Analizar las siguientes opciones, tomar partido por alguna y formular una valoración crítica a la postura adversa:
a) La potestad constitucional del Poder Ejecutivo para el manejo de las relaciones exteriores de la Nación (particularmente, para la celebración de tratados con potencias extranjeras) está exenta del control judicial.
b) Siempre que el contenido de la política exterior y/o los acuerdos internacionales comprometa la vigencia de cláusulas constitucionales, los Magistrados tienen el deber de efectuar el debido control de constitucionalidad.

 

Declaración de inconstitucionalidad

Apertura del 132° período de sesiones ordinarias del Congreso

Nota La Nación 1

Nota La Nación 2

Nota Página 12 1

Nota Página 12 2

 

Esta entrada tiene 31 comentarios

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  7. María Constanza Cocciardi

    Cocciardi, María Constanza – Comisión 5

    Definitivamente en contra de la “A”

    El artículo 116 comienza diciendo: “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución…” por lo cual, con la simple lectura, deducimos que bajo ningún punto de vista la potestad constitucional del Poder Ejecutivo para el manejo de las relaciones exteriores de la Nación está exenta del control judicial, y mucho menos si se trata de tratados internacionales. A su vez, luego de la última reforma que tuvo nuestra constitución, los tratados y los concordatos adquirieron una jerarquía mayor a la de las leyes. También recordemos lo que dice el artículo 31: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación…” entonces, si los tratados firmados con potencias extranjeras son también la ley suprema de la Nación, tienen jerarquía superior a las leyes ordinarias y el propio artículo 31 dice que las autoridades de cada provincia están obligadas a someterse a la ley suprema ¿cómo se puede sostener que el poder judicial no ejerza el debido control? Aún más en un país que adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Es una locura, vamos en contra de nuestra propia Constitución Nacional…

    En cuanto al Memorándum en sí, considero que los fines que tiene son realmente loables, ya que busca afianzar la memoria, verdad y justicia en un caso que no ha avanzado mucho debido a la imposibilidad de tomarles indagatoria a ciertos funcionarios iraníes, pero considero que el fin nunca justifica los medios. El Poder Ejecutivo se excedió en cuanto a las atribuciones que le confiere el 99 inc. 11, a su vez no se tuvieron en consideración varios artículos que se violan con la creación de la denominada “Comisión de la verdad” artículos de nuestra Constitución, tales como el 1, 18, 27, 109 y 116…
    También éste procedimiento viola un considerable número de tratados internacionales, que incluso proponen métodos más idóneos.

  8. Morena Cascallares

    María Morena Cascallares 38607814
    Comisión 6
    Mi postura es a favor de la B.
    En primer lugar, porque el control de constitucionalidad es propio de nuestro sistema republicano y debe aplicarse sin excepción. Por más que constitucionalmente, las relaciones exteriores estén a cargo del poder ejecutivo, éstas deben realizarse con la prudencia necesaria y bajo el resguardo de la Constitución y los tratados internacionales incorporados con su misma jerarquía. Al firmarse un instrumento de estas características, sobre todo con las susceptibilidades que el tema conlleva, donde se perdieron vidas humanas en un acto de terrorismo y luego de casi 20 años sin un resultado en el que no se han podido esclarecer los hechos acaecidos, la cuestión merece el debido tratamiento.
    Medidas que parecieran favorecer la situación de los acusados, no parecen dignas de un poder ejecutivo que debe enfrentar una situación con la importancia que merece. Hay que mencionar que esas cláusulas son también ilegales, ya que violentan los artículos 16, 18, 27, 28, 31, 75 inciso 22 y 109 de la Constitución Nacional. Es necesario considerar que el poder judicial no sólo tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad del vergonzoso tratado (art. 116 C. N), sino, también tiene la obligación de hacerlo.
    De esta manera, si se quiere hacer justicia en los lamentable hechos acontecidos el 18 de julio de 1994 (que es lo que en verdad, ya se debería haber hecho) el Estado argentino debe actuar con sensatez y aplicar severas medidas, dentro de sus facultades para poder determinar los verdaderos responsables y aplicar los merecidos castigos. Debe majearse dentro de su ámbito constitucional y apoyarse en la carta Magna, la que le otorga las herramientas necesarias para hacer justicia. Se necesitan poderes que actuen dentro de lo que la Constitución les permite y les manda, SIN EXCEPCIONES, que ante el incumplimiento, el acto sea sancionado con la tacha de inconstitucional. Ningún poder debe sobrepasar sus atribuciones o realizar actos fuera del marco legal de sus funciones.
    Por último, en mi opinión, la declaración de inconstitucionalidad de el tratado es un hecho a no pasar por alto. Ya que, lamentablemente, un acto de estas características en nuestra realidad no es usual. Vivimos en un país en el que el manejo del poder es monopólico y las decisiones del poder ejecutivo son tomas sin cuestionar. La justicia debe seguir tomando medidas de esta índole no sólo sobre el ejecutivo, sino también sobre el legislativo para el resguardo de nuestra Constitución y su integridad. En un país donde la representación internacional no es la deseada, ejercer control en las áreas que están permitidas, es la mínima deseable.
    El control de constitucionalidad debe integrar el sistema de pesos y contrapesos que conforman la forma republicana de gobierno, para asegurar el respeto y adecuación a la Constitución Nacional.

