1.- Analizar las siguientes opciones, tomar partido por alguna y formular una valoración crítica a la postura adversa:

a) El Congreso Nacional es el órgano al cual le incumbe arreglar el pago de la deuda pública. Toda actuación del Poder Ejecutivo sobre la materia importa una usurpación de atribuciones propias del Legislativo.

b) En materia de deuda pública existen competencias repartidas de modo tal que el Poder Ejecutivo posee la facultad para negociar la deuda ante los acreedores, mientras que la decisión final queda a cargo del Congreso.

2.- ¿Qué opinión le merece las últimas intervenciones del Poder Ejecutivo en el manejo de la deuda pública, desde el punto de vista de las facultades constitucionales atribuidas tanto al referido poder como al Congreso Nacional?

 

Artículo de doctrina I

Artículo de doctrina II

Recorte periodístico I

Recorte periodístico II

Recorte periodístico III

Recorte periodístico IV

Esta entrada tiene 10 comentarios

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  3. Luzmina Gomez matricula 24040

    Sin dejar de lado que es un tema complejo, desde mi humilde lugar de estudiante de derecho constitucional me inclino por la opción B.
    Creo que la tarea de negociacion de la deuda externa corresponde al PEN, desde el punto de vista de las jefaturas podemos decir que el presidente detenta la jefatura de Estado, por lo tanto representa al mismo frente a la comunidad internacional, y a la vez es el jefe de gobierno y el responsable político de la administración del país.
    Por otro lado siguiendo la línea de Vanossi sería el Congreso, por numeroso y disperso, poco práctico para efectuar este tipo de negociaciones que deben quedar, en mi opinión, en manos del ejecutivo.
    Aún así el Congreso no debería quedar exento del control de las operaciones que se realicen, y todo manejo de fondos publicos debería estar sometido a un debate democrático.
    Consigna 2
    Lo primero que pense en este punto, es si desde el punto de vista constitucional sería correcto dejar en manos de un ministro la negociación. Aparentemente el sistema le permite al presidente delegar ciertas tareas a sus ministros. En lo que concierne a si nos favorece o no la negociación, reconozco que no estoy muy informada al respecto, como la mayoría de la ciudadanía, y esto es algo de lo que debemos ser conscientes y mejorarlo si queremos cambios verdaderos

  4. Nehuen Martin Belliski, Com. 6 DNI: 36382730

    1- Dada la falta de claridad en el texto constitucional acerca de en qué poder de la república recae la cuestión íntegra de la negociación, re estructuración y pago efectivo de la Deuda Pública Externa, adopto la postura b). Mi más humilde opinión con respecto a este planteo, es que a lo largo de la historia de la Nación Argentina siempre a existido la Deuda Pública Externa y por una costumbre constitucional el encargado de la negociación y pago efectivo de la misma siempre es el Poder Ejecutivo, haciendo uso de sus facultades otorgadas por la Constitución Nacional en el art.99 inc. 11. El Poder Legislativo aprueba y controla lo realizado en materia de deuda por el Ejecutivo, aunque en la Constitución aparezca como el encargado en este asunto, como se observa en el art. 75 inc. 4, 7, 8.
    Si bien parecería que el Legislativo no interviniese de una forma activa en el proceso de negociación y pago de deuda, posee la potestad de intervenir en todo momento, inclusive cuando se aborda el tema en la sanción del presupuesto nacional. Esta intervención es puramente interna. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que el Congreso interviene en los medios para viabilizar los pagos, reconociendo el derecho de los acreedores de peticionar ante el Congreso. También se encuentra lo mencionado por la Convención de Viena sobre Régimen de los Tratados, que fue adherido por la Argentina por lo que para el ordenamiento jurídico argentino es ley suprema de la nación, que nadie puede excusarse del cumplimiento de los compromisos internacionales invocando el juego de las competencias internas de los poderes del Estado, por lo que una abrupta intervención del Congreso en el pago de la Deuda entraría en conflicto con lo mencionado anteriormente.
    Creo que a fines prácticos se trata de un caso de competencias repartidas, que se ha llevado a cabo durante 150 años y se a instalado como costumbre constitucional que de alguna manera, en mi opinión, legitima lo que sucede actualmente con este asunto tan particular para la sociedad argentina.

