Ahora bien, por otro lado también deberíamos preguntarnos si los jueces sólo deberían remitirse a las normas a la hora de dar sentencias o si también debería considerar otros aspectos a tener en cuenta, tales como los reclamos sociales,entonces considerando lo expuesto¿puede el juez realizar una labor efectiva y objetiva conforme a la ley ?¿se le puede exigir al juez que atienda a los reclamos sociales al dictar sentencia?
    Bien, es claro que el juez tiene que remitirse a su trabajo, el cual es actuar conforme a lo que la ley disponga a fin de garantizar de esta manera los derechos y garantías sociales.
    Pero por otro lado, no se puede dejar a un lado la realidad social, y acá es donde creo yo a mi entender se encuentra el problema a tratar.Los constantes reclamos sociales se han convertido en una realidad innegable.Es necesario hacer una salvedad en esto, ya que la sociedad es la creadora de la dinámica legislativa.
    Pero bien el problema se centra en que lamentablemente los reclamos sociales muchas veces se encuentran influenciados por los medios de comunicación y /o contaminados por factores de poder o simples oportunistas que trabajan detrás de dichos reclamos que quizá se hayan sustentos de una verdadera legitimidad pero que terminan convirtiéndose en causales para beneficio de estos, como resultado se genera así, un fuerte sentimiento apático extremista para con las leyes y sus jueces, algo irrazonable y poco concordante con lo que dispone nuestra Carta Magna.
    En conclusión, considero que es a la hora de legislar cuando se debería atender a todos estas cuestiones mencionadas, es en esta instancia donde se debería llevar a la práctica todos estos aspectos para así crear leyes más equitativas y justas, y no en las sentencias(poder judicial); ya que no hay que olvidar que se estaría creando jurisprudencia.
    Por eso es que abogo por la segunda postura en cuanto al “caso Sal Lari” ya que a mi entender a la larga resulta menos lesivo para la sociedad por todo lo expuesto anteriormente.

    •En el caso “Piombo/Sal Llargués”,considero que habría que analizarlo muy cuidadosamente por partes, particularmente me ocurre que estoy parcialmente de acuerdo con algunos puntos dados en el caso y con otros no.
    Remitiendome a la primera postura de dicho caso, estoy de acuerdo con que los jueces deben ser llevados a juicio político,sí así se lo considera, ya que sí las leyes estan para cumplirlas y este es un recurso que otorga la ley misma y en donde la sociedad puede involucrarse de una forma indirecta, por qué no he de ser utilizado, si en definitiva el juez ha obrado conforme a ley no habrá problemas para este mismo.
    Introduciendome al caso en cuestión,creo que sobre todo lo que expusieron los jueces entra en juego el modo de “interpretación” de las leyes, creo que es ahí en dónde discrepo más alla de las cuestiones legales.Si bien se fundaron en argumentos legales, el problema esta dado en cómo ha sido interpretada las normas dentro del caso.Los jueces se han fundado en razonamientos tales como en conceptos de términos, y escalas de valores de los derechos que la constitucion nos brinda según su interpretar.También han expresado frases como “Lo hecho por el encartado, tener relaciones con mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas; que, además, poseían experiencia sexual..”,si tenemos que ir a lo legal, a la constitución como el juez ha mencionado a lo largo del caso (que es como es de ser),también podemos decir que la ley es igual para todos, sea de una clase social alta, media, o baja.Además considero que el hecho de que las víctimas ya poseían experiencia sexual no por eso se permitirá bajo ningún concepto minimizar tal acto como es el de una violación,porque debo preguntarme si el acto de violación solo se puede reducir a “violación sexual” o si cabría considerarse el tipo de “violación moral”, por esto es que creo que se omitieron varias cuestiones a tener en cuenta a la hora de revalorar un hecho.
    En este caso en particular jugó mucho el modo de interpratar de los jueces.
    Desde mi punto de vista es muy importante el rol del intérprete, que en este caso ocupó el juez,pues este determinará la resolución de un caso dado.
    Finalizando, personalmente no estoy de acuerdo con los grises porque implican falta de compromiso,y no brindan solución alguna, es por eso que con todo lo expuesto voy a optar por la primera postura.

  11. Llanos Agustin

    Caso Piombo-Sal Llargues. Postura adoptada: 2

    Confieso que me costo en demasia adoptar tal posicion, ya que una simple lectura del fallo me produjo una sensacion discriminacion respecto de la dura realidad que viven algunos argentinos, que es propiciada por otros que no padecen las mismas situaciones economicas.
    Pero en una segunda, e incluso tercera lecura, y aun sin tener pleno conocimiento de las normas penales, incline mi postura considerando no objetable tal decision, por encontrarse la misma en parametros legales y sociales que, aunque a veces duelan, son validos.
    En cuanto a la sociedad que pugna por una mayor “mano dura”, entiendo muchas veces su dolor, pero no me parece correcto avasallar al Poder Judicial para que continuamente acate nuestros reclamos.
    Lo que debemos hacer, como ciudadanos, es tomar mayor actividad en los espacios democraticos que hoy tenemos, luego de tantas aberraciones, y propiciar un mejor ordenamiento juridico para que apliquen los jueces (ya que interpretar y aplicar es su principal funcion), y sin dudas debemos ofrecer una mejor solidaridad para nuestros connacionales de clases bajas, ya sea con educacion, cultura, etc; para insertarlos de un mejor modo en este pais que nos pertenece a todos.
    Debo resaltar, ademas, que no se absolvio totalmente al Sr. Francisco Domingo Avalos, sino que le redujeron su pena dentro del marco del ordenamiento juridico vigente.
    La critica aqui, no debe versar siempre contra los jueces, sino mirar hacia dentro y verificar que haemos nosotros con nuestros vecinos, y en este año electoral propongo que no votemos solo caras visibles ni clientelistas, sino proyectos serios que tiendan a una Argentina mas igualitaria.

    Llanos Agustin. Comision numero 6.

  12. Llanos Agustin

    Caso Sal Lari. Postura adopada: 2

    Manifiesto, de acuerdo a lo que he leido en las fuentes sugeridas de consulta, que existe, contra el titular del Juzgado de Garantias numero 3 de San Isidro, Dr. Rafael Sal Lari, una persecucion politica-ideologica que pone en tela de juicio a la garantia de independencia del Poder Judicial.
    Sostengo dicha opinion basandome en que de once cargos presentados contra el magistrado, la comision Bicameral promovio la acusacion por solo cinco hechos, de los cuales el unico aceptado por el jury fue el de la demora en la liberacion del prisionero Gonzalez que, ademas, fue un error de la secretaria del juzgado y no del propio juez.
    Debo destacar aqui que la Procuradora General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Maria del Carmen Falbo, no acuso ninguno de los hechos, alegando que el juez Sal Lari se aboco correctamente a las normas procesales y a las disposiciones de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
    Ahora me pregunto cuales son los argumentos de los que sostienen el jury, sera acaso que son los jueces quienes deberian concurrir a las carceles y comisarias para verificar el cumplimiento de sus ordenes… Ademas, quienes piden la destitucion del magistrado han iniciado numerosas causas tildandolo de garantista, y la unica que ha prosperado versa lo contrario, es decir, aquella en la que se demoro la liberacion de un prisionero que, como bien dije no ha sido culpa del juez, sino de la secretaria del juzgado, a quien la Suprema Corte provincial sanciono con quince dias de suspension por no haber controlado que la policia cumpliera tal orden de liberacion, dictada por Sal Lari.
    Finalizo mi opinion diciendo que si los jueces fallan conforme a derecho, la sociedad no debe objetarlos, y si en cambio, recriminar a quienes utilizan el dolor ajeno como impulso politico.

    Llanos Agustin. Comision numero 6.

  13. Ezequiel, Zampatti com6

    CASO PIOMBO – SAL LLARGUÉS:

    Para iniciar mi opinión con respecto a este tema, voy a aclarar que voy a tomar la postura número 1.
    Como pude demostrar en la opinión anterior, con el caso Sal Lari, al ver este fallo ratifica claramente lo mencionado anteriormente con respecto al concepto de “justicia”.
    Estoy totalmente de acuerdo un 100% con lo expuesto en la primera postura:“Los jueces deben ser llevados a juicio político porque su sentencia es arbitraria y presenta tintes clasistas, sexistas y discriminatorios respecto de determinados sectores de la sociedad”. mi conclusión con respecto al tema lo quisiera dividir en varias partes: primero respecto a que los jueces deben ser llamados a juicios políticos porque sus sentencias son arbitrarias; y segundo, que presente tintes clasistas, sexistas y discriminatorios respecto a determinados sectores de la sociedad.
    Con respecto a la primera: me parece una muy buena manera de poner un freno a aquellos jueces que no respetan totalmente la ley ya que en estos casos se los sacaría de sus puestos. Pero antes me parecería correcto que antes de nombrar a una persona como JUEZ, me parecería correcto que vean como es él a la hora de respetar las leyes o si realmente es de aplicarlas, porque sino no se explica como una persona es nombrado juez y no cumpla las leyes y para colmo da una sentencia arbitraria cuando como todos sabemos eso es inconstitucional ya que es una de nuestras garantías que tenemos los ciudadanos de ir a la justicia para resolver un conflicto y que el juez sea imparcial.
    Con respecto a la segunda: no solamente es inmoral lo que el juez dijo, sino que también es inconstitucional ya que como dice la Constitución” todos somos iguales ante la ley” . Lo que hizo Piombo es discriminar a las clases bajas diciendo que las chicas de clases bajar a esa edad ya han tenido relaciones sexuales no viendo el juez que el acusado VIOLÓ! a una chica que para sumarle es menor de edad, con todos los daños psicológicos que lleva esto que en muchísimos casos son irreparables. La gente pide JUSTICIA!

  14. Ezequiel, Zampatti com6

    Caso Sal Lari:

    Para iniciar mi opinion con respecto al caso Sal Lari, debo informar que yo estoy de acuerdo con respecto a la postura número 2.
    Lamentablemente hoy en día si se prende una televisión o una radio, o también si leemos cualquier diario, podemos ver claramente que constantemente hay reclamos de ” justicia “, aclaro que el termino JUSTICIA lo puse entre comillas porque lamentablemente hoy por lo menos yo, ya no se que significa. Acá pude observar dos cosas las cuales me llamo la atención, primero que un juez desautorizara la orden de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y la segunda, producto de la primera, leer lo que produjo esta desautorización que termino con la muerte de otra persona inocente. yo ante este suceso me pregunto..¿ a eso lo llamamos justicia?cualquier persona con solamente ver un poquito los noticieros o leer los diarios a mi entender se puede cuestionar q concepto tenemos que tener los Argentinos de esa palabra que para muchos en este país no tiene significado. Seguramente más de una vez alguien habrá escuchado de otra persona decir la famosa frase ” las leyes están hechas para los ladrones” y la realidad que es así cuando uno ve el resultado de las sentencias de los jueces. ¿cómo un juez puede seguir en su cargo cuando lo tildaron de garantista? ¿no es su función dictar sentencia de acuerdo a la ley siendo IMPARCIAL? son preguntas que se hace la gente y que a la vez pocos podemos contestar correctamente al ver las resoluciones judiciales. En la Argentina los ladrones andan en las calles y siguen robando y matando gente como si fuera algo legal. La pregunta que me hago yo es ¿HASTA CUANDO?..
    Para concluir con este caso creo que lo que le tiene que hacer este país es cambiar las leyes, y si no es posible eso.. poner a jueces que realmente las respeten y no que sean garantistas como es el caso de este juez.

  15. Stefanía Vanucci

    CASO SAL LARI:
    En este caso adhiero a la posición 2 “el jury ha sido usado para alentar posiciones inconstitucionales, restrictivas de derechos y contrarrestar decisiones judiciales que los denunciantes no comparten; de tal manera, se asiste a una persecución política-ideológica que pone en tela de juicio a la Constitución y a la garantía de independencia del Poder Judicial”.
    Todos sabemos que los deberes de los jueces son, dictar sentencia conforme al derecho, ser imparciales, que su interpretación debe ser hecha en un marco legal, entre otros… lo que pude observar de artículos y notas que estuve leyendo en diarios judiciales y otras fuentes es, a mi parecer, que no podemos tildar a un juez de garantista cuando éste a fallado conforme a las leyes que rigen en nuestro país. También leí que el proceso de remoción contra el juez representaría un grave riesgo para la independencia judicial en la provincia de Buenos Aires y concuerdo con ello.
    Por otro lado, como tema de conclusión, creo que destituyendo a un juez que funda sus sentencias en el derecho vigente, no servirá de ejemplo para que las situaciones varíen, salvo que las leyes cambien y se encuentre la forma de conformar a los reclamos sociales que hoy existen.