  9. Gustavo Alvarez Posse

    Teoría constitucional comsion 6:
    Alumnos: Alvarez Posse, Gustavo Damian
    dni: 37434163
    La postura a la que yo adhiero en la b) Siempre que el contenido de la política exterior y/o los acuerdos internacionales comprometa la vigencia de cláusulas constitucionales, los Magistrados tienen el deber de efectuar el debido control de constitucionalidad. debido a que considero que el poder judicial tiene la potestad y el deber de ejercer el control de constitucionalidad en el citado caso del acuerdo argentina-iran debido a que de llevarse a cavo el mencionado acuerdo se estarían violentando normas constitucionales (tales como las dispuestas en los artículos 27,28,31,18,16,116,118,75 inciso 22,109 de la constitución nacional argentina), las cuales el poder judicial debe hacer valer y respetar, es decir garantizar su supremacía, esta llamativa violación de los articulados constitucionales mencionados entiendo que se produce debido a que el poder ejecutivo se extralimito en sus facultades y potestades violentando el derecho interno y nuestra norma suprema que es la constitución nacional, violentando la divicion de poderes haciendo prevalecer al poder ejecutivo por sobre el resto,adoptando la postura A creo que se estaría poniendo en riesgo la forma republicana de gobierno, en mi opinión personal creo el acuerdo mencionado no es el mejor camino para la resolución del conflicto en cuestión debido a que debe respetarse lo expuesto en nuestro derecho interno, no se lo puede violentar por mas que el fin buscando sea el correcto, debe buscarse otro camino en concordancia con nuestro derecho interno para lograr el fin deseado.

  10. Considero que los magistrados si tienen el deber de efectuar el debido control de constitucionalidad .El tratado entre Argentina e Irán por ejemplo, es una materia controlable y los órganos judiciales están facultados .Todos los jueces cualquiera sea la jerarquía del tribunal al que pertenezcan tienen el deber de defender la supremacía de la Constitución .
    Este control es un procedimiento mediante el cual se le da efectividad a dicha supremacía, cuando ésta es infringida por normas o actos provenientes del Estado o de los particulares.
    Es controlable porque nuestra Constitución ocupa el primer lugar y es la ley suprema según los artículos 31, 27 y 75 inc. 22.
    Como así también es atribución del poder judicial, según el art 116, que: “le corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la constitución…y por los tratados con las naciones extranjeras…”
    Por ultimo con respecto a los artículos periodísticos y el fallo de inconstitucionalidad del Acuerdo firmado entre Argentina e Irán denota violaciones de garantías, la vulneración del sistema republicano de gobierno, la división de poderes, la independencia judicial, la garantía de debido proceso, el principio de juez natural, el derecho a la defensa en juicio, el principio de igualdad ante la ley, el derecho a las víctimas de acceder a la justicia y a los Tratados internacionales de derechos humanos.

  11. Considero que los magistrados si tienen el deber de efectuar el debido control de constitucionalidad .El tratado entre Argentina e Irán por ejemplo, es una materia controlable y los órganos judiciales están facultados .Todos los jueces cualquiera sea la jerarquía del tribunal al que pertenezcan tienen el deber de defender la supremacía de la Constitución .
    Este control es un procedimiento mediante el cual se le da efectividad a dicha supremacía, cuando ésta es infringida por normas o actos provenientes del Estado o de los particulares.
    Es controlable porque nuestra Constitución ocupa el primer lugar y es la ley suprema según los artículos 31, 27 y 75 inc. 22.
    Como así también es atribución del poder judicial, según el art 116, que: “le corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la constitución…y por los tratados con las naciones extranjeras…”
    Por ultimo con respecto a los artículos periodísticos y el fallo de inconstitucionalidad del Acuerdo firmado entre Argentina e Irán año denota violaciones de garantías, la vulneración del sistema republicano de gobierno, la división de poderes, la independencia judicial, la garantía de debido proceso, el principio de juez natural, el derecho a la defensa en juicio, el principio de igualdad ante la ley, el derecho a las víctimas de acceder a la justicia y a los Tratados internacionales de derechos humanos.