    2-Con respecto a lo mencionado en los recortes periodísticos creo que el accionar del Poder Ejecutivo Nacional con respecto a materia de Deuda Pública externa es correcto desde la postura que adopté anteriormente en el anterior enunciado, ya que es un caso de competencias repartidas y el Poder Ejecutivo es el encargado de realizar la negociación correspondiente para el pago de la deuda, el Poder Legislativo podrá prestar o no acuerdo con lo realizado por el poder mencionado anteriormente. Considero positivo el proceso de desendeudamiento que plantea el ejecutivo nacional, siempre y cuando se someta a revisión y aprobación del Poder Legislativo.

  5. Joaquín Tomás Raña

    1- La pregunta sobre en qué poder recae el manejo de la deuda pública es sin duda compleja y considero, que el texto constitucional no provee respuestas precisas. Esta premisa la extraigo de la lectura de los artículos 4, 27, 75 inc. 7, 75 inc. 8, 76, 82 y 99 inc. 11.
    Para analizar este interrogante, pareciera importante reconocer la opacidad del texto supremo, sumada al hecho de que, en mi opinión personal, sería obtuso responderse desde una mirada estrictamente jurídica, y más aún, obviar la incontrastable realidad de que gran parte de la pesada carga de la deuda ha sido contraída bajo gobiernos pasibles de la sanción prevista en el artículo 36 de nuestra carta magna.
    Sin perjuicio de ello, entiendo que del juego de los artículos 4, 75 inc. 7 y 75 inc. 8 se desprende que, en primer momento, es el congreso el encargado de “arreglar” la deuda externa, más allá de las interpretaciones posibles del término. Incluso, en el artículo 76 se prohíbe la delegación legislativa, de lo cual sostengo que, mediante una interpretación amplia, a primera vista inhibiría la actuación del ejecutivo desplazando al legislativo en sus competencias.
    Pero sin embargo, al analizar las atribuciones de nuestro Poder Ejecutivo se desprende que: primero, este es el responsable político de la administración general de nuestro país (99 inc. 1) y segundo, tiene competencia en cuanto a la firma de tratados y negociaciones con potencias extranjeras y organizaciones internacionales (99 inc. 11). De dichos artículos, en tanto, cabría realizarse la pregunta si no podría el ejecutivo encargarse también de las negociaciones de la deuda pública externa, al ser este el mayor responsable político de la administración y tener las atribuciones concedidas por el art 99 inc. 11. Esto es, al menos en forma supletoria al Poder Legislativo, que tiene a su favor la letra de los artículos mencionados en el párrafo anterior.
    Considerado lo antedicho, parecería claro que la tesis correcta es que: “En materia de deuda pública existen competencias repartidas de modo tal que el Poder Ejecutivo posee la facultad para negociar la deuda ante los acreedores, mientras que la decisión final queda a cargo del Congreso.” Esto es así ya que la competencia está repartida entre ambos poderes, al no desprenderse, de manera clara, del texto constitucional ninguna preferencia exclusiva o excluyente por ninguno de los poderes.
    Sin perjuicio de esto, considero insoslayable la competencia que tiene el poder legislativo para reglamentar el artículo 75 inc. 7 mediante una ley especial que regule acabadamente este artículo, dotándolo de una mayor fuerza, y más importante aún, que tendría la última palabra mediante la sanción de la ley de presupuesto. De todas maneras, considero que esta “última palabra” sería anterior a la conclusión de cualquier tipo de negociación con acreedores internacionales, nunca posterior (al menos en caso de que no confirme), al seguir el artículo 27 de la convención de Viena, que expresa claramente la imposibilidad de los Estados para eximirse de sus obligaciones internacionales por cuestiones de competencia interna.

    2- Desde la perspectiva de las atribuciones constitucionales, y en concordancia con la tesis defendida en el punto anterior, considero que el Ejecutivo está plenamente habilitado a realizar las negociaciones de la deuda externa, ante el silencio del congreso, si bien este podría tomar a su cargo las negociaciones mediante la reglamentación del artículo 75 inc. 7. Es por demás ejemplificadora la sanción de la ley 26.984 “Ley de Pago Soberano”, en cuanto explicita la “última palabra” que debe tener el congreso en lo concerniente al pago de la deuda externa, mas allá de toda interpretación política.