    CASO PIOMBO – SAL LLARGUÉS
    La postura que adopto es la 1
    1) “Los jueces deben ser llevados a juicio político porque su sentencia es arbitraria y presenta tintes clasistas, sexistas y discriminatorios respecto de determinados sectores de la sociedad”.
    Cuando en la sentencia dice “tener relaciones con mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas” yo me pregunto, ¿podemos incluir a toda la gente de estrato social de una misma forma? ¿A caso en los estratos sociales mas humildes no vive gente decente, trabajadora y que por las situaciones económicas y desigualitarias que sufre nuestro país no tuvieron otra opción que terminar viviendo en tales condiciones? ¿O siendo sinceros con uno mismo no creemos que mucho rico, o persona de estrato social alto, vive de tal forma aprovechándose y abusando de gente que pertenece a los estratos más humildes? Es real que hoy los niños ya sean de una situación social alta o baja viven mas apresuradamente su infancia y establecen vinculo sexual antes de lo socialmente establecido. Esto que acabo de decir no justifica no haya existido por parte del pastor Avalos Francisco, quien en su condición de ministro de un culto un lavado de cerebro hacia las menores donde las incitó a tener relaciones sexuales con él con la excusa de que estaba cerca el fin del mundo, y que ellas se salvarían porque eran las elegidas por Dios para encarnar figuras bíblicas. Cuando en la resolución se agrega “(…) que tampoco hubo intimidación por parte del imputado, quien no ha realizado ningún tipo de amenazas sobre los bienes jurídicos de las damnificadas, quienes además no han opuesto ningún tipo de resistencia al acto sexual (…)” no es, ¿penetrar psicológicamente a un menor haciéndole creer que algo no tiene otra solución mas que la que el pastor planteaba no es impedir la voluntad y libertad del mismo? Con todo esto estaríamos violando el principio de igualdad ante la ley, establecido en el art. 16 de la Constitución Nacional.
    Concluyendo opino que no solo las menores fueron victimas de abuso sino que también sufrieron una discriminación por su clase social en la resolución de los magistrados. Es indignante para cualquier ser humano, leer esta sentencia sabiendo que existe gente que tiene el “don” de persuadir con las palabras justas a personas ingenuas. Por eso sostengo que los jueces que dictaron esto deberían ser llevados a juicio político.
    Stefanía Vanucci
    D.N.I : 35.621.014
    Com: 5

  16. Bárbara Carolina D'Alessandro com 4

    CASO SAL LARI, A FAVOR DE LA OPCIÓN 2

    En el caso de Sal Lari, los propios fundamentos que se han utilizado para llevar a cabo el jury, en el mismo proceso se han ido cayendo por la falta de peso jurídico, quedando reducidos al cargo de mal desempeño de sus funciones en el marco de la causa seguida a Jorge Luis Gonzalez, en la que se atribuye al Juez, no haber hecho efectiva la orden de liberación impartida por la Cámara de Apelación, al momento de revocar la prisión preventiva. Lo cierto es que el auto de soltura fue firmado, es decir, se lo confeccionó y despachó a la seccional. Sin embargo, el imputado fue liberado recién siete meses después. Tal accionar, le compete a la Secretaria del Juzgado quien es la responsable de controlar el accionar policial.
    Además, no concuerdo con las presiones mediáticas y sociales, las que exigen sentencias de mano dura que lo único que generan es engendrar más violencia, contraria a las verdaderas transformaciones sociales. A la vez, la independencia del Poder Judicial esta siendo violada por aquellos que defienden los mezquinos intereses políticos e ideológicos que tanto mal le han hecho a nuestro país.

    CASO PIOMBO – SAL LLARGUÉS A FAVOR DE LA OPCIÓN 1

    En el caso Piombo – Sal Llargués, los magistrados han fallado a partir de fundamentos totalmente discriminatorios, sexistas y clasicistas. Tal afirmación puede justificarse a partir de las ideas que el juez utiliza para convalidar su postura en la que los hechos denunciados no implican un delito de corrupción; recurriendo a la transformación de conceptos sociales y culturales, los cuales son reales, como los casos de homosexuales, hoy en día aceptados y respetados jurídicamente por la Ley de Matrimonio Igualitario, pero que a mi parecer nada tiene que ver con los hechos que se encuentran en enjuiciamiento ya que se tratan de acciones delictivas, penadas por el derecho nacional e internacional. Otra explicación, basada en principios discriminatorios, que el doctor Piombo da como sustentable a su sentencia es la que dice que las mujeres partes, (más bien consideradas niñas por la Convención sobre Derechos del Niño) viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas y que, además, poseían experiencia sexual. La primer cuestión, a parte de ser sumamente clasista, ni siquiera fue fundada con datos precisos y; la segunda afirmación, no es vinculante. El juez prosigue su discurso sexista diciendo: “no lo veo como algo moralmente edificante pero tampoco como un quehacer aberrante, repulsivo, que hiera la integridad sexual o que constituya, como se ha dicho, la pompa de la deshonestidad”.
    Por otro lado, para fundar la reducción de la pena invoca la primacía del derecho a la vida y a la personalidad establecido en instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. Es paradójico que el doctor Piombo no invoque la Convención sobre los derechos del Niño o la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, los cuales integran el listado de instrumentos internacionales del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional que con la reforma de 1994 adquirieron jerarquía constitucional, por lo tanto, los derechos que integran su articulado debe ser respetado al igual que el resto de las facultades que se le atribuyen a las personas jurídicas, y si bien una violación es reparable, conlleva serias secuelas (sobre todo si como consecuencia de dicho acto las niñas quedaron embarazadas), en algunos casos, sí irreparables.

  17. Jessica Soledad Tambascia, comisión 4

    Caso Sal Lari, adopto la posición Nº 1:
    Ya que considero que un juez, cualquiera sea, puede equivocarse en pocos casos, por no poder hacer los correctos y prácticamente imposibles seguimientos particulares. Por ejemplo, el caso en el que no pudo liberarse a un preso hasta siete meses despues de haberse firmado su excarcelación, a mi entender el juez no es el culpable del mismo ya que sería imposible hacer tantos seguimientos en las causas. Pero en cuanto a los casos del asaltante del banco Río; del hombre que violó a su hija que aún hoy siguen viviendo bajo el mismo techo, lo cual no es justo para la criatura en cuestión: no me parece que su decisión haya sido la acertada. Lo mismo pasa con el delincuente excarcelado por Sal Lari que asaltó a una pareja y violó a la mujer.
    El caso de asesinato del ingeniero Regis y del profesor de educación física Emiliano Sonnenfeld, son los más importantes, ya que se demuestra de que manera por una mala decisión se puede provocar gravísimas consecuencias en la vida de gente inocente, por lo que considero que si lo destituyen luego de un justo juicio por no cumplir con la ley, creo que los jueces estarán más atentos a la hora de tomar decisiones tan delicadas.
    Fuera de esto, lamentablemente también considero que el intendente Posse y Aníbal Fernández hacen todos estos seguimientos ahora que nos encontramos frente a un año electoral, siento que lo deberían haber hecho antes, por lo que se habrían podido prevenir (o no) algunos errores, pero creo que es mejor que lo hagan, aunque sea tarde, pero que nadie más pague por las malas decisiones tomadas por un juez como Sal Lari, por lo que en parte también considero correcta la segunda postura, pero no lo veo como una “persecución política” sino como una “forma” que encuentran los políticos para promocionar sus campañas electorales, lo cual no es novedoso, ya que desde siempre los mismos hicieron hasta lo imposible por ser votados, pero en este caso ayuda a la comuna en parte para la tranquilidad de algunos, lo cual no creo que sea algo malo.
    ——————————————————————–
    Caso Piombo y Sal Llargués adopto la postura Nº1:
    Considero que en su fallo ambos jueces fueron discriminatorios en cuanto a que tomaron en cuenta la clase social de la cual provenían las mujeres violentadas en vez de considerar otros factores como por ejemplo, de qué manera las mismas se habían visto afectadas frente a semejante engaño al cual habían sido sometidas. Me parece fundamental ver en qué punto de debilidad se encontraban esas mujeres para creer semejantes barbaridades por lo que sería en realidad un agravante abusar de mujeres que son débiles mentamente en vez de considerar que ya se encontraban iniciadas sexualmente. Considero justo que ambos jueces sean sometidos a juicio polítco por estas cuestiones, ya que la ley debería de ser igual para todos, sin distinción de clases sociales, ni edad. Lamentablemente siento que su decisión fue demasiado arbitraria y apuntaron a cuestiones que no eran tan relevantes ya que en ningún momento se buscó la protección de las mujeres afectadas, sino que se consideró que por pertenecer a determinada clase social no merecían ser “amparadas” por la justicia.

  18. Agustina Borquez

    DNI. 36.425.847 Comisión 4

  19. Agustina Borquez

    CASO SAL LARI
    Estoy de acuerdo con la opinión 2. “el jury ha sido usado para alentar posiciones inconstitucionales, restrictivas de derechos y contrarrestar decisiones judiciales que los denunciantes no comparten; de tal manera, se asiste a una persecución política-ideológica que pone en tela de juicio a la Constitución y a la garantía de independencia del Poder Judicial”.
    Respecto de este caso, considero que si el juez ha actuado conforme a lo que la ley misma establece no puede darse lugar a acusarlo de garantista, se está ateniendo al sistema legal al que todos los jueces responden y eso haría incurrir a todos en el mismo juzgamiento. La independencia e imparcialidad que caracteriza a este órgano de poder implica justamente que no deben ser condicionados ni por la sociedad ni mucho menos por los medios.
    CASO PIOMBO – SAL LLARGUÉS
    Estoy de acuerdo con la opinión numero 1. “Los jueces deben ser llevados a juicio político porque su sentencia es arbitraria y presenta tintes clasistas, sexistas y discriminatorios respecto de determinados sectores de la sociedad”.
    Si bien el fallo terminó por dictar que no se trataba de un caso de “corrupción de menores” no cabe duda que si bien sostiene se ha realizado con el consentimiento de las victimas el acto, es claro que ese consentimiento ha sido logrado bajo un trabajo psicólogo previo realizado por Avalos, en función del “poder” o mejor dicho influencia que podría llegar a tener sobre las mismas, a partir de su cargo de pastor de la religión a la que pertenecían. Por lo tanto, si bien no se da lugar a una violencia física, es claro el aprovechamiento que hay por parte de Avalos ante la vulnerabilidad de las menores, al presentarse este ante ellas como (…) “la encarnación del espíritu salvador, difundió primero el temor de la inminencia del fin del mundo para luego imponer la idea de que la única salvación para las acólitas era ser fecundadas por él” (…). Es claro el aprovechamiento de la influencia moral que tenia sobre ellas.
    Creo que sostener como fundamento que en esas clases sociales se admiten relaciones sexuales a temprana edad, corresponde a un claro criterio de discriminación, porque no justifica a mi entender, desde ningún punto de vista el accionar del pastor que me resulta aberrante; quien ha manipulado y engañado a las menores para lograr que realicen el acto por él querido. ¿Acaso por encontrarse en distintas clases sociales, y condiciones, se da lugar a que en una de ellas se pueda justificar el abuso? Ante esto es evidente la arbitrariedad y la discriminación a la que da lugar esta sentencia.

  20. Maria Victoria Iñurrieta

    Con respecto al caso Sal Lari, adhiero a la posición 2. En mi opinión, los jury de enjuiciamiento no afectan la imparcialidad de los jueces. Las sentencias pueden desoír los reclamos sociales, si no es así realmente se afectaría su imparcialidad. Los jueces deben fallar conforme a derecho y . Considero que no se puede tildar a un juez de garantista cuando las leyes son las que estipulan que pena corresponde, si el juez considera a su entender que se dan las condiciones necesarias para aplicarla, las aplicará. Por último, la destitución del juez no serviría de ejemplo para que estas situaciones no se repitan, porque mientras sigan existiendo estas leyes los jueces deberán aplicarlas, en última instancia considero que deberían reformarse las leyes para poder satisfacer los nuevos reclamos sociales.
    En el caso Piombo – Sal LLargués, adhiero a la postura 2. Los jueces no deberían ser llevados a juicio político. Creo que con la gran difusión que ha tenido este caso y el debate que generó en la sociedad se está afectando la imparcialidad de los jueces, ya que por lo que pude apreciar parecería que cada vez que fallen tendrían que estar atentos a los reclamos de la sociedad, y esa no es su función, ellos deben observar, analizar el caso y fallar conforme a derecho. Citando al constitucionalista Sabsay, “(…) la crítica al fallo “Avalos” no puede fundarse en la violación al principio de igualdad. Este principio no anula la posibilidad de hacer distinciones entre grupos de personas, siempre que dichas distinciones se encuentren sustentadas en un criterio de razonabilidad.
    (…)No es ocioso recordar que igualdad ante la ley significa igualdad de trato en igualdad de circunstancias y condiciones. En efecto, las clasificaciones no pueden ser arbitrarias ni tampoco importar ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas. A mayor abundamiento igualdad no es sinónimo de igualitarismo. Esto último implicaría una igualdad rígida y absoluta, desconociendo las diferencias que existen entre las personas y que deben ser tenidas en cuenta para una mejor administración de justicia.”
    Es decir, me parece que sin entrar en el terreno de la discriminación sostengo que las condiciones de vida condicionan la situación de las víctimas, con esto no quiero decir que lo haga menos grave al hecho, sino por el contrario las chicas eran más vulnerables a la situación que vivieron. Esto no tiene nada que ver con la reducción de la pena impuesta ya que ello se debe exclusivamente a cuestiones legales.
    María Victoria Iñurrieta. Comisión 4.