  12. cristian ariel bianchi

    Es imprescindible al momento de ofrecer una opinión sobre este tema, comprender cuál es la sustancia de la cuestión, como así también conocer con quien se ha realizado un acuerdo.
    La asociación de mutual israelita argentina sufrió un ataque en 1994 dejando 85 muertos y más de 300 heridos, casi 20 años después y prácticamente en las sombras del funcionamiento legislativo se aprobó un memorándum de acuerdo con IRAN, sobre la investigación de los hechos que conmocionaron a nuestra nación, generando estupor en una sociedad que aun hoy se pregunta porque? Las razones quizás tengan sentido para los promotores de este acto de terrorismo y para quienes aprueban acuerdos que se vuelven insostenibles por las normas vigentes en ambos estados, sin más efectos que el de dilatar nuevamente su resolución.
    El grupo terrorista Hezbola es quien se atribuyó el atentado luego de tres días de ocurrido, con un comunicado y también por intermedio de un video.
    No menor, es destacar que hezbola fue Fundado con apoyo de Irán, financiado y entrenado por dicha república, por el ayatollah khomeini , líder de la Revolución Islámica iraní en los 80.
    El presidente mahmud ahmadineyad es quien se encontraba en funciones al momento del memorándum (su mandato termino en agosto de 2013), el mismo que en innumerables oportunidades tuvo como destinatarios de sus declaraciones al pueblo israelí manifestando abiertamente que Israel debería ser borrado del mapa (conferencia en Teherán del 2005 titulada por un mundo sin sionismo) como así también abiertamente aboga por la negación del holocausto judío de la segunda guerra mundial.
    Este acuerdo , realizado por el canciller argentino y su par , se vuelve irrelevante porque en IRAN la última palabra la tienen las autoridades religiosas ,para quienes desarrollan actividades algunos funcionarios denunciados por nuestro país como instigadores o participes del atentado a la amia.
    No es difícil razonar entonces, que este memorándum estaría dotando al principal sospechoso, de la posibilidad de investigarse así mismo, semejante aberración se le abra pasado por alto al poder legislativo? al poder ejecutivo no le corroe la vergüenza de estar detrás de un acuerdo tan espurio?
    Afortunadamente nuestra constitución descarga con intensidad efluvios sobre la coherencia del sistema judicial que declaro inconstitucional semejante dislate preconizado como logro del gobierno actual .
    En cuanto a las consignas:
    opción a) que asume una postura sobre potestad constitucional del Poder Ejecutivo para el manejo de las relaciones exteriores de la Nación (particularmente, para la celebración de tratados con potencias extranjeras) está exenta del control judicial. Es equivocada en cuanto no se trata meramente de un tratado de relaciones comerciales o de paz, sino que su existencia se debe a un crimen cometido dentro de los límites de nuestro país y por lo tanto es la justicia quien debe entender en este caso.
    Opción b) Siempre que el contenido de la política exterior y/o los acuerdos internacionales comprometa la vigencia de cláusulas constitucionales, los Magistrados tienen el deber de efectuar el debido control de constitucionalidad. Esta postura a mi entender es la correcta porque si bien las atribuciones del poder ejecutivo que la constitución establece en los artículos 99 inciso 11 sobre conclusión y firma de tratados, se encuentra delimitado por el art 27 que establece para afianzar las relaciones con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios del derecho público establecidos en esta constitución asistido también por los artículos arts. 1, 16, 18, 108, 109, 116 y 118. Este tratado lesiona el principio republicano de gobierno, la independencia judicial, las garantías del debido proceso legal, del juez natural, de la defensa en juicio y el principio de igualdad ante la ley interpretándose el memorándum como una intromisión en la actividad jurisdiccional.

    Comisión 6 Bianchi Cristian Ariel

  13. evelin acosta

    Teoria Costitucional
    Alumno : Evelin Acosta com :6

    Desde mi punto de vista Considero que el Poder Judicial es el Guardian de la Constitucion y por ende ningun tratado celebrado con potencias Extranjeras debe estar exento de su debido control .
    El poder ejecutivo no puede tomar ciertas decisiones porque estaria invadiendo jurisdiccion ; como es el caso de Iran donde se violan en algunos de sus articulos principios Costitucionales.

  14. Martin Rccca

    Martin Rocca – Comision 6

    Desde mi punto de vista, la opcion A no es para nada equivoca, pero la opcion B termina “cerrando toda una cuestion”. A que me refiero con esto…? Hablar de la importancia del control de constitucionalidad es hablar de la importancia misma que cada ordenamiento jurídico estatal le asigna a su propio texto constitucional, reconociéndolo como la base inexorable de toda la estructura normativa que sobre él se construye, y a la cual debe integrarse armónicamente.
    Si son hoy reconocidas como premisas validas las que establecen que la Constitución es la ley suprema de un Estado y que a ella debe acomodarse todo el ordenamiento jurídico, se desprende como necesaria conclusión la necesidad de la existencia de mecanismos aptos e idóneos que certifiquen y aseguren tal correspondencia, y con ello la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas contenidos en el texto legal supremo.
    Justamente el control de constitucionalidad tiene esa clara finalidad: verificar si determinadas normas o determinados actos guardan congruencia con la Constitución, pudiendo, llegado el caso, a declarar la invalidez de aquellos que se encuentren en pugna con ella, asegurando de tal modo, el imperio o supremacía constitucional.
    La Constitución solo puede erigirse como norma fundamental y funcionar en la práctica como tal, únicamente si ella es debidamente resguardada y para ello es que se han creado los diversos mecanismos que, funcionando como verdaderos medios o canales, permiten plasmar en la realidad esta función de control, como son las acciones de habeas corpus, habeas data, acción de amparo, el recurso extraordinario federal y la acción declarativa de inconstitucionalidad , acciones todas que participan de un idéntico fin que es obtener el mayor grado de cumplimiento de los preceptos constitucionales.
    Como todos sabemos, en materia de relaciones exteriores, como por ejemplo el “acuerdo entre Argentina e Iran”, tema muy debatido en estos tiempos, como de cualquier materia a la cual nos refiramos, los tres poderes de la Nacion intervienen estableciendo cada cual sus funciones. Asi lo establece nuestra Constitucion:
    -Artículo 75: Corresponde al Congreso: ( Poder Legislativo )

    22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
    24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.

    – Artículo 99: El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ( Poder Ejecutivo )

    11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus consules.