    1. Joaquín Tomás Raña

      Joaquín Tomás Raña, Comision 6. Dni: 38283152

  6. Victoria da Luz. Dni: 36.893.016- Comision 6

    1- En cuanto a mi postura, tomo partido por la opción “B”. Considero que la opción “A” carece de veracidad práctica ya que estimo que el Poder Legislativo tiene una función controladora, en donde debe inspeccionar el manejo de los fondos y observar las operaciones financieras de la Nación. Parto de esto para decir que la intervención del Congreso es más interna que externa, ya que resulta inconcebible que el Congreso designe a un intermediario ya que esto simbolizaría un desprestigio por la figura presidencial y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede intervenir en cuestiones sobre la deuda externa, y ello encuentra su resguardo en el artículo 99 inc 11 de la Constitución Nacional, donde determina que el Presidente de la Nación concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extrajeras.
    2- Para concluir, mi opinión sobre las últimas intervenciones del Poder Ejecutivo en el manejo de la deuda pública desde el punto de vista de las facultades constitucionales atribuidas tanto al referido Poder como al Congreso, es que la materia de la deuda externa; son desde el punto de vista constitucional, competencias compartidas. Donde el Poder Ejecutivo actúa como el negociador y el Congreso acepta o rechaza el acuerdo. Viéndose así, como competencias compartidas y divididas. Basándome en los recortes periodísticos, creo que es menester para el desarrollo del país el desendeudamiento y pago total de la deuda externa, con acuerdos que no sean perjudiciales para nuestro país, e igualitario para los acreedores. Enfrentar el desendeudamiento en las condiciones constitucionales dadas, es el camino, para mí, correcto hacia el desarrollo como Nación.

  7. Nicolas Zucchi comisión 6

    Elijo la opción B, como indica el articulo 75 inc 7 corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación, pero el Poder Legislativo delega al Poder Ejecutivo y, en su caso, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a efectuar diversas actividades relacionadas con el manejo de la deuda pública y debe comunicar al Congreso el desarrollo de las actividades vinculadas con este tema, ha sido notorio el creciente protagonismo del Poder Ejecutivo en las distintas etapas de la negociación durante los últimos años ya sea con la reestructuración de la deuda, el acuerdo con el Club de París y en estos momentos con los holdouts , y como dice el articulo 99 inc 1 el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de la administración general del país.
    El Congreso en materia de deuda pública, ha ejercido el debate y aprobación de la ley anual de presupuesto general, para intervenir en operaciones de empréstito externo, en las negociaciones internacionales de naturaleza económica y comercial, concluyendo en este análisis tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo comparten competencias y responsabilidades mutuas referidas al tema de la deuda publica, el Ejecutivo negocia con los acreedores y luego el Congreso acepta o rechaza el o los acuerdos que haya hecho el ejecutivo.

  8. Valentín Saba, comision: 6, DNI:38.497.710

    1) Tomo partido por la opcion b) “En materia de deuda pública existen competencias repartidas de modo tal que el Poder Ejecutivo posee la facultad para negociar la deuda ante los acreedores, mientras que la decisión final queda a cargo del Congreso.”
    Si bien la Constitucion dice en su art 75 inc 7 que corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación, sigo la linea de pensamiento de Vanossi, Sabsay y Onaindia al sostener que seria dificultoso en orden practico por parte del Congreso el “arreglar” el pago de la deuda externa en su totalidad y debe ser llevada a cabo por el Poder Ejecutivo. Para la Corte Suprema corresponderia al Congreso intervenir unicamente cuando arbitra los medios para viabilizar los pagos, la intervencion del Congreso es puramente interna. El Congreso no ha reglamentado hasta el presente el art 75 inc 7 por lo que es una “norma no operativa”, si lo hiciera le daria las facultades para arreglar la deuda publica que propone la opcion a) y como no lo ha hecho no puede corregir lo que ha hecho el Poder Ejecutivo hasta la actualidad, contrariamente la Ley 24.156 autoriza al Ejecutivo a “realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. Por lo que creo que en materia de deuda externa es una cuestion de competencias divididas siguiendo los arts 75 inc 7 y art 99 inc 11 y no creo como plantea la opcion a) que la intervencion del Ejecutivo sea una usurpacion de atribuciones del Legislativo, mientras se mantenga dentro de las facultades que le son propias.

    2) Luego de leer los articulos periodisticos llego a