  21. Reyna, Ayelen. Com nº5

    CASO SAL LARI

    Concuerdo con la posición 2.
    Considero que públicamente el juez fue tomado como chivo expiatorio (en coincidencia con lo planteado por el Centro de estudios legales y sociales) sobre el cual caen todas las culpas. Esto se evidencia por la gran difusión mediática que tuvo el caso, en un contexto en que la inseguridad es un tema central en las noticias (y no está de demás decir, que representa un problema complejísimo que excede a las responsabilidades de un juez).
    A esto se le suma el protagonismo que tiene el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que posiblemente utilice esto como un elemento para su campaña política en un año electoral.
    Asimismo, los medios periodísticos, en mi opinión deliberadamente, se enfocan en determinados casos (como el del ingeniero Regis) que han sido descartados por el tribunal de enjuiciamiento y no mencionan con claridad de la causa por la que está siendo juzgado (caso González) la cual, paradójicamente, representa lo contrario a lo que se le endilga, liberar delincuentes (ya que en este caso, por una cuestión de procedimiento, no se liberó en tiempo a esa persona).
    Además, se retoma el debate sobre el garantismo y resurgen los discursos sobre “mano dura”; y a este respecto, hay que destacar que los jueces deben decidir la sentencia dentro del marco del derecho, los cual contempla las garantías que deben existir para toda persona al enfrentar un proceso.
    A su vez, no considero que los jueces deban tener en cuenta los reclamos sociales, que contienen un evidente efecto de presión, sino que han de basarse en el derecho y los hechos plateados del caso individual.
    Por tanto, es clara la persecución ideológica-mediática, que conlleva un elemento de coacción que compromete la imparcialidad e independencia del juez, cuestiones indispensables en un estado democrático de derecho.

    CASO PIOMBO – SAL LLARGUÉS

    Estoy de acuerdo con la posición 1.
    Considero que determinados fundamentos podrían ser calificados de sexistas, clasistas y discriminatorios, y por ello la sentencia puede considerarse arbitraria, con lo cual deberían ser llevados a jury.
    En este caso, a diferencia del anterior, no creo que el llevarlos a enjuiciamiento implique un pedido de “mano dura” porque lo que está en cuestionamiento no es tanto la disminución de la pena, sino los argumentos utilizados para hacerlo.
    Entiendo que se vislumbran prejuicios respecto de las víctimas y de la clase social a la que pertenecen, y que el hecho de que sean menores y de clase social baja no debería ser un atenuante, sino por el contrario, un agravante del delito porque las mismas se encuentran en un estado de vulnerabilidad e indefensión. Además, el acusado como pastor tiene una determinada influencia sobre sus creyentes y, por lo tanto, una posición de poder ante ellos, que debería ser tomada en cuenta.
    No obstante, debo destacar que no estoy de acuerdo con los escarches porque se deslegitima el pedido de juicio político, proceso de orden constitucional, ya que al realizarlos sí se podría considerar que habría una cierta presión, que no debería existir, sobre los magistrados.
    Pero, en este caso particular, siguiendo los pasos correspondientes, el pedido de juicio político es legítimo y no debería ser un factor que coarte a los demás jueces.

  22. Raquel Román

    Caso Sal Lari. Adopto la postura 2.
    En primer lugar no se puede tildar a un juez de garantista, cuando el mismo ha fallado conforme a lo que nuestra ley suprema establece; lo que si es cuestionable el hecho de no tomar en cuenta la gravedad del delito, ya que al acusado se lo ha condenado por un delito menor.

    Caso Sal Llargués- Piombo.
    Postura número 1. Adopto ésta postura porque es aberrante los argumentos que ha utilizado el juez, ignorando y violando los derechos; discriminando clase social y gènero, a modo de desprestigiar a las víctimas, cuando en realidad no se está juzgando la condición humana de las mismas, sino la gravedad del delito del acusado.

  23. Francisco T. Alvarez

    En el caso Sal Lari, adhiero a la posición 2.

    Creo que el juez Sal Lari está siendo juzgado injustamente, siendo perseguido mediáticamente y criticado por el intendente Gustavo Posse, que intenta hacer campaña con el suceso. Creo que la disconformidad social con respecto a la justicia Argentina influye activamente en la acusación al juez.
    Si bien el Juez hoy suspendido en sus funciones podría haber tomado ciertos recaudos al momento de realizar las excarcelaciones y no haberlas concedidos, la opinión pública puede realizar su juicio de valor pero esto no debe condicionar el accionar de la justicia ya que esto provocaría que se vea perjudicada la independencia del poder judicial.

    En el caso Piombo – Sal Llargues adhiero posición 1.

    Creo que al redactar el fallo están utilizando términos que son discriminatorios y sexistas que dan claras señales de la poca defensa que pueden tener ciertos sectores de la sociedad con estos jueces.

    Francisco T. Alvarez
    D.N.I: 34.648.482
    Com: 6

  24. Florencia Rodríguez Repetto

    Caso Sal Lari: postura número 2.
    Tomando en cuenta lo sucedido, el juez no es responsable del accionar del excarcelado, pero si es responsable en cumplir debidamente sus funciones a la hora de fallar ( ej.: no reducir una pena), desvalorizando el delito del imputado y priorizando los derechos del victimario y pasando a un segundo plano los derechos de la víctima.

    Caso Piombo- Sal Llarguès: la postura número1.
    El juicio político es válido para éstos dos jueces. Fallaron violando los derechos constitucionales; no es correcto que un juez alege en razón de la clase social de las víctimas, sin tener en cuenta la gravedad del hecho

  25. Juana Román

    Caso Sal Lari
    Adopto la postura numero 2. En realidad no se está poniendo en tela de juicio la acción del juez, claramente tiene la facultad de reducir una pena, pero ésto no da el pie a que falle alegando algo inconstitucional o que se le cambie la carátula al acusado para que la pena sea menor.

    Caso Piombo- Sal Llargués
    Adopto la postura número 1. Sin duda, estoy de acuerdo con el juicio político a éstos dos jueces, ya que a la hora de dar el fallo, claramente le han quitado validéz a las leyes constitucionales al no cumplirlas como las Constitución manda.

  26. Cariac Daniel

    Voy a ser breve para que no se pierda la idea central de la reflexion, y voy analizar los dos casos conjuntamente para no caer en algun tipo de contradiccion. Antes que nada creo que hay que separar dos cuestiones fundamentales; una,el pensamiento personal que me merece cada fallo en si, y otra, el hecho de evaluar si es correcto el perseguimiento y juzgamiento por parte de la sociedad de las decisiones judiales en diversos casos. En el primer sentido,no estoy de acuerdo con que se excarcele a un preso, ni con que se reduzca la pena a un violador( bajo ningun punto de vista). Esto no quiere decir que este de acuerdo con que se persiga a los jueces sobre sus deciones ( EN AMBOS CASOS), al contrario, creo que hay ahi una gran confusion y desconocimiento por parte de la sociedad en adjudicar toda la responsabilidad de las deciones a los magistrados. Con esto quiero decir que si bien son los jueces quienes tienen el PODER de tomar la desicion a la hora de resolver el conflicto, no por esto se los puede atacar, ya que sus resoluciones se fundamentan en aquellas INSTITUCIONES que el poder legistativo les brinda ( diversas leyes) y de esta manera estan condicionados a regirse por estas. Ejemplificando la idea con una situacion comun; no se puede pretender tener una banda de rock si tengo una guitarra criolla y un bombo.NO SE PUEDE PRETENDER QUE UN JUEZ NO LIBERE A UN PRESO SI TIENE LA INSTITUCION DE LA “EXCARCELACION”… NO SE PUEDE PRETENDER QUE NO SE REDUZCA UNA PENA SI EXISTE UNA INSTITUCION QUE LA PERMITE. Creo que los reclamos de la sociedad deben ir dirigidos hacia otro sector, hacia otro poder del estado, que es el que verdaderamente esta en falta con la sociedad, a mi punto de vista mal utilizando el tiempo en la crecion de leyes que si bien tendran su importancia, no se concuerdan con las necesidades de un mayor nivel de urgencia de los tiempos que corren.. creo que es clara mi posicion, en ambos casos elijo la opicon 2.

  27. CASO SAL LARI:
    adhiero a la postura n 2 :
    creo que es un caso bastante encubierto,que pone en tela de juicio el correcto funcionamiento del poder judicial ,asi mismo de la corte suprema…,aunque no se pudo probar la orden de liberacion de jorge luis gonzales,tambien se denuncio a los poderes administrativos que estaban a cargo de su liberacion,como la ineficacia de la camara de apelaciones y el accionar policial,posse desperto la manifestacion social con su famoso muro que pretendia separar las localidades de san isidro y san fernando a fin de apaciguar la delincuencia,lo que implico una persecucion politica y como fin que vaya a jury,tampoco me parece adecuado tildarlo a sal lari de “excesivamente garantista” por decir que cumplio con la constitucion,por que eso es lo que reprochan sin saber las causas protocolizadas de los detenidos ..expresas en nuestra constitucion ,y en los pactos internacionales,asi tambien como las clausulas.creo que fue una buena estrategia para que posse ganara populismo en su campaña politica junto a madres del dolor,que como organizacion de derechos humanos pretende mostrar una eficacia legal en nuestro sistema a los habitantes argentinos,cuando en realidad no es asi ,no es de extrañarse que en nuestro pais tengamos como principio fundamental “la libertad” ,en nuestra constitucion..y tambien que la ley penal ampara los derechos del que la infinge,asi mismo como las garantias constitucionales,que evocan al retraso de excarcelacion por varias medidas ,y por peligro de fuga..asi mismo,no comparto la recriminacion del homicidio que provoco el sujeto excarcelado al ingeniero regis,no se puede anticipar la conducta de un individuo que haya cometido un delito de iguales caracteristicas anteriormente.

  28. CASO PIOMBO-SAL LLARGUES:
    adhiero a la postura numero 1 :
    haciendo una lectura minuciosa del fallo,pude notar bastantes contradicciones y un inequivoco razonamiento ,seguido por un silogismo nefasto…por parte de los jueces piombo y sal llargues.. acordandose los parametros legales de acuedo a las clases sociales,aun sabiendo que nuestra constitucion declara en su art 16 que “la nacion argentina no admite prerrogativas de sangre,ni de nacimiento,no hay en ella fueros personales ni titulos de nobleza,todos sus habitantes son iguales ante la ley” …el sujeto imputado,un evangelista que habria incitado a dos menores,una de 14 y otra de 16 ,a mantener consigo relaciones sexuales,argumentando el “fin del mundo”,causando una implicancia psicologica en las victimas,la cual una de ellas,habria tenido un hijo como consecuencia del ultraje, lo que agrava aun mas la situacion,al referirse el juez que no le resulta “moralmente edificante” ,supone dejar de lado un delito de esta magnitud,como es el delito de violacion,aun sabiendo que el art 119 C.P. admite el hecho aun sin el consentimiento de la victima,por el pudor sufrido,ademas de violarse la intimidad ,y la libertad corporal ,sabiendo que son derechos personalisimos absolutos e inalterables,tal como nombra el “derecho a la vida” ,argumenta piombo que las adolescentes presentaban “factores de vulnerabilidad y necesidad de contención”…acaso la contencion es sinonimo de “sexo corporal”? o penetracion?..o sal llargues al manifestar que “poseían experiencia sexual ” ….un comentario aberrante y perverso,que no justifica el hecho,el acto cometido y la intencion del sujeto …no se tuvo en cuenta el dolo ,ni tampoco los agravantes…no se puede calificar e interpretar un delito de acuerdo al status social de una persona,ademas de aludir a diferente causas segun la division de clases,sabiendo que la ley es clara ,en este caso…no veo lagunas juridicas,el caso esta claro,bien dice el art 17 del C.C “los usos y costumbres no pueden crear derechos,sino cuando las leyes se refieran a ellos” ….me parece toalmente correcto el juicio politico,los magistrados no aplicaron la ley,hicieron por demas una interpretacion social basandose en cuestiones externas al hecho,superponiendo la funcion del legislador,excediendo sus funciones…en si el fallo genera polemicas,al decir que las clases menos favorecidas o con menos recursos no tendrian las herramientas de la justicia ante este tipo de hechos,por considerarse que es comun en “este tipo de comunidades” ….la ley es para todos,y se aplica a quien la comete…sea cual fuere su condicion sexual,social,economica o cultural.

  29. Sabrina Eden Tesone Comisión 05

    CASO PIOMBO – SAL LLARGUÉS – POSTURA ADOPTADA: 2
    Este es otro caso en el cual me parece lamentable la pérdida de un valor fundamental como la independencia del Poder Judicial. Me pareció bastante incómoda la situación de llegar a la facultad la semana pasada y ver una protesta frente a ella manifestandose en contra del Dr. Piombo. Tras leer el caso “Ávalos sobre recurso de Casación” me di cuenta de que los Dres. Piombo y Sal Llargués no hicieron más que interpretar el Código Penal en congruencia a la realidad actual. Los manifestantes se horrorizan… Es que fue fuerte el argumento que utilizó el juez. Pero yo me pregunto,¿debemos horrorizarnos ante el argumento del Dr. Piombo que no es más que una concreta abstracción de la realidad?¿O realmente de lo que deberíamos horrorizarnos es de la situación en la que viven las jóvenes de las clases sociales más bajas? Claramente, es más fácil horrorizarse del juez que caer en la cuenta de la sociedad en la que estamos viviendo y ocuparnos por mejorarla. ¿Está mal que el tribunal de Casación haya resuelto la REDUCCIÓN (no absolución) de la pena al Señor Ávalos siendo que NO EXISTIÓ VIOLACIÓN, ABUSO, INTIMIDACIÓN, NI FALTA DE DISCERNIMIENTO en las jóvenes que de ningún modo se negaron a realizar el acto? Creo que estamos ante una correcta interpretación de la ley. ¿Puede la sociedad tildar de “sexista” la frase del Dr. Piombo? Él dijo que las jóvenes, de 14 y 15 años, “pertenecían a una clase social que admite las relaciones sexuales a una temprana edad”. ¿Está errado? No. Quedó claramente comprobado que las menores ya habían tenido relaciones sexuales con anterioridad a tenerlas con Ávalos. Sigo creyendo que los “manoduristas” que sin conocer el derecho y que se quieren ponerse en la posición del juez, no hacen más que reclamar inconstitucionalidades. Siento que el Dr. Piombo tiene más conocimiento del derecho que las personas que ven un noticiero en la televisión y surgen en la defensa de las “víctimas” del caso. Para mí es inobjetable su decisión, la siento correcta y sus fundamentaciones me parecen más que elocuentes, porque en nuestra legislación actual, se están permitiendo actos, antes completamente impensados, como el matrimonio homosexual, el cambio de sexo, etc. Si el legislador permite todo esto, me resulta extraño que se discuta la decisión del juez, que no hace más que demostrar la realidad en la que vivimos.