    – Articulo 116: Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nacion: ( Poder Judicial ), el conocimiento y decision de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la constitucion, y por las leyes de la Nacion, y por los TRATADOS CON LAS NACIONES EXTRANJERAS.

    A lo que quiero llegar es que ninguna de las opciones dadas son erroneas, ya que el Poder Ejecutivo tiene la potestad constitucional para llevar a cabo el manejo de las relaciones exteriores de la Nacion, pero desde una opinion muy personal, y haciendo incapie en mi comentario sobre que la opcion B ” da por finalizada toda una cuestion”, es que el Poder Judicial, se quiera o no, en materia de tratados o acuerdos internacionales, SIEMPRE TIENE LA ULTIMA PALABRA, porque es este organo quien adopta el poder implicito de CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD y va a establecer de esta forma si el Poder Ejecutivo obro de la manera correcta, violando o no las normas de la Constitucion Nacional.

    1. Martin Rocca

      Martin Rocca – DNI: 38.345.416 – Comision 6

      Desde mi punto de vista, la opcion A no es para nada equivoca, pero la opcion B termina “cerrando toda una cuestion”. A que me refiero con esto…? Hablar de la importancia del control de constitucionalidad es hablar de la importancia misma que cada ordenamiento jurídico estatal le asigna a su propio texto constitucional, reconociéndolo como la base inexorable de toda la estructura normativa que sobre él se construye, y a la cual debe integrarse armónicamente.
      Si son hoy reconocidas como premisas validas las que establecen que la Constitución es la ley suprema de un Estado y que a ella debe acomodarse todo el ordenamiento jurídico, se desprende como necesaria conclusión la necesidad de la existencia de mecanismos aptos e idóneos que certifiquen y aseguren tal correspondencia, y con ello la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas contenidos en el texto legal supremo.
      Justamente el control de constitucionalidad tiene esa clara finalidad: verificar si determinadas normas o determinados actos guardan congruencia con la Constitución, pudiendo, llegado el caso, a declarar la invalidez de aquellos que se encuentren en pugna con ella, asegurando de tal modo, el imperio o supremacía constitucional.
      La Constitución solo puede erigirse como norma fundamental y funcionar en la práctica como tal, únicamente si ella es debidamente resguardada y para ello es que se han creado los diversos mecanismos que, funcionando como verdaderos medios o canales, permiten plasmar en la realidad esta función de control, como son las acciones de habeas corpus, habeas data, acción de amparo, el recurso extraordinario federal y la acción declarativa de inconstitucionalidad , acciones todas que participan de un idéntico fin que es obtener el mayor grado de cumplimiento de los preceptos constitucionales.
      Como todos sabemos, en materia de relaciones exteriores, como por ejemplo el “acuerdo entre Argentina e Iran”, tema muy debatido en estos tiempos, como de cualquier materia a la cual nos refiramos, los tres poderes de la Nacion intervienen estableciendo cada cual sus funciones. Asi lo establece nuestra Constitucion:
      -Artículo 75: Corresponde al Congreso: ( Poder Legislativo )

      22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
      24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.

      – Artículo 99: El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ( Poder Ejecutivo )

      11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus consules.

      – Articulo 116: Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nacion: ( Poder Judicial ), el conocimiento y decision de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la constitucion, y por las leyes de la Nacion, y por los TRATADOS CON LAS NACIONES EXTRANJERAS.

      A lo que quiero llegar es que ninguna de las opciones dadas son erroneas, ya que el Poder Ejecutivo tiene la potestad constitucional para llevar a cabo el manejo de las relaciones exteriores de la Nacion, pero desde una opinion muy personal, y haciendo incapie en mi comentario sobre que la opcion B ” da por finalizada toda una cuestion”, es que el Poder Judicial, se quiera o no, en materia de tratados o acuerdos internacionales, SIEMPRE TIENE LA ULTIMA PALABRA, porque es este organo quien adopta el poder implicito de CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD y va a establecer de esta forma si el Poder Ejecutivo obro de la manera correcta, violando o no las normas de la Constitucion Nacional.

  15. Martin Galarza

    Martín Galarza. 20.378.659 – Comisión: 6

    Considero, que el control constitucional, tiene que estar siempre presente. No solo en los asuntos relacionados a los acuerdos internacionales, el poder judicial debe hacer uso de las facultades que le da la constitución, ya que el control constitucional, enriquece y fortalece al sistema republicano y a la democracia, al margen de que en los últimos gobiernos, el presidencialismo tuvo un rol por demás protagónico y que lamentablemente el congreso quedó relegado respondiendo siempre al partido mayoritario de turno, dejando de ser ese lugar de debate y, por qué no, de consenso, como lo ha sido en otros periodos de nuestras historia.
    Por eso, es que el rol de los magistrados, es sumamente importante para el control constitucional.
    El poder judicial, debe ejercer ese control sin invadir a los otros poderes.

  16. Micaela Poli

    Poli, Micaela
    DNI: 38.551.312
    Comision 6

    En principio adhiero al supuesto “B” ya que al reflejo de las intenciones del Convencional Constituyente plasmadas implícitamente (perfectamente deducibles) en el texto supremo , los encargados del control constitucional de las normas, y por ende, también de los tratados celebrados con otros Estados, son los jueces. Quienes pertenecen a uno de los pilares fundamentales del poder público, como lo es el Poder Judicial.
    No son concebibles en modo alguno- dentro de un orden que inicia sometiendo al resto de su legislación a la forma de gobierno Republicana – excepciones al control, como lo son las cuestiones planteadas por gran parte de la doctrina como “no judiciables”.
    Destacando que ello, figura una violación al principal aspecto del que, el Convencional Constituyente de 1853, dotó al país en el artículo Primero de la Constitución Nacional, lo cual Montesquieu define como: “ la limitación recíproca de los poderes”).
    De hecho el artículo 116 C.N claramente especifica: ”Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, […] y por los tratados con las naciones extranjeras : […]de los asuntos en que la Nación sea parte”.
    Entonces , sostener que una cuestión como la revisión de constitucionalidad de un Instrumento Internacional , debe ser considerada como una cuestión no judiciable, es completamente irrisorio e imposible de argumentar, en el marco del respeto a la Ley fundamental y suprema.
    De todas maneras, y aunque el objetivo de la consigna no implique la consideración moral del asunto, quisiera aclarar que, en mi opinión, en el control de constitucionalidad que ejerce LEGITIMAMENTE, en este caso el juez Farah, deben contemplarse las circunstancias del caso, teniendo en cuenta la inviabilidad del proceso que promueve, bajo sus normas, la justicia argentina con respecto al freno que supone el derecho interno del Estado iraní.
    Por tanto, considero que el Poder Judicial , en este caso, con el fin de ejercer el – REITERO – legítimo control de constitucionalidad, provocó el retroceso de un avance por demás significativo que el Poder Ejecutivo en la facultad que le atribuye el Art. 99 inc 11 con validación del Congreso en ejercicio de la atribución formulada en el Art. 75 inc 22, habían obtenido en la materia.
    Pero como aclaré anteriormente, es una simple valoración moral (claramente discutible), entendiendo desde mi punto de vista, que el bienestar general y la defensa de los derechos de los ciudadanos son los principales objetivos de las leyes y de las disposiciones de nuestra Constitución, y eso es justamente lo que a mi entender persiguió el “Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994”

  17. Anabel Decoud

    Marina Anabel Decoud 38440999 Com. 6

    En mi caso, estoy a favor de la b y en contra de la a.

    En primer lugar estoy a favor de la postura b debido a que es potestad implícita del Poder Judicial hacer control de constitucionalidad y porque parte de la doctrina comprende que dicha potestad de control es absoluta cuando se viole a la Constitución Nacional.
    Por consiguiente la postura a es errónea por variados motivos.

    Primero el Poder Ejecutivo fue más allá de sus potestades al firmar un tratado que iba en contra del derecho interno violando impunemente el art. 27 de la Constitución Nacional (que uno creería lógico que nadie haría tan arbitrario como firmar un tratado que va en contra del derecho interno, pero aquí nos hallamos) y porque el fin NUNCA justifica los medios si ello significa violentar el ordenamiento jurídico que es la base de todo Estado.

    Segundo fueron violentados una serie de principios constitucionales, artículos de la Constitución Nacional y Tratados de derechos Humanos que fueron declarados por la Corte Suprema como manifiestamente ilegales, arbitrarios y lesivos” entre ellos se encuentran “lo dispuesto en los artículos 16, 18, 28, 31, 75 -inciso 22-, 109 y concordantes de la Constitución Nacional, como así también de los artículos II y VIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”(1)
    Y también son violentados ciertos tratados internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma (firmado y ratificado, que provee mecanismos más efectivos para hacer declarar a los imputados), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (firmado y ratificado, por el cual la comisión establecida por el memorándum puede ser declarada como acto abusivo del derecho), entre otros que nos causarían problemas ante organismos internacionales.

    Por último se entiende que el Poder Ejecutivo al ir más allá de sus potestades estaría violentando la división de poderes y al sistema Republicano es decir el art. 1 de la Constitución Nacional.

    (1)Declaración de Constitucionalidad de la Corte Suprema de la Nación en su considerando 9

  18. Arnoldo Capra

    Ha sido complicado para mí realizar este práctico por la sencilla razón de que no considero a las posturas como adversas, en todo caso no necesariamente, y/o compatibles inclusive si se quiere.

    Desde mi muy humilde opinión, pienso que ambas opciones pueden estar en armonía, pero para ello es menester distinguir en qué momento estamos parados, ya que este es el quid del asunto para saber si se convalida, o no, la intromisión del Poder Judicial.

    En calidad de Jefe de Estado, el Poder Ejecutivo tiene la potestad constitucional para llevar a cabo el manejo de las relaciones exteriores de la Nación, incluyendo la celebración de acuerdos internacionales según lo establecido en el art 99 inc.11. Esta aptitud, compartida con Ministro de R.E., está exenta del control judicial. Pero esto no significa que lo esté de todo control, ya que eso significaría una grave falta al sistema republicano. Según lo establecido en el art 75 inc. 22 y 24 de nuestra Constitución, corresponde al Congreso realizar la evaluación de dichos tratados, pudiéndolos aprobar o desechar. Estaríamos frente a lo que se denomina un sistema de control no judicial.