  30. Sabrina Eden Tesone Comisión 05

    CASO SAL LARI – POSTURA ADOPTADA: 2
    Creo que el juez Rafael Sal Lari está siendo víctima de una campaña mediática que tiene por objeto impulsar la campaña política de Gustavo Posse y aumentar la trascendencia de organizaciones como Madres del Dolor. Sinceramente, al no tener un gran conocimiento anterior sobre la causa comencé a buscar información en varias fuentes serias y en todas encuentro que la verdad de los hechos no son las mismas que sostienen estos grupos que tienden a opacar la conducta intachable y correcta del magistrado. Un juez que no hizo más que ejercer correctamente su cargo de otorgar las debidas garantías procesales expresadas en el texto de nuestras leyes, y respetar las Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos, sin hacer abuso (como en el resto de la provincia) de la prisión preventiva, es juzgado por acusaciones de un grupo de personas que no tienen el debido conocimiento de las leyes y de los hechos tal y como fueron. Me parece deplorable que el jury de enjuiciamiento haya optado por suspenderlo en sus funciones, siendo que él no tuvo responsabilidad alguna sobre los cargos que se le acusaron (tampoco en la cual se le declaró responsable, pues sería cargarlo con acciones delegadas para lo cual los secretarios de los juzgados cobran un salario). Debo sostener además que, creo que el Dr. Sal Lari fue suspendido en la única causa en la que pudieron encontrar el pretexto de algo que no salió bien, porque el jury se dejó guiar por la opinión pública que pedía por su suspensión en el cargo. La opinión de oportunistas y un grupo de gente que nada sabe de cómo se dieron los hechos en cada acusación, u opinan sin estar lo debidamente informados para hacerlo. Además, no dejo de pensar lo paradójico del caso: los “manoduristas” (en compañía del “ingeniero” Blumberg, mediático capaz de engañar al país entero con un título falso y de emprender una campaña política a costas de una desgracia familiar) festejaron la suspensión del magistrado;causa: la demora en la excarcelación de un detenido, siendo el mismo juez quien ordenó la detención (¿no dicen los “manoduristas” que Sal Lari no encarcelaba a nadie?); cuya orden de detención se confeccionó el mismo día en que la Cámara de Apelaciones lo dispuso. Cabe aclarar pues, que en NINGUNA de las otras acusaciones se pudo entrever algún error o valoración errada del juez, quien nunca actuó sin el respeto y la correcta interpretación de las garantías procesales, dentro marco constitucional y de las leyes. Su correcta aplicación e interpretación nos hacen lamentar la pérdida de un excelente juez por la elección de un chivo expiatorio para adjudicarle las deficiencias que observamos en los tres poderes de la nación, de las falencias del sistema y del pobre conocimiento popular de nuestro sistema judicial.

  31. Josue Bolle

    Que fallaran de manera discriminatoria, que algunas mujeres o niñas tengan mas suertes que otras, por su experiencia sexual, clase social, su cultura, condición… hace que se replantee muchas cosas y cuestiones, por lo menos la decisión tomada por el juez.
    Siento que para evitar este tipo de casos o lograr que una cuestión así se repita; se necesita terminar con los juzgamientos de tipos sexistas o clasistas, claro esta, independientemente de cual sea el sector social o status al que el/los afectados pertenezcan

  32. Josue Bolle

    Josue Bolle – Comisión Nº 6
    DNI: 34.473.453

    Caso Sal Lari:
    En primer lugar esta claro que el caso de Sal Lari dividió las aguas. De un lado, lo acusan familiares de las víctimas, que tomaron como lema “Basta de jueces garantistas” o que Sal Lari no solo es garantista, también “incompetente”. Del otro, instituciones, jueces y fiscales y académicos del derecho lo defienden con el argumento de que el juez es víctima de una persecución política y que el proceso de remoción del magistrado representaría un gran riesgo para la independencia judicial del país y es un mensaje para “disciplinar a los jueces”.
    Pero definitivamente me declaro a favor de que se vaya a jury; pero a su vez resulta contradictorio tildar de “excesivamente garantista” a un Juez de Garantías que es señalado por no garantizar la libertad de un imputado.
    Debería poder encontrarse un justo medio. Existen muchas cuestiones que no están en tela de juicio o que por lo que yo aprecio, no tomaron la trascendencia necesaria. Me refiero a el rol que cumplen las autoridades penitenciarias, omitiendo el detalle (que da vida a este debate) que el juez no se tomo la molestia de verificar si su orden de encarcelamiento realmente se había cumplido.

    Caso Piombo-Sal Llargués
    Mi postura a tomar es la número 1:
    Es de publico conocimiento que la Constitución se establece claramente que “todos los habitantes somos iguales ante la ley” (Art. 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas)
    Los argumentos fundamentados por los jueces son inconstitucionales y los veo en contra de dicha contra Constitución, así como con los Derechos Humanos y lo que algunos consideran lo “Moralmente Malo” o simplemente se atenta contra las buenas costumbres. Mas allá de la ley vigente, que siempre rige para todos y en todos, hay algo que nunca se puede callar y es el sentido común. No quiero entrar en conflicto con aquellos que se rigen según su propia conciencia; ya que no comparto esto. Pero es innegable la sensación de injusticia que uno puede observar ante casos como este; los cuales se denotan la inoperancia o falta de criterio frente a cuestiones tan delicadas y especiales. De mas esta decir, y vuelvo a repetir que esta es solo mi opinión. No me creo capacitado bajo ningún aspecto para decir que es lo que esta bien y que es lo que esta mal. Seria un hipócrita al explayarme y señalar con el dedo las actitudes de los aquellos que me rodean, y sobretodo aquellos que tienen el poder y la potestad de deliberar y dar una resolución a casos de semejante magnitud.
    Pero volviendo al caso, considero que los jueces deben ser llevados a juicio político

  33. Roberto J. Boccanera Comisión 4

    Analizar las siguientes opiniones, tomar partido por alguna y formular una valoración crítica a la postura adversa:
    CASO SAL LARI:
    1) “El jury no afecta la imparcialidad del magistrado, porque sus sentencias van en contra de los reclamos sociales de seguridad, son excesivamente garantistas y la destitución servirá de ejemplo para que estos casos no se repitan”.
    2) “el jury ha sido usado para alentar posiciones inconstitucionales, restrictivas de derechos y contrarrestar decisiones judiciales que los denunciantes no comparten; de tal manera, se asiste a una persecución política-ideológica que pone en tela de juicio a la Constitución y a la garantía de independencia del Poder Judicial”.

    En principio quiero dejar asentado mi absoluta adhesión a la postura N° 2 en el convencimiento de que la presentación del caso Sal Lari en los medios de comunicación, o mejor dicho, sólo en algunos de ellos y por parte de algunos actores sociales ha menoscabado la labor de este magistrado con argumentos autoritarios, muchos más cercanos al ideario de los responsables de los años más oscuros de nuestra historia.
    La utilización por parte de estos del término “Juez Garantista” a modo de descalificación no le ha cabido en los últimos años solamente a Sal Llari y he aquí, a mi modo de ver, la gravedad de esta cuestión. Han demonizado al garantismo, y con esto al Poder Judicial todo, al punto de querer justificar con esto la inacción de otros poderes del Estado en materia de seguridad, o inseguridad, según se prefiera para describir una situación social de este devenir histórico ¿Acaso se pretende que un magistrado no sea garantice principios principios consitucionales fundamentales a la hora de aplicar el Derecho?
    Que peligroso para la democracia sería que Sal Llari haya llegado a esta instancia por los vientos de estos sectores retrógrados y autoritarios de la sociedad que impulsan al escarnio público a quienes conforme a derecho y respetando el debido proceso aplican las leyes que otros dictaron.
    Habrá que seguir con atención del desarrollo del Juri de enjuiciamiento, porque hasta en la presentación mediática del mismo ha pasado desapercibido, porque lo han obviado, que llegó a esta instancia acusado por 11 cargos y si embargo la sustanciación del mismo será solamente por uno sólo de ellos. Caso que por cierto esta
    lejos de estar ligado a las resoluciones de libertades impartidas a diestra y siniestra –tal la acusación sobre Sal Llari- sobre personas.
    Poco se habla del principio de inocencia garantizado el art. 18 de nuestra Constitución, resguardo que tenemos todos los habitantes de este suelo ante el atropello de alguno de los poderes del Estado, inclusive de los que al margen de la ley, deben ser sometidos a un proceso justo y que contemple el derecho a defensa.
    Nada obsta para que si la resolución del Jury a Sal Llari culmina con la destitución, pueda ser considerado como un atentado a la independencia del Poder Judicial, significando un mensaje para todos los magistrados enrolados en el garantismo penal.
    De todas maneras, hay que rescatar la posibilidad de este Juez de ejercer su derecho a defensa. Y que en salvaguarda de la institucionalidad, la decisión que tome el Tribunal se ajuste a los valores de Justicia que bien reclama la sociedad toda.

    CASO PIOMBO – SAL LLARGUÉS
    1) “Los jueces deben ser llevados a juicio político porque su sentencia es arbitraria y presenta tintes clasistas, sexistas y discriminatorios respecto de determinados sectores de la sociedad”.
    2) “La actuación de los magistrados no es objetable porque fundamentaron debidamente su decisión en parámetros legales; el juicio político procuraría coaccionar al poder judicial para que atienda los reclamos sociales de ‘mano dura’”.

    Respecto de este fallo me genera muchas dudas tomar una postura absoluta respecto de alguna u otra opción. La sentencia contiene en parte de su fundamentación argumentos clasistas, sexistas y discriminatorios, a todas luces repudiables; pero no menos cierto es que el mismo se ajusta a Derecho.
    De lo que si estoy seguro es que en ninguno de los casos corresponde pedido de Juicio Político para los jueces Piombo y Sal Llargués, pero si apelar lo casado ante la Suprema Corte de Justicia.
    De la lectura de la sentencia surge que los jueces realizan pormenorizadas consideraciones sobre la condición social y madurez de las víctimas del abuso sexual, víctimas que cuando fueron sometidas a esos vejámenes tenían tan solo 13 años. Considero que ese sólo dato, la edad, exime de todo comentario sobre la conducta del víctimario y menos sobre las niñas. Como rezaba una consigna periodística para referenciar el conocido Caso Grasi: “Con los chicos no”.
    Por otra parte saludo que se haya hecho lugar al derecho de defensa del imputado; más allá de cualquier tipo de consideración que se haga sobre la conducta de una persona de semejante calaña, moralmente incalificable y merecedora de la más dura condena penal posible; porque es la demostración que el sistema judicial funciona en resguardo de las garantías constitucionales para todos y cada uno de los ciudadanos de este país, incluso para los que estan fuera de la ley. Nada de “mano dura”, en todo caso “ley dura”.
    Y para ello debemos bregar ante nuestros legisladores para que la conformación del cuadro normativo de la provincia y el país se ajuste al reclamo social de seguridad y justicia pero sin perder de vista que no deben avasallar derechos y garantías básicas de todos los hombres. Y a nuestros poderes Ejecutivos medidas tendientes a que la la igualdad y equidad se cristalicen con el fin de que la brecha social entre los que más y menos tienen sea cada vez menor.
    Concluyo, no comparto los fundamentos de los jueces ya que son por demás polémicos y cuestionables desde el punto de vista judicial por ello corresponde que dicha sentencia sea apelada ante la Suprema Corte para que se revea, pero no por ello merecedores de un Juicio Político.

  34. Romina Belén Ochoa com 6

    caso Piombo- Sal Llargués a favor opción 1
    Me costo mucho tomar una posicion pero no puedo dejar pasar los argumentos sexistas y discriminatorios que tuvieron estos jueces, usaron terminos poco acertados y no estoy de acuerdo. Me parece correcto el jury. Se dejo de lado lo que dicta nuestra Constitucion en su art. 16 y se incumplen preceptos de las Conveciones de los Derechos del Niño y Americana de Derechos Humanos.

  35. MARIELA L. SCHULER, COM 4

    Como sabemos , los jueces deben dictar sentencia conforme al derecho ,debe ser imparcial , fundando su interpretación en un marco legal ,y no fallando de determinada forma para conformar a una parte de la sociedad .