    Luego de que un tratado es aprobado por el PL, y ratificado por el PE, adquiere eficacia y se incorpora al derecho interno. Es en este preciso instante en que las puertas son abiertas al Poder Judicial para que efectúe el debido control de constitucionalidad. Considero inadmisible la sola idea de que existan áreas en nuestra legislación exentas al control de los jueces, incluyendo aún aquellos tratados que logran adquirir el estatus jerárquico constitucional, porque la Constitución es, ante todo, suprema. Y no existe en nuestro sistema un ente que vele por esta supremacía, como lo hace por excelencia el Poder Judicial.

    Pido perdón por haber desvirtuado la consigna, y agradezco si es que llegase a ser tenido en cuenta de todas formas.

    1. Arnoldo Capra

      Agrego a modo de reflexión un par de preguntas por las cuales no puedo estar en contra de la postura a:

      Como todo sabemos, la declaración de inconstitucionalidad de los jueces es una herramienta indispensable para eliminar los vicios que las normas inferiores presentan por no amoldarse a las superiores. ¿No carecería de virtualidad declarar inconstitucional algo que aún no se ha incorporado a la famosa pirámide de Kelsen? Yo creo que si.

      En segundo lugar, estar en contra de la opción a, significaría admitir la posibilidad de que el Poder Judicial decretara inconstitucional un tratado negociado y firmado por el Ejecutivo, antes de la injerencia del Congreso. ¿No estaría vulnerando el derecho del Congreso de intervenir en la celebración de ese tratado, según lo establecido en el art 75, inc 22 y 24? ¿No seria esta una clara y grave falta al sistema republicano? Yo creo que si. Hasta inclusive consideraría a esa declaración de inconstitucionalidad, inconstitucional.

  19. Pamela Adaro

    Pamela Adaro 32756536 Comision 6

    La doctrina de la supremacía constitucional exige, para su eficacia, la existencia de un sistema garantista que apunte a la defensa de la Constitución y al control AMPLIO de constitucionalidad (1) .
    Por mi adhesión a la postura B, refuto la postura de “exceso de potestades” del Poder Judicial, donde se presume un avance y libertad o gobierno de jueces (2) .
    Realizo un breve repaso de potestades constitucionales de los poderes del estado para justificar mi adhesión.
    Con la naturaleza de un acto complejo federal, para un tratado internacional la adopción del texto, negociación y ratificación le compete al Poder Ejecutivo Art 99 Inc. 11 CN.
    El Congreso Ejerce sus facultades de aprobar o desechar tratados Art 75 Inc. 22 CN, mediante la ley 26843 27 de febrero de 2013 aprobó el memorándum de entendimiento entre la Republica Argentina y la republica de Irán, sobre los temas vinculados al ataque terrorista en la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de Julio de 1994.-
    El Poder judicial, ejerce el control constitucional, y aunque la constitución expresamente no lo diga, podría surgir del texto del Art 116 CN.-
    No se observan inconsistencias hasta el momento con respecto al memorándum, cada uno de los poderes hicieron efectivas sus potestades para el tratamiento, aprobación y posterior declaración de inconstitucionalidad.-
    Se merece realizar un énfasis en el contenido del memorándum, sobretodo, un detalle no menor, operada la reforma constitucional de 1994, se podría deducir un aumento de las atribuciones del poder ejecutivo, al eliminar de su ex Art 86 el objeto de los tratados, dejando un vacío en cuanto a la materia y a discreción del Poder Ejecutivo.
    Al ejercer el control constitucional, los jueces se encuentran con un obstáculo. Son las causas políticas no justiciables, seria apropiado o no incluir el objeto del memorándum dentro de este contexto, con lo cual, si así lo fuere, los jueces efectivamente violarían la división de poderes del sistema republicano, al invadir potestades que le son propias al PE y PL.- Aunque la jurisprudencia, en diversos fallos (3) Se mostró amplia a aceptar cuestiones jurídicas como JUSTICIABLES.- Adhiero a la posición de control Amplio.
    Claramente, el fin del objeto puede ser o no político (con lo cual seria correcto abstenerse de control), en una esfera confiable de discrecionalidad que esperamos de los jueces Argentinos, ejerciendo la independencia en el control; pero la cuestión de fondo es otra. El procedimiento de los pasos a seguir, en el acuerdo con Irán, violenta ostentosamente derechos y garantías constitucionales (4), y tratados internacionales de derechos humanos (5) .-
    Con lo cual, si se hubiese declarado la constitucionalidad del proceso, correría el riesgo de nulidad de todo lo obrado en cuestión.-
    Otro cuestión además, fue el progreso de la jurisprudencia al admitir q el pedido de inconstitucionalidad pueda realizarse de oficio (6) .- La corte admite esta posición, fundamentando que le incumbe al juez la debida aplicación de derecho, el magistrado no puede cerrar los ojos y aplicar norma infra constitucional violatoria de la constitución, ya que la fuerza normativa de ella cede ante la inacción de los litigantes.-

    ¿Por que entonces hablamos de finalidad del objeto y la cuestión de oficiosidad?- CONCLUSIONES

    No cabe la posibilidad de categorizarlo como una cuestión política exenta de control, no se cuestiona la finalidad del memorándum, es de publico conocimiento la lucha de las victimas del atentado a la AMIA para conseguir la verdad, y la pena de los culpables.- Se cuestiona el procedimiento (objeto de la inconstitucionalidad)-
    El poder judicial, no actúo en este caso de oficio, con lo cual, ni siquiera se avasallo sobre los otros poderes, respondió a un pedido concreto de amparo, por violentar derechos subjetivos de victimas y familiares, representados por Sres. Pablo Reisman y Julio Schlosser -Vicepresidente 2° de la AMIA y Presidente de la DAIA-
    Con lo cual, entiendo que el Poder Judicial actúo correctamente en la declaración de inconstitucionalidad ejerciendo sus potestades respetando la división de poderes, esto sin perjuicio del RETARDO de justicia que le puede ser reprochable, y pone en jaque derechos colectivos de todos los ciudadanos que constitucionalmente tenemos derecho a la jurisdicción, en tiempos razonables.-También no se debe descartar la responsabilidad política de diputados y senadores que aprobaron la ley, eso será discutible e interesante en otra oportunidad-

    (1) German Bidart Campos. Manual de la constitución reformada.-
    (2) Canciller Timerman, Senador Pichetto. Diario La Nacion.-
    (3) Fallos Fayt, Carlos Santiago/Estado Nacional 1999- Carranza Latrubesse/Estado Nacional 2013.-
    (4) AMIA/Amparo 2014.- Art CN 16-18-28-31
    (5) AMIA/Amparo 2014 Declaración Americana de de los Derechos y Deberes del hombre Arts 2-8. Convención Americana sobre Derechos Humanos Arts 8-25.-
    (6)Banco Comercial.l de Finanzas s/Quiebra 2004- Rodríguez Pereyra, Jorge c/Ejercito argentino 2012.-

  20. Marcelo Alejandro Campana

    Campana, Marcelo Alejandro.
    Comisión 6.

    Desde mi punto de vista la opción B es la más adecuada, ya que en un sistema Republicano como el nuestro es indispinsable que ninguno de los poderes de estado se encuentren al margen del control judicial, principalmente cuando se trata de cuestiones que vulneren cláusulas del texto fundamental, entre otras razones para evitar así el abuso de los poderes públicos. Es este principio de judiciabilidad de las acciones de los poderes de Estado ratificado en nuestra Constitución reiteradas veces. Pero apuntando al tema concerniente de la consigna respecto de los tratados que nuestra Nación suscriba con las naciones extranjeras encontramos el Articulo 116 que de manera explícita afirma: ”Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, y por los tratados con las naciones extranjeras”. En este sentido sería inaceptable convalidar que por el solo hecho de que la potestad de llevar adelante los relaciones internacionales recae de manera exclusiva en el Poder Ejecutivo estas no puedan o deban ser revisadas judicialmente si se considerase necesario para resguardar la supremacía constitucional.
    Para finalizar a modo de reflexión personal creo que el estado argentino debe avanzar a mecanismos que profundicen los roles de control Y sin excepciones que solo terminan desvirtuando el espíritu primigenio de la norma y facilitando aún mas el avance arrollador del Poder Ejecutivo por sobre los demás.

  21. Cairo Alejandro Osmar

    A favor de la B , en contra de la A
    Comisión 5
    Puede el poder Ejecutivo de la Nación llevar adelante sus atribuciones sin que nadie controle sus acciones? En una respuesta rápida diriamos no, siempre y cuando no verse sobre cuestiones politicas no judiciales. Entonces dentro de un tratado internacional podria este control judicial hacerlo durante las negociaciones que se lleven adelante con el pais vecino? Y la respuesta también seria no.
    Ahora bien, la consigna apunta a otra cuestion. Entonces prosigo diciendo que una de las armas del federaliamo es el control que deben realizarse los tres poderes que forman el Estado.
    Ademas esta contemplado en la constitución, en sus artículos 75 inc 22 cuando dice que los tratados internacionales y la constitución debe existir armonía, o el art 27 cuando cita que el gobierno federal esta obligado a afianzar relaciones de paz y de comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que esten en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta constitucion, si bien es contundente el texto supremo, puede ser que se violen estos principios y sobre ello, debe existir un poder capaz de controlarlo y declararlo inconstitucional.