    En el caso Sal Lari
    La postura adoptada : 2
    El juez obró aplicando acorde a un marco legal las garantías constitucionales correspondientes , cumpliendo con su labor ,se confeccionó y se despachó a la seccional la liberación .
    El abogado no debería controlar que se cumpla la liberación otorgada ? hasta donde llego su función?
    Por otro lado las “madres del dolor” lo critican por favorecer la delicuencia y haber excarcelado a un asesino , pero que en realidad el juez no podría saber el actuar del imputado una vez liberado .

    Caso Sal Llargués – Piombo-
    Postura adoptada: 1
    estoy en desacuerdo por que los argumentos que fundamentaron los jueces son inconstitucionales . Va en contra de la constitución ya que en ella se establece que “ TODOS LOS HABITANTES SON IGUALES ANTE LA LEY” en el art.16 , contra de los Derechos Humanos , los principios y las buenas costumbres
    Esto hace pensar que fallaran de manera discriminatoria , que algunas mujeres o niñas (como este caso), tendrán mas suertes que otras, por su experiencia sexual , por su condición , su cultura o como dijimos ,su clase social .
    Los jueces deben ser llevados a juicio político porque su sentencia es arbitraria y presenta tintes clasistas, sexistas y discriminatorios respecto de determinados sectores de la sociedad”. y asi evitar que estos casos no se repitan.

  36. Angélica Gabriela VIER- Comis 6

    Caso Sal Lari– El Juez Sal Lari ha juzgado dentro de la Ley, al hacerle juicio político se afecta la independencia del Poder Judicial por haber decisiones del magistrado no compartidas por individuos cuyo fin es cuestionar a la Constitución Nacional, persiguiendo al Magistrado mediante ideas políticas ideológicas que no hacen a las decisiones del magistrado.-

    Caso Piombo- Sal LLargues.- Las sentencias de los magistrados debe ser fundadas en derecho, que el derecho no es otra cosa que el ordenamiento de la vida en una sociedad, las sentencias judiciales deben respetar no solo la ley escrita sino también proteger y cuidar a los inocentes independientemente de su género, posición social, no implica aplicar la ley -ser mano dura- solo significa “aplicarla” conforme a derecho.- del punto 1.-Si bien actuaron dentro de la Ley los considerandos son discriminatorias sobre las victimas.-

  37. Sandra g Blasco com 5

    caso Piombo opinion 1 en este caso,es evidente una carga de discriminacion y de total negacion de los derechos humanos de parte de los magistrados,en desmedro de las instituciones,y de nuestra constitucion

  38. Sandra g Blasco com 5

    opinion 2 me parece que es importante respetar las instituciones y las decisiones de los jueces, no se puede tildar a un juez de excesivamente garantista,y ninguna destitucion puede servir de ejemplo por que esta en riesgo la libertad de las institucionnes y que lo jueces se vean presionados de fallar de determinada manera para conformar a cierto sectores,que pueden tener reclamos validos por cierto ,como sociedad seria mas edificante tratar por medio de nuestros legisladores de cambiar las leyes que como en este caso particular y tantos otros no colman las expectativas de justicia

  39. LEONARDO RUSSIGNAN

    Leonardo Russignan – Comisión Nº 4
    DNI: 36.382.397

    Caso Sal Lari: Ambas posturas son condicionantes. En algunos aspectos estoy de acuerdo con las dos posturas y en otros estoy en desacuerdo tambien con ambas posturas, si creo que este tema debe ser dilucidado en el marco de la Ley en base a los siguiente:

    Los jueces tienen que hacer su trabajo, aplicando la Constitución. Tienen que garantizar el debido proceso de cualquier ciudadano, sin distinguir, porque la Ley se aplica de igual forma para todos”.
    “Las asociaciones civiles pueden realizar denuncias, y si están bien fundadas deben ser escuchadas. Si no cuentan con los argumentos necesarios para ser tomadas en cuenta los Jurados de Enjuiciamiento deben reconocer la falencia, porque de lo contrario estaríamos politizando un poder que tiene Absoluta Independencia.
    De modo que: Tenemos que establecer claramente a través de Los Jurados de Enjuiciamiento si el Dr. Sal Lari con su accionar va en contra de los reclamos sociales de seguridad, si los denunciantes tienen las pruebas necesarias y suficientes o si el Juez obra totalmente aplicando las garantías Constitucionales.
    Por último no creo que sea responsabilidad del juez, la demora en la liberación del Sr. José Luís González, toda vez que la orden de liberación fue extendida por el Juzgado, recibida por la policía actuante y que en última instancia es la Secretaría quien tendría que verificar que dicha liberación se hiciese efectiva.
    Mi pregunta es: ¿Cual es el grado de responsabilidad de la policía actuante?

    Caso Sal Llargués – Piombo
    En este caso estoy a favor de la postura Nº 1 de acuerdo al siguiente razonamiento:

    Las chicas abusadas tenían 14 y 16 años y vivían en una villa del Parque San Martín, en Merlo. Según el expediente del caso, el predicador las incitó a tener relaciones sexuales con él con la excusa de que “estaba cerca el fin del mundo”, y que ellas se salvarían porque eran “las elegidas” por Dios para encarnar figuras bíblicas.
    Los jueces admitieron que las adolescentes presentaban “factores de vulnerabilidad y necesidad de contención”
    El autor habría “bloqueado la capacidad de determinación de sus víctimas con una constante penetración psicológica”.
    Los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués modificaron la pena a 9 años y medio invocaron la condición social de las víctimas para sostener esta postura. Y, además, que las chicas “poseían experiencia sexual, incluso en estar con otros hombres”, hecho que para los camaristas “no resulta moralmente edificante, pero tampoco un quehacer aberrante y repulsivo que hiera la integridad sexual”.

    Se trata de un razonamiento perverso. La mención del nivel social alude a grupos en desventaja”, y además el fallo podría resultar un grave antecedente, porque “las mujeres y niñas que hayan nacido en grupos desfavorecidos tendrán una nueva desigualdad: nadie las protegerá de un adulto que las quiera corromper”

  40. RODRIGUEZ MARIA EMILIA

    En el CASO SAL LARI –POSTURA ADOPTADA 2.

    Si el fallo es conforme al derecho y siguiendo las normas reglamentarias que rigen su desempeño, no se debería generar una persecución social-política al juez que ha sentado sentencia, por que la resolución no era la esperada por la sociedad. Para ello se encuentra el sistema judicial que es quien debe determinar en el caso que sea necesario el mal desempeño del juez, sin estar condicionado, ni presionado, por factores externos.

    CASO SAL LLARGUES – PIOMBO — POSTURA ADOPTADA: 1

    En nuestro país existe la división de poderes independientes entre si y controlados mutuamente, esa es la manera que la sociedad es protegida del abuso del podes por parte de quienes los ocupan., por eso es que estoy de acuerdo que los jueces deben ser llevados a juicio político, mas allá que mi conocimiento no pueda indicar si el fallo dado por ambos jueces están o no dentro de los parámetros legales, creo que son los fundamentos dados los que van en contra de los principios constitucionales, tratados de derechos humanos y sobre todo en principios de igualdad .

    Rodríguez, Maria Emilia
    DNI 32538062
    Comisión 5

  41. Karina Eva Maria Gomez

    CASO SAL LARI :

    CREO QUE EL PUNTO 2 ES EL QUE MAS SE AJUSTA A LO QUE ESTA SUCEDIENDO, CON ESTE PEDIDO DE JUICIO POLITICO AL JUEZ DE GARANTIAS 3 DE SAN ISIDRO DR. RAFAEL SAL LARI.
    SABER CON CERTEZA QUE BUSCA EL INTENDENTE DE SAN ISIDRO, GUSTAVO POSSE (OPORTUNISMO POLITICO? ) SERIA IMPOSIBLE.
    POR OTRO EL OBJETIVO DE LOS FAMILIARES, ES MAS DELICADO . MI SENSACION ES QUE EL DOLOR ES TAN INTENSO, QUE NO ALCANZA NADA, LO QUE ESTE U OTRO JUEZ FALLE.
    CONSIDERO, QUE “JUSTO” Y “JUSTICIA” NO VAN DE LA MANO. SI EL JUEZ FALLÓ PARA LIBERAR A UN INDIVIDUO, PORQUE PENSAR QUE NO LO HIZO CONFORME A DERECHO, PUES SI LO HIZO, EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO O EN LAS FUENTES DEL DERECHO ESTUVO EL AVAL.
    HAY A MI ENTENDER, UNA LINEA MUY DELGADA, EN LA QUE SE PUEDE PASAR DE UN RECLAMO VÁLIDO A UNO DE RESULTADO PERSECUTORIO.
    PERO QUE IMPORTANTE SERIA QUE LAS PERSONAS CONOCIERAN QUE EN LA CONSTITUCION CON LAS DECLARACIONES DERECHOS Y GARANTIAS ESTAN PROTEGIDOS DEL ABUSO DEL PODER Y ES AHÍ DONDE DEBERIAN HACER HINCAPIE LOS TRES PODERES DEL ESTADO, EN ACERCARLE DE MANERA MASIVA ( TV. RADIO, DIARIOS ) CON UN LEXICO AL ALCANCE DE TODOS QUE DICE NUESTRA CARTA MAGNA.

    CASO PIOMBO / SAL LLARGUES

    ELIJO EL PUNTO 1. EN ESTE CASO , DE REDUCIR LA CONDENA A LA MITAD POR CONSIDERAR QUE “SON MUJERES QUE VIVEN EN COMUNIDADES EN LAS QUE EL NIVEL SOCIAL ACEPTA RELACIONES A EDADES MUY BAJAS” ES MUY PREOCUPANTE .
    OMITIR INTERPRETAR, LA LEY 23179, QUE RECEPTO NUESTA CONSTITUCION O EL PROPIO ART. 16 DE LA CONSTITUCION NACIONAL “ TODOS LOS HABITANTES SON IGUALES ANTE LA LEY”. COMO SER HUMANO, SIN HACER DISTINCION DE PERTENECER AL MISMO GENERO DE LAS VICTIMAS , ME LASTIMA
    LAMENTO EL ARGUMENTO PUES ENTIENDO QUE ESAS NIÑAS, NO SOLO FUERON VICTIMAS DE FRANCISCO AVALOS, CONDENADO POR EL ABUSO DE ESTAS, SINO TAMBIEN DEL MAL USO DEL SISTEMA QUE HICIERON LOS MAGISTRADOS.

    GOMEZ, KARINA EVA MARIA
    D.N.I. 22007651
    COMISION 5

  42. Rodrigo Javier Vazquez

    Caso Sal Lari. Adhiero a la postura Nº 2:

    La relación de poderes establecidos en una República se sustentan mediante un sistema de control, que hace que los tres poderes (a saber Ejecutivo, Legislativo y Judicial) funcionen equilibradamente y auto controlándose recíprocamente. Atentar contra este sistema seria por consiguiente atentar contra los más profundos fundamentos de la República y su razón de ser.

    Teniendo en cuenta estos preceptos, creo que la persecución mediática que se ha hecho al Juez Sal Lari atenta contra este sistema republicano. No solo eso sino que afecta una de las principales características del sistema Judicial y de la labor jurisdiccional: La imparcialidad. El juez a la hora de dictar sentencia sobre un caso debe estar libre de todo tipo de presiones externas para hacerlo con la mayor imparcialidad posible.

    No creo que no se pueda realizar juicios de valor acerca del desempeño de los magistrados que integran el Poder Judicial, pero lo que ha ocurrido en estos días con el Juez Sal Lari, Titular del Juzgado de Garantías Nº 3 de San Isidro, dista de ser un mero juicio valorativo del desempeño de sus funciones, sino que ha pasado a convertirse en una persecución que intenta imponer posiciones inconstitucionales y restrictivas de derechos y gratinas como menciona la postura Nº 2.

    El juez al realizar su labor jurisdiccional debe hacerlo en basándose en lo que establece el ordenamiento jurídico y no a lo que la gente espera, sino para el caso estaríamos haciendo lugar a la justicia por mano propia, algo totalmente inadmisible en una República democrática como en la vivimos.

    Pienso que si la sociedad en su conjunto no está de acuerdo con la eficiencia del Poder Judicial son otros los caminos que se deben tomar. En un sistema republicano como el nuestro hay un organismo donde se deben debatir, no solo este tema, sino todos los que atañen a la sociedad: El Congreso. Allí es donde los legisladores, representantes del pueblo elegidos mediante el voto, definen los lineamientos de nuestra sociedad con el dictado de las leyes. A mi humilde parecer si los jueces comenzaran a impartir justicia conforme los reclamos de la gente y dejando de lado las normas positivas, las cuales se volverían un mero adorno jurídico, estaríamos bajo echando por tierra nuestra democracia representativa y se estaría violando el art. 22 de la Constitución Nacional: “El pueblo gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes…”.

    Opino también que el Juez Sal Lari es el chivo expiatorio de un sistema penal que hace aguas por todos lados y es puesto en tela de juicio por organismos internacionales de derechos humanos. También es reprochable como el Intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se aprovecha del sufrimiento de las personas que integran la ONG ” Madres del Dolor” para congraciarse con sectores de la sociedad que reclaman más seguridad.

    Tampoco hay que dejar de lado el rol de los medios de comunicación en este asunto, no en vano se los denomina el cuarto poder, y de la manera que imponen su opinión en la conciencia de las personas, evidentemente no solo son comunicadores de noticias, sino que además son formadores de opinión, siendo sin lugar a dudas uno de los principales autores y promotores de esta persecución que se ha hecho del ya mencionado Juez.