  22. Nestor Labiuk

    Teoría Constitucional
    Trabajo Práctico de: Nestor labiuk Comisión 6

    Mi postura es a favor de la posición B por las siguientes razones:
    1- Ningún poder del estado puede estar exento de control, requisito fundamental del sistema republicano.
    2-nuestra Constitución es suprema , como ella misma lo establece ,tanto sobre los regímenes provinciales (Art 5 y 31), como sobre las leyes del congreso y los reglamentos del P.E.(art 28 y 99 inc2 ) ,y sobre los tratados con naciones extranjeras(art 27)
    3-El Art 116 dice que le que corresponde al P.J. el conocimiento de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación y por los tratados con las naciones extranjeras.
    4-Para que la supremacía de la Constitución sea una realidad y no solo un enunciado se requiere de un sistema de control de constitucionalidad. En nuestro país se adopto un sistema de control judicial difuso(los jueces de todas las intancias pueden ejercer el control), proveniente de la jurisprudencia de EEUU (Caso Marshall), cuyos primeros antecedentes son el caso Sojo 1887 , y el caso Elortondo de 1888
    5-La jurisprudencia había adoptado el control de constitucionalidad solo a pedido de partes y con efectos solo al caso tratado,pero a partir del caso Banco Comercial de finanzas ,la corte admite la potestad de los tribunales de actuar de oficio bajo el principio de iura novit curia (el Juez conoce el derecho)
    6-En el caso Rodríguez Pereyra la corte dijo “…el deber de los magistrados de efectuar el examen de constitucionalidad de las normas en la medida en que ese mecanismo constituye
    una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos
    reconocidos en la Constitución contra los posibles abusos de los poderes
    públicos …” oportunidad en la que también indicó que “… así como la
    jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido
    que los órganos del Poder Judicial deben descalificar de oficio las normas
    internas de cada país que se opongan a las normas de la Convención Americana
    de Derechos Humanos, igualmente deben descalificarse de oficio las normas que
    se oponen a la Constitución Nacional …”
    7-Por último el fallo del Juez Farah que declara incontitucional el “Memorándum de Entendimiento sobre temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA perpetrado en Buenos Aires el 18 de julio de 1994”. entre otras cosas dice “…Precisamente, cuando de lo que se trata es de la posible pugna entre un acto de gobierno y la Constitución Nacional, no existe
    frontera alguna para los magistrados, quienes no sólo podemos, sino que
    debemos, de verificar tal conflicto, declarar la inconstitucionalidad advertida,
    aún de oficio….”

  23. Rosario Toledo

    Rosario Toledo, comisión 6.

    Considero que siempre debe llevarse a cabo un control de constitucionalidad frente a acuerdos internacionales que comprometan la vigencia de cláusulas constitucionales ya que la Constitución es la norma fundamental y suprema, y ningún acto estatal, norma o tratado puede contradecirla, sino que deben amoldarse a lo que ella disponga (salvo que se trate de tratados o concordatos con jerarquía constitucional, como lo son los enumerados en el inciso 22 del artículo 75 y los dos que se sumaron en los años 1997 y 2003).

    La potestad constitucional del Poder Ejecutivo para el manejo de relaciones exteriores de la Nación no está exenta del control judicial. En caso de que se considere lo contrario, esto es sumamente cuestionable, ya que existen diferentes mecanismos de control entre los poderes para evitar la concentración o el exceso o abuso de poder. Cada uno tiene sus atribuciones definidas, pero también intervienen mediante estos mecanismos en las funciones de los otros.
    Así es como el Poder Judicial tiene el deber de defender la supremacía de la Constitución y la facultad de establecer el control de constitucionalidad de tratados internacionales sin jerarquía constitucional que el Poder Legislativo apruebe y el Poder Ejecutivo firme (también controlará leyes nacionales, decretos, etc).

    Claramente es necesario el control por parte del Poder Judicial y esto se ve reflejado en que en el memorándum entre Argentina e Irán fueron violados varios artículos de la Constitución Nacional. Por lo que fue declarado inconstitucional y no puede ser aplicado ni producir efectos.

  24. Simon Pescader

    Alumno: Pescader, Simón. Comisión: 5,

    Particularmente opino que en un sistema constitucional, es inconcebible que el Poder Ejecutivo y sus acciones no pueden quedar en ningún caso exentas de control constitucional, y mucho menos, si dichas acciones versan sobre tratados o concordatos internacionales, ya que es sabido que, según el inciso 22 del articulo 75 de nuestra norma Suprema, tienen jerarquía superior a las leyes ordinarias, por ende, creo que debe existir armonía entre la Constitución, los tratados internacionales, y las leyes ordinarias.

    Por otra parte, el articulo 27 reza: “El gobierno Federal, está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados QUE ESTÉN DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE DERECHO PÚBLICO ESTABLECIDOS EN ESTA CONSTITUCIÓN”. Se cae de maduro que no deberían ser inconstitucionales. Además, uno de los principios de nuestra constitución es el de la división de poderes y el control de estos entre sí. Entonces, quien mejor que el poder judicial efectúe el correspondiente control de constitucionalidad para garantizar la supremacía de nuestra norma fundamental.

    Incluso el Poder Legislativo esta facultado para ejercer el control de constitucionalidad, ya que según el mencionado inciso 22 del articulo 75, otorgan al Congreso la potestad de aprobar o desechar Tratados Internacionales, por ende, podría ejercer el control aprobando o desechando dichos tratados, con el fundamento de la existencia o inexistencia de armonía entre la Norma Suprema y los Tratados Internacionales, respectivamente.

  25. Juan Marcos Payetta

    Teoría Constitucional. Comisión 6.
    Alumno: Juan Marcos Payetta

    Desde mi punto de vista, pienso que el Poder Judicial tiene la facultad y el deber de realizar el debido control de constitucionalidad en todos los cazos que se crea verdaderamente necesario. Esto incluye no solo a las leyes nacionales, sino también a los tratados que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras (facultad atribuida por la Constitución Nacional en el inc. 11 del Art.99). Ningún tratado puede estar exento de tal control, ya que este puede agraviar derechos y garantías de ciertos individuos, por lo que el Poder Judicial en el deber de proteger y asegurar la integridad de tales derechos, efectué el control pertinente. Al fin y al cabo, el control de constitucionalidad es una herramienta que promueve el bienestar de la sociedad y nunca un perjuicio para esta, por ello, el Poder Ejecutivo no debería negarse a que este sea efectuado.

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