    Por último no creo que la destitución del juez Sal Lari sirva para contribuir con el problema de inseguridad por el que tanto se reclama hoy en día, me parce que hay que buscar soluciones más profundas que destituir de su cargo a un magistrado y esperar que el problema se solucione mágicamente de un día para otro. Así como las causas del problema son múltiples las soluciones también deben serlo.

    Caso Piombo – Sal Llargues. Adhiero a la postura 1:

    Me parce que si la sentencia de los magistrados está fundamentada en que ” tener relaciones con mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas…, no lo ve como algo moralmente edificante pero tampoco como un quehacer aberrante que hiera la integridad social.”, estaría vulnerando el principio de igualdad ante la ley consagrado en artículo 16 de la Constitución Nacional.

    Al estar justificando la sentencia de esta manera pareciera que para estos magistrados los conceptos de moral, honor, etc., y por consiguiente su vulneración, se ajustan de acuerdo al estrato social de la víctima. Deja entrever que una persona que se encuentra en una posición socio-económica más alta, posee más protección a la moral y el honor que una persona en una posición más desventajosa.

    Por lo que me parce que la sentencia posee tintes clasistas, sexistas y discriminatorios de determinados sectores de la sociedad, como establece la postura Nº 1.

    Con respecto al fundamento que dieron los jueces mencionados de que las menores ya tenían experiencia sexual, incluso con otros hombres y que debido a esto como el señor Francisco Avalos no habría iniciado sexualmente a las víctimas no puede hablarse de corrupción de menores es discutible, me parece que iniciar sexualmente a una persona menor utilizando la violencia y la intimidación no es la única manera de corromper a una persona, sino que lo que hizo Avalos de hacerle creer que la única manera que tenían las victimas de salvarse de un inminente fin del mundo era ser fecundadas por él, con las consecuencias que esto acarrea, también lo es.

    Por eso mi opinión es que un jurado debería rever la actuación de estos magistrados a fin de que se determine su continuidad en sus funciones , y tratar de evitar que casos como este no se repitan.

    Rodrigo Javier Vazquez.
    DNI: 35.314.199
    Com:6

  43. Florencia Lemos comisión 4

    CASO PIOMBO-SAL LLARGUÉS/ A favor de opinión 1
    La actuación de los magistrados es completamente objetable, si fuese inobjetable ¿Cual sería entonces la esencia del jury? Considero que está violentado el principio de razonabilidad, en el aspecto de que los jueces deben juzgar razonablemente, de acuerdo con el espíritu de la Constitución, preservando a la justicia por sobre todas las cosas. Cable aclarar, que no todo pensamiento es razonamiento; y a su vez, todo razonamiento es falible por provenir de un ser humano.
    Ante la lectura del fallo apelado no encuentro mas que la falacias que evidencian una actitud en demasía determinista y maníquea la adoptada por el tribunal de casación. ¿Acaso la situacion pobreza de la víctima es un atenuante? ¿Las victimas fueron menos dañadas que otras de su misma edad, pero de otra clase social? Teniendo en cuenta que un atenuante fue la supuesta experiencia sexual previa de las víctimas ¿Qué manera habría de probarlo más que la palabra? Es una argumento totalmente falaz afirmar que “algo sea verdadero porque aún no se haya demostrado que es falso”, mejor dicho es una falacia de las llamadas ad ignorantiam; sólo el principio legal de inocencia (la ley presume inocente a una persona hasta que se demuestre lo contrario) constituye una excepción, pero no es lo mismo hablar de un hecho antecedente que de una persona. El hecho de la experiencia sexual no debería restarle culpabilidad al acusado. En este caso, hay agravantes que pesan mucho más en la balanza que cualquier tipo de experiencia previa o “consentimiento”, que, de hecho, fue viciado por medio de la intimidación, que a su vez fue una traba a la libertad de acción ante una amenaza por parte de una figura de autoridad natural como es su padre.
    El imputado se ocultó tras un velo que fue su condición de pastor evangelista y empleó el poder de retórica que suelen tener los pastores de este culto, cosa que hoy en día es más que evidente al prender un canal y escuchar a un individuo que palabras mas, palabras menos, reza: “Pare de sufrir, aporte dinero a la iglesia y purifíquese de todo pecado para lograr la salvación”. La religión en este caso fue un arma de doble filo, a Ávalos le sirvió de anzuelo y lanza contra todas las mujeres que abusó, no es poca cosa, ha trascendido que han nacido dieciocho criaturas producto de esta conducta psicopática de Ávalos, cuya actitud es por demás impúdica, humillante, concuspiscente, contraria a las buenas costumbres. Con esto quiero decir, que estoy a favor de que los camaristas el Dr. Piombo y Dr. Sal Llargués sean sometidos a jury porque se debe poner bajo la lupa estos casos, ante los cuales no debemos perder la capacidad de asombro, en especial los estudiantes de derecho. Este caso debe servirnos de contraejemplo.

    CASO SAL LARI/ Estoy de acuerdo con que vaya a jury pero es una contradicción tildar de “excesivamente garantista” a un Juez de Garantías que, de hecho, va a jury por no haber garantizado la salida en libertad de un imputado.
    El juez Sal Lari al ser Juez de Garantías debe justamente velar por las garantías constitucionales de los procesados pero también de las víctimas, cosa que, no hizo en varias oportunidades. Debe encontrarse un justo medio, tampoco tendría que ser holgadamente garantista con los reclusos y no con las personas que estamos en libertad. Volviendo a este caso del jury en concreto, tampoco se debería hacer un paso de pelota de la culpa, por ejemplo, hacia las autoridades penitenciarias. Ya que si bien ordenó la libertad no corroboró luego si la orden de encarcelamiento se había efectivizado. Me parece que los asesinatos son prueba suficiente de mal desempeño del magistrado, por más objetividad que se pretenda tener.

  44. Moretto Mariano N. COM. 6

    SAL LARI: Tomo partido por la opcion Nº 2
    Considero que se esta condenando publicamente al magistrado por el descontento social y con esto se ve condicionado el accionar judicial, debemos tener en cuenta porque es suspendido de sus funciones, caso que es totalmente contrario a la posicion tomada por las madres del dolor y el intendente Gustavo Posse; Creo que Sal Lari esta siendo perseguido publicamente y esto debe preocuparnos a todos ya que los jueces no debes actuar condicionados por la opinion publica.

    PIOMBO-SAL LLARGUÉS: Tomo partido por la opcion Nº 1.

    Veo en el accionar de estos dos jueces que estan utilizando una posicion discriminatoria en contra de las menores y del sector social al que pertenecen.

    MORETTO MARIANO NICOLÁS
    DNI. 36.538.124
    COMISION 6

  45. Acosta Flavia Verónica

    Caso Piombo Sal Llargués

    Opción Nº 1 “Los jueces deben ser llevados a juicio político porque su sentencia es arbitraria y presenta tintes clasistas, sexistas y discriminatorios respecto de determinados sectores de la sociedad” NO ESTOY DE ACUERDO
    Critica:
    Los Magistrados se ajustaron a la Ley. Sus fundamentos legales los aplicaron acorde a nuestros tiempos, donde hace poco más de 6 meses incorporamos El Matrimonio Igualitario a nuestra legislación, años atrás esto jamás hubiera sido aceptado, con esto quiero decir que todo ha evolucionado velozmente, incluso el despertar sexual de los menores. Los Jueces entienden que no hubo “Estrupo” ya que las supuestas damnificadas habían mantenido relaciones sexuales, con anterioridad al hecho en cuestión, con distintas personas.
    No lo absolvieron del delito solo bajaron su pena, “El Abuso Deshonesto” radicó en una inducción psicológica de que se aproximaba el fin del mundo y para salvarse debían mantener Relaciones Sexuales con él(siendo él un miembro de una comunidad religiosa que profesa el amor al prójimo pero en un ámbito espiritual de buena fe, no en lo carnal), esa es la única razón por que lo condenan
    Además a mi entender y más que humilde opinión no deberíamos dudar de nuestras instituciones de forma desmedida ello obedece a que si ponemos en tela de juicio todo las sentencias estaríamos pretendiendo una anarquía Judicial y en ese caso quien cubriría dicho Órgano. Los jueces tienen la facultad de interpretar y aplicar la Ley

    Opción Nº 2 “La actuación de los magistrados no es objetable porque fundamentaron debidamente su decisión en parámetros legales, el juicio político procuraría coaccionar el poder judicial para que atienda los reclamos sociales de mano dura” SI ESTOY DE ACUERDO

    Caso Sal Lari Rafael
    Opción Nº 1” El jury político no afecta la imparcialidad del magistrado, porque sus sentencias van en contra de los reclamos sociales de seguridad, son excesivamente garantistas y la destitución servirá de ejemplos para que estos casos no se repitan.”
    NO ESTOY DE ACUERDO
    CRITÍCA:
    Parece una redacción más bien de corte o anti judicial. No corresponde poner en veredas contrarias a la ciudadanía y a quienes aplican la ley, sería más sano para una sociedad más justa aunar voluntades porque todos somos parte de esta Nación., y atacar una parte de su estructura solo trae una desarticulación de este sector. Ya lo expreso
    José Hernandez en su Martín Fierro “Si entre hermanos se pelean los devoran los de afuera” y así será, tendríamos que reflexionar quienes se benefician con estas posturas.
    Detrás de una crítica de tal tenor siempre viene a colación un interés mayor, bien sutil bien escondido. Defendamos nuestras instituciones no porque empiecen a funcionar mal solo no ocupemos de la crítica y perdamos de vista la mejor solución.

    Opción Nº 2 “El jury ha sido usado para alentar posiciones inconstitucionales,
    restrictivas de derechos y contrarrestar decisiones judiciales que los denunciantes no comparten; de tal manera, se asiste a una persecución política – ideológica que pone en tela de juicio a la Constitución y a la garantía de independencia del Poder Judicial.” SI ESTOY DE ACUERDO

    Acosta Flavia Verónica Comisión Nº 6
    D.N.I. 24.997.187

  46. Carlos César Da Corte

    CASO PIOMBO – SAL LLARGUÉS – TOMO PARTIDA POR LA OPINIÓN 1
    Como primera medida vale aclarar que la sentencia de un magistrado debería de ser la correcta; es decir, aquella decisión que sea lo más acertada dentro del parámetro de posibilidades para establecer una sentencia e ir descartando hipotesis para luego resolver un conflicto, donde existen dos partes en pugna; y en la absoluta búsqueda del equilibrio en el difícil arte de hacer justicia verdadera.

    Si bien la segunda opinión acerca de este caso manifiesta que los magistrados fundamentaron su posición basándose en parámetros legales; bien debemos conocer que con el fin de aclarar los grises, las normas son un camino que nos llevarán a una sentencia final; pero que toda norma debe ir acompañada de una correcta interpretación,ciencia deductiva, y no acomodar el sistema normativo como un simple rompecabezas empañado de carga ideológica, más aún, si tenemos en cuenta que la decisión de un magistrado es la que condiciona la libertad o la vida en prisión de un individuo, esto debería ser algo inconcebible dentro del Poder Judicial.

    Sinceramente resulta bastante infantil la fundamentación del Juez y no cabe duda que se encuentra teñida de interpretaciones subjetivas y un tanto discriminatorias; haciendo alusión a la condición económica y social en la que se encontraba la víctima a tal punto de ridiculizarla tergiversando el hecho y poniendo a la victima en el lugar del victimario.

    Acaso el magistrado puede realmente hacer un verdadero estudio social sobre, de acuerdo a su punto de vista, la ligereza de las adolescentes de los estratos sociales más bajos de la sociedad ?
    Un magistrado, no debería fallar conforme a derecho sin hacer distinción alguna entre sexo, raza, religión o condición social ?

    Ya estamos viviendo más de una decada del nuevo siglo y hay cuestiones que desde ningún punto de vista deberían estar en debate hoy día si realmente predicamos para que todos seamos iguales ante la ley.

    Pues ante todo somos seres humanos y ante un magistrado debemos estar todos en igualdad de condiciones. De esta manera no tengo ninguna duda que sería mucho más facil y sano poder fallar conforme a derecho y garantizar la paz social.

    Por lo expuesto considero que la opinión 1 es la más acertada y los jueces deberían estar declarando ante los tribunales superiores.

    Carlos César Da Corte
    Comisión 6 UNMDP

  47. Nicolas Serpa

    Teoria Constitucional, Serpa NIcolas, comision Nro 6.

    CASO SAL LARI:

    En este caso tomo como partido la valoración numero dos, el juez en cuestión cumplió con lo que se encuentran en las normas, se lo acusa de garantista pero no es ningún delito, lamentablemente usaron el dolor de las victimas que no comprenden debido a que se encuentran ciegas por el dolor que sienten y por la misma frustración del fallo. En este caso se pone en duda los derechos y garantías existentes en nuestra constitución y al mismo tiempo se debería hacer comprender y tratar de entender que nuestro sistema republicano establece a un poder judicial independiente no atado por la aprobación o no que pueda tener la sociedad o un legislador , y que por lo tanto la decisión final que dicta un juez es llevada a cabo luego de varias etapas de revisión teniendo como marco a la constitución nacional.-

    CASO PIOMBO – SAL LLARGUÉS
    En el fallo de este caso opto por la opción uno, los jueces deben ser llevados a juicio político, debido a que la decisión que tomaron es basada en una desigualdad social, discriminando a la menores que se han encontrado en el medio de este caso. No solo están dejando de lado a la constitución nacional, que todos debemos estar al mismo nivel, no importa ser mujer/hombre, menor/mayor, o estar en una escala social diferente, sino que además en la jurisprudencia estaría dejando un antes y un después, todas las personas que hayan nacido en esa escala social se encontrarían totalmente desprotegidos.-

  48. Facundo del Hoyo

    CASO SAL LARI – POSTURA ADOPTADA: 2

    En primer término, cabe poner de manifiesto el estado de crispación y descontento de parte de la sociedad en general hacia los poderes del Estado. Si bien es una tendencia que siempre ha sido marcada en un pueblo tan bipolar como excitista, a partir de la crisis de 2001, desde que los índices de criminalidad callejera ascendieron a la par de la delincuencia organizada, la protesta social se encuentra enceguecida por encontrar culpables. Quizá la autocrítica de generaciones de decadencia educativa sea una respuesta para comenzar a analizar la situación actual y proponer soluciones.

    Partiendo de esa base, y yendo en concreto al caso del juez de garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari no es más que un mártir circunstancial que algunos sectores que atinan a dar un manotazo de ahogado con el objeto de encontrar respuestas urgentes sacrifican en pos de sortear la coyuntura. Cuál es la coyuntura? La misma que se mencionó en el párrafo precedente, merecedora de cientos de párrafos e investigaciones más, porque constituye el meollo de la problemática social de este país, derivada de crisis de altibajos, que como una caja de Pandora se desencadenaron en los años 90. Me refiero en concreto al declive de una porción, de un estrato de la sociedad que tuvo su momento de luz y cayó a un pozo donde sólo ve lo que ningún gobernante quiere ver: falta de educación, desatención social, adicciones, desamparo, y lo demás que es de público conocimiento. En fin, causas de la delincuencia, de la tan trágicamente mentada inseguridad, que ahora protagoniza sentencias y se entromete más y más en el ámbito jurídico.

    Mucho se relaciona esto con la decisión del magistrado Sal Lari respecto resonante caso “González” (el único que pudo llegar sano y salvo como objeto del juicio político que se le seguirá), que no fue más que el asentimiento de la revocación de la prisión preventiva por parte de la Cámara de Apelaciones, mediante un libramiento de oficio a la comisaría. El retardo y la negligencia de otros responsables anónimos a los que nadie hizo alusión produjo que el imputado permaneciera privado ilegítimamente de la libertad durante siete meses. Cabe preguntarse entonces qué papel cumplieron la secretaria, el abogado defensor de González y otros funcionarios que formaban parte del proceso y, como tales, son parte integrante del Poder Judicial. Porque Poder Judicial no son sólo los jueces.

    En este sentido, es menester citar al juez en lo correccional y profesor de Derecho Procesal Penal, doctor José Luis Ares, cuando aduce que “existe un grave error de concepto (siendo biempensado) por desconocimiento de la tarea judicial y de las incumbencias de los secretarios como custodios de los expedientes, jefes directos del personal del juzgado y ejecutores de las órdenes judiciales. Es que a partir de este precedente, ¿los jueces deberán concurrir personalmente a cárceles y comisarías para verificar que se cumplieron sus órdenes de libertad?”.

    Respecto del tan reiterado y ya infeliz término “garantismo”, los medios de comunicación en general, como dueños y escultores de la verdad a gusto e interés, han tergiversado su significado, como si la intención de la Justicia fuera dejar libres a los imputados porque sí, avasallando el principio de inocencia y yendo a contramano de las normas procesales. Y el público absorbe ese pensamiento irreal. La institución de la prisión preventiva (fundada justamente para prevenir, para evitar obstrucciones en las diligencias e investigaciones que se lleven a cabo para dilucidar responsabilidades y culpas) de por sí es ya sobreutilizada en el ámbito penal, sea por temor de los magistrados, sea por costumbre.

    Para terminar, la solución es de fondo, porque la causa, tal como se apuntara supra, también. Los jueces –aquellos que se salvan y escapan de la mano negra de la corrupción- administran justicia, pero no las rentas del Estado, ni ejecutan las decisiones de la política económica y social del país. El desarrollo social se logra con educación integral, con contención familiar, con cultura del trabajo, con fomento al progreso económico, moral e intelectual. La iniciativa debe ser bilateral, debe provenir del pueblo y de sus representantes. Los jueces, que deben procurar obrar conforme a derecho, no son quienes deciden el presente ni el futuro de las cárceles, abarrotadas y sobrevividas por criminales en potencia, habidos y por haber. El servicio penitenciario, conjuntamente con una de las instituciones más corruptas y difíciles de ser purgadas, como lo es la Policía Federal, conllevan una necesidad urgente de reorganización y desburocratización. Y los jury de enjuiciamiento existen para juzgar conductas ilegales, no como intérpretes últimos de las normas individuales que emanan de los órganos jurisdiccionales. Para eso existe la Corte Suprema de Justicia como instancia última. Las responsabilidades de la injusticia no son exclusivas de una persona. La cuota es repartida. De los que estuvieron, están y estarán, dentro o fuera del poder.

    CASO SAL LLARGUÉS – PIOMBO — POSTURA ADOPTADA: 1

    Mucho se ha debatido acerca de la legitimidad o no de adjudicar la culpabilidad de un delito a la integridad sexual a un pastor evangélico que, a la luz de lo observado en el fallo dictado en primera instancia, ha sido colocado en una posición ventajosa, más parecida a la de mensajero apocalíptico que de corruptor de menores. Haya sido o no, para los magistrados de la Cámara de Apelaciones, su condición un atenuante para la condena, es claro que la integridad de las víctimas se hallaba vulnerada mucho antes del acto de abuso. Se trata de una integridad más amplia que la sexual, a mi juicio cabría denominarla “integridad moral”.

    Para el letrado defensor, Alberto Andrés Altieri, “se encuentra ausente en la fundamentación de la sentencia, el requisito subjetivo del delito normado en el art. 119, que requiere que el autor del delito, conozca la falta de consentimiento de las víctimas, máxime cuando el consentimiento fue exteriormente prestado por las damnificadas”. Asimismo, en sus argumentos, excluía al causante de haber coartado la resistencia de las víctimas porque –arguye- “no ha existido intimidación, ni violencia, ni amenazas, que hayan tenido la capacidad de vulnerar el consentimiento finalmente prestado por las menores”.

    Las palabras expuestas precedentemente ponen en claro que la condena era una remisión fría y estrecha a los helados términos del Código Penal. Por eso, y para remediarlo, el juez debe obrar conforme a derecho, pero también a principios. Teniendo en cuenta una de las definiciones clásicas del derecho objetivo, que lo concibe como el conjunto de normas emanadas por una autoridad competente vigentes en un pueblo en un momento determinado, se puede vislumbrar fácilmente que los magistrados omitieron una parte fundamental de dicho concepto: el momento determinado. También omitieron valores que deberían ser propios de quien administra justicia, dado que la justicia en sí misma es un valor.

    En este orden de ideas, cuando refiero a un momento determinado, también se podría agregar el lugar. Y en cuanto a esto último, las víctimas, menores de edad y nacidas en un entorno de marginalidad que poco les permitía ver qué está bien y qué está mal, qué es beneficioso y qué es perjudicial, es entendible que sucedan hechos como el que se describe en autos. Porque lo más defectuoso, lo más deteriorado, era su integridad moral. Y si la integridad moral está degradada (producto del infortunio de no poder cumplir siquiera con sus necesidades básicas), su integridad sexual también, así como su escaso nivel educativo, su presumiblemente insana nutrición, su falta de contención en el círculo familiar. Variantes que dejaron a la niña casi adolescente a la deriva. A la deriva de ser heridas por cualquier transgresor circunstancial. Y ese transgresor resultó ser Francisco Ávalos, que por lo que se comprueba fácilmente no es una persona que esté en sus cabales.

    El hecho de absolver al acusado del delito de corrupción de menores porque las víctimas pertenecían a “comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas” es lo mismo que aceptar que la indefensión y la pobreza funcionan como silenciadores de la pena. En ese sentido, la sentencia es discriminatoria, porque excluye a un sector social de la tutela de un derecho, el de la integridad sexual o, dicho de otro modo, el de no ser corrompido sexualmente.

    Es impostergable la coordinación de la tarea judicial con profesionales especializados en las áreas que cada caso en particular requiera. En el caso concreto, la asistencia psicológica y, más aún, la actuación de un estudioso de las ciencias de la salud mental como perito hubiera sido un gran respaldo y hubiera ayudado a catalizar el proceso. Muchas veces, los doctores en leyes deben lidiar con asuntos que son propios a otras disciplinas, y es por ello que la coordinación explicada resulta imprescindible.

    La predisposición de las menores a consumar el acto sexual con el pastor, así como también con la madre, con cada una de las cuales tuvo un hijo, resulta a simple vista un hecho consentido inconcientemente, no sólo por la edad de inmaduración de las dos chicas, sino por el “contexto intimidatorio” (así reza acertadamente la sentencia en primera instancia) construido por el pervertido a través de mensajes “del fin del mundo”.

    Las posiciones asumidas por ambos camaristas, Sal Llargués y Piombo, vulneran notoriamente el principio de igualdad ante la ley, consagrado incluso en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Ello se advierte cuando deslinda de culpabilidad a Ávalos del delito de corrupción de menores por las condiciones sociales de la víctima, traduciendo a grosso modo la exposición que consta en el fallo.

    En síntesis, el Poder Judicial debe actuar conforme a la ley y a lo que se considera correcto, a las tantas veces citadas “buenas costumbres” y atendiendo a las necesidades de cada persona en particular, sea parte actora o demandada. La ley debe aplicarse por igual a todas las personas, independientemente de su condición social, que es la diferencia esencial, pero que no debe obstruir la aplicación de las normas. El jury de enjuiciamiento deberá intervenir si es que hay evidencia de que no se operó de conformidad a la legislación penal vigente. En este caso sí la hay. Pero el jury no solucionará reclamos sociales que van más allá de este pedido de justicia concreto. La justicia no es sólo sanción. La sanción no es la única solución. Debe proveerse asistencia a las víctimas. Y prevención, sólo con educación, conjugada con previsión a largo plazo.

  49. Carlos Cesar Da Corte

    CASO SAL LARI – TOMO PARTIDA POR LA OPINIÓN 2
    Nuestro país goza de un sistema republicano y como tal se encuentra representado por Instituciones.
    La Justicia es el tribunal superior que, ante conflictos y contravenciones, debe fallar conforme a derecho con el fin de garantizar la paz social, basándose en el sistema normativo que en su texto lo prevee y en la plena búsqueda de la interpretación del sistema normativo, para hacer alusión al pensamiento de Kelsen.
    Somos un sistema democrático y nuestra Constitución es tan rica como aquellas Constituciones que representan a las democracias más modernas del mundo y nada debemos envidiar de ellas.
    Pero desde mi punto de vista creo que el problema que estamos atravesando va más allá de esto, pues debemos mejorar nuestra vida cívica y democrática si realmente queremos ser un país que sea visto como un ejemplo.
    Por un lado tenemos a los medios de comunicación, conocidos como “el cuarto poder” pues hoy día son el ojo crítico de muchas cuestiones e influyen enormemente en el pensar colectivo a tal punto que muchos se adjudican el ser los abanderados de las causas sociales.
    Ahora bien, cual es la objetividad que poseen ? Algunos periodistas, están realmente capacitados para ser formadores de opinión ? Cual es su imparcialidad ante dos reclamos en pugna ?
    La influencia de los medios masivos de comunicación en el pensamiento colectivo es indiscutible, hay noticias las 24 horas del día en todo el mundo y por una diversidad de canales comunicativos de alta tecnología, donde en cuestiones de minutos poder contactar a un medio vía correo electrónico y tener una cámara en la esquina de casa en un abrir y cerrar de ojos.
    Y pareciera que hoy día vende más una mala noticia que la noticia en sí. Y E por este motivo que se deben leer los anuncios entre líneas y poder discriminar lo que es puramente información y lo que es propaganda subjetiva. Bien se sabe cual es la objetividad de algunos medios de comunicación y cual es la subjetividad de otros.
    Por otro lado tenemos a la sociedad argentina; la cual hace infinitos reclamos teniendo en cuenta las deficiencias que se ven en algunas Instituciones donde los medios hacen incapié en su mal funcionamiento y en muchos casos pareciera que pronosticasen el caos social.
    Como democracia joven que somos, debo reflexionar, que aún quedan rezagos de individualismo y caprichos personales que queremos que se cumplan urgentemente; sin tener en cuenta que son las Insittuciones las que deben hacer ese trabajo pues son un poder concedido por el Estado y contemplado en nuestra Constitución Nacional.
    La Madres del Dolor aglutina a aquellas Madres que han sufrido la violencia contra sus hijos y no cabe duda que si tuviesen al culpable frente a sus ojos harían justicia por mano propia y metafóricamente muchas se sumarían a una especie de caza de brujas para llevar a la hoguera a los culpables del delito, uno por uno.
    Ahora bien , que tan efectiva es la ley del talón, ojo por ojo y diente por diente, en un mundo tan complejo como en el que vivimos ? Es esto lo que realmernte queremos los ciudadanos que formamos parte de una República Democrática ?
    Concluyendo considero que la justicia por mano propia es el peor camino al que puede excoger una sociedad desesperada pues llevaría al salvese quien pueda. Una sociedad se convertiría en barbarie y generaría un retroceso social inimaginable. Y esto es lo que realmente se debe evitar pues el hoy día poder gozar de una democracia es un logro que nos ha costado mucha sangre y dolor.
    Creo por otra parte que, como lo practican las democracias modernas, se puede hacer prevención del delito mediante programas eficaces sin tener que recurrir a mecanismos extorsivos como resultado más que como casusa.
    La confianza en las Instituciones es lo primordial que debe tener en cuenta un individuo que vive en una sociedad democrática e igualitaria; ya que tales Instituciones son el poder soberano que nos representa.
    Y en el supuesto caso que un fallo judicial genere controversias y se considere que ha estado influenciado por motivos ajenos al Derecho; es nuestra Corte Suprema de Justicia la que debería dar su último veredicto pues es esto la que nos identifica como un verdadero país republicano.
    Mi opinión final es que bajo ningún punto de vista un Juez debe estar sometido a las presiones sociales, pues nuestras normas anticipan esto en su texto ; y si como es de saber, las sociedades cambian y aparecen nuevos reclamos típicos de un mundo moderno y cambiante, es poder único de los legisladores, quienes nos representan, generar aquellos proyectos de ley que los contemplen para finalmente anexarlos a las normativas vigentes.
    Carlos César Da Corte
    Comisión 6 UNMDP

  50. Carlos Cesar Da Corte

    CASO SAL LARI – TOMO PARTIDA POR LA OPINIÓN 2
    Nuestro país goza de un sistema republicano y como tal se encuentra representado por Instituciones.
    La Justicia es el tribunal superior que, ante conflictos y contravenciones, debe fallar conforme a derecho con el fin de garantizar la paz social, basándose en el sistema normativo que en su texto lo prevee y en la plena búsqueda de la interpretación del sistema normativo, para hacer alusión al pensamiento de Kelsen.
    Somos un sistema democrático y nuestra Constitución es tan rica como aquellas Constituciones que representan a las democracias más modernas del mundo y nada debemos envidiar de ellas.
    Pero desde mi punto de vista creo que el problema que estamos atravesando va más allá de esto, pues debemos mejorar nuestra vida cívica y democrática si realmente queremos ser un país que sea visto como un ejemplo.
    Por un lado tenemos a los medios de comunicación, conocidos como “el cuarto poder” pues hoy día son el ojo crítico de muchas cuestiones e influyen enormemente en el pensar colectivo a tal punto que muchos se adjudican el ser los abanderados de las causas sociales.
    Ahora bien, cual es la objetividad que poseen ? Algunos periodistas, están realmente capacitados para ser formadores de opinión ? Cual es su imparcialidad ante dos reclamos en pugna ?
    La influencia de los medios masivos de comunicación en el pensamiento colectivo es indiscutible, hay noticias las 24 horas del día en todo el mundo y por una diversidad de canales comunicativos de alta tecnología, donde en cuestiones de minutos poder contactar a un medio vía correo electrónico y tener una cámara en la esquina de casa en un abrir y cerrar de ojos.
    Y pareciera que hoy día vende más una mala noticia que la noticia en sí. Y E por este motivo que se deben leer los anuncios entre líneas y poder discriminar lo que es puramente información y lo que es propaganda subjetiva. Bien se sabe cual es la objetividad de algunos medios de comunicación y cual es la subjetividad de otros.
    Por otro lado tenemos a la sociedad argentina; la cual hace infinitos reclamos teniendo en cuenta las deficiencias que se ven en algunas Instituciones donde los medios hacen incapié en su mal funcionamiento y en muchos casos pareciera que pronosticasen el caos social.
    Como democracia joven que somos, debo reflexionar, que aún quedan rezagos de individualismo y caprichos personales que queremos que se cumplan urgentemente; sin tener en cuenta que son las Insittuciones las que deben hacer ese trabajo pues son un poder concedido por el Estado y contemplado en nuestra Constitución Nacional.
    La Madres del Dolor aglutina a aquellas Madres que han sufrido la violencia contra sus hijos y no cabe duda que si tuviesen al culpable frente a sus ojos harían justicia por mano propia y metafóricamente muchas se sumarían a una especie de caza de brujas para llevar a la hoguera a los culpables del delito, uno por uno.
    Ahora bien , que tan efectiva es la ley del talón, ojo por ojo y diente por diente, en un mundo tan complejo como en el que vivimos ? Es esto lo que realmernte queremos los ciudadanos que formamos parte de una República Democrática ?
    Concluyendo considero que la justicia por mano propia es el peor camino al que puede excoger una sociedad desesperada pues llevaría al salvese quien pueda. Una sociedad se convertiría en barbarie y generaría un retroceso social inimaginable. Y esto es lo que realmente se debe evitar pues el hoy día poder gozar de una democracia es un logro que nos ha costado mucha sangre y dolor.
    Creo por otra parte que, como lo practican las democracias modernas, se puede hacer prevención del delito mediante programas eficaces sin tener que recurrir a mecanismos extorsivos como resultado más que como casusa.
    La confianza en las Instituciones es lo primordial que debe tener en cuenta un individuo que vive en una sociedad democrática e igualitaria; ya que tales Instituciones son el poder soberano que nos representa.
    Y en el supuesto caso que un fallo judicial genere controversias y se considere que ha estado influenciado por motivos ajenos al Derecho; es nuestra Corte Suprema de Justicia la que debería dar su último veredicto pues es esto la que nos identifica como un verdadero país republicano.
    Mi opinión final es que bajo ningún punto de vista un Juez debe estar sometido a las presiones sociales, pues nuestras normas anticipan esto en su texto ; y si como es de saber, las sociedades cambian y aparecen nuevos reclamos típicos de un mundo moderno y cambiante, es poder único de los legisladores, quienes nos representan, generar aquellos proyectos de ley que los contemplen para finalmente anexarlos a las normativas vigentes.

  51. Romina Belén Ochoa com 6

    Caso SAL LARI tomo partido por la opinión 2
    A mi parecer se trata de un ataque a la independencia del PJ con una utilización mediatica y política del caso. El juez Sal Lari es acusado de “excesivamente garantista”, de favorecer con sus fallos el actuar delictivo, hasta tildarlo de enemigo público. Me pregunto que pretendemos de los jueces? deberiamos pretender que respeten las garantias previstas en nuestra Constitución y en Taratados Internacionales de igual jerarquía sino estarian violando su juramento y no serían los jueces independientes e imparciales que pretendemos. A este juez no se lo acusa de comisión de hecho ilicito alguno ni de corrupcción ni se pone en duda su probidad ni su honradez, y me parece sin motivo suficiente el” caso Gonzalez” para la imputación de mal desempeño. Sal Lari solo aplico derecho que es su deber podemos estar o no de acuerdo, en este último caso la sociedad debera pedirle a los legisladores un cambio en las normas.Comprendo el legitimo sufrimiento de “Madres del dolor” pero es injustificado e irrazonable su pretención de responsabilizar a este juez de los hechos delictivos sufridos por las victimas y mas reprochable que se utilize este reaccionar pasional para llevar adelante la bandera del manodurismo proclamada por el intendente Posse y el ingeniero Blumberg y si con este Jury se abre la ventana para alentar la restricción de derechos y oponerse a decisiones judiciales por el hecho de los denunciantes no estar de acuerdo, estamos frente a una persecución politica e ideologica que pone en riesgo la propia Constitución y la independencia del Poder Judicial.

  52. En el CASO SAL LARI tomo partida por la Opinión 2.
    Creo que en cierta manera, es un ataque a la independencia que posee el poder judicial. A lo sumo el único reclamo “valido” podría ser (y dicho sea de paso asi lo es) el que poseía menos fuerza mediatica.Por lo que pude entender, en todo caso seria un problema de negligencia pero ni siquiera esto lo afectaría totalmente y directamente al juez Sal Lari (y si asi lo fuera lo seria en un menor grado) como si lo hace con su secretaria.
    Respecto al proceder llevado a cabo por las Madres del Dolor, siento un profundo respeto por la perdida de sus seres queridos pero creo que el enfoque de la realidad debería ser otro. El problema va mas allá. Con esto me quiero referir a la codificación que poseemos, al sistema mismo. ¿Que podemos pretender de una “justicia” que no es “tan ciega”? Una justicia que esta hecha a la medida de algunos. Una justicia en la que ladrones (comprobados) caminan libremente por las calles y gozan de la buena vida (para mas información busque políticos de la Argentina) mientras que un indigente es condenado por robar dos pedazos de queso o un chico sufre una pena de diez años por robar un peso.
    Y ni hablemos de las instituciones “sanas y limpias” en las que se alojan los reos para su futura adaptación a la sociedad. Cárceles en condiciones deplorables con hacinamiento, abusos, humillación. Circunstancias indignas para un ser humano en fin.
    Para redondear el tema, y no omitir la crítica sobre el papel del intendente Posse, me parece que es algo mas que oportunista propio de un gobernante de su raza. Un político más de los que lamentablemente llevan esa etiqueta y de las que tan acostumbrados estamos a ver en nuestro país.

    Caso PIOMBO – SAL LLARGUÉS
    Posición 1.
    En la lectura de este fallo, según mi criterio, se uso una terminología discriminatoria y sexista. Si bien, es necesario y esta sustentado por la ley que el juez debe dar una justificación coherente de su decisión, la justicia vela por la equidad y es justamente aquí en donde vemos que las menores por el solo hecho de pertenecer a una clase social en donde se “acepta relaciones a edades muy bajas” los hechos no fueron vistos como “algo moralmente edificante pero tampoco como un quehacer aberrante, repulsivo, que hiera la integridad sexual o que constituya, como se ha dicho, “la pompa de la deshonestidad”.
    Además, debo confesar que me llamo la atención como se manifiesta un punto de vista sobre el supuesto “cambio” que sufrió el concepto de honestidad teniendo de esta forma resultados como la reciente Ley de Matrimonio Igualitario.
    Debo decir que de ninguna manera veo una debida asociación entre los dos últimos.(¿Acaso se asocia un “retroceso” en el ideal de honestidad con la depravación?)
    Desafortunadamente debo dar a conocer que no fue solamente este fallo el único que dio para hablar del Sr Juez Piombo sino que este, junto con el caso No. 32645*, han sido nominados por una organización internacional de derechos humanos como uno de los fallos mas sexistas.

    *Un hombre apelo la decisión que lo condeno a 24 años de prisión por abuso sexual agravado (violo a tres menores, dos de ellas eran sus propias hijas).La Corte rechazo los factores de agravamiento (“la eyaculación interna es algo natural, las niñas no tenían posibilidad de quedarse embarazadas”).Reducción de la pena a 16 años.

  53. Montoya emilio juan com 6

    a favor posicion 2 valorizacion critica posicion 1
    Dejo constancia que no estoy de acuerdo en la sentecia tampoco se si fue efectuada con funtamento constitucional o de acuerdo a derecho ,pero no puedo ni quiero modificar mi opinion de acuerdo a cada caso.Las leyes parten de los tejidos sociales y se plasman a travez de los legisladores que son quienes los representan eso debemos modificar para en caso de corresponder reclamar al juez ,si este falla lo hace de acuerdo a una institucion que lo habilita o si no hagamos una ley que exprese “cuando hay presiones politicas fallemos de otra manera”,el juez no puede decir la sociedad necesita otra cosa tiene que fallar de acuerdo a derecho a este el derecho no se lo condiciona con presion (llamese medios etc) se lo condiciona legislando y aprobando leyes para ser cumplidas este prieto comentario expresa que si bien no estoy de acuerdo con la sentencia la tengo que aceptar y relizar los reclamos por las vias que correspondan para modificar las leyes que fundaron el fallo por medio de los instrumentos constitucionales que todo ciudadano tiene en un regimen de libertad ,si en este caso corresponden el enjuiciamiento por errores seran la autoridades habilitadas a tal fin las que actuan ellas son las verdaderas responsables de determinarlo

  54. Montoya emilio juan com 6

    Caso SA LARI A FAVOR OPINION 2 VALORIZACION CRITICA POSICION 1
    Representa un riesgo grave para la independencia dep poder judicial
    madres del dolorderechos humanos
    8y los delincuentes),Gustavo posse año electoral,algunos medios de difucion,a todos estos los considero persecutores del tema ,saben algo ellos de division e independencia de poderos ,de control de constitucionalidad deberian informarse que pasara con otros jueces ,?fallaran de acuerdo a la coonstitucion de acuerdo a derecho?o sentiran la precion social al imaginarse en casos analogos sometidos a juri de enjuiciamiento.Todo esto a mi criterio afecta a la imparcialidad futura de jueces y justicia estamos en un sistema republicano,los jueces no deben fallar lo que la sociedad les reclama (pose ,madres ,medios )esto es afectar la imparcialidad del juez tanto la imparcialidad como la sentencia son garantias ,nada lei del apoyo hacia el juez de 400 firmas de destacadas personalidades ,ademas de organizaciones de los derechos humanos y de la justicia equilibrada o por CELS Respetemos la libertad y las instituciones para hacer los reclamos correspondientes ellos tienen derecho para ejercer ese poder de reclamo pero el poder de impartir la justicia lo tiene el derecho al menos en una Nacion como la nuestra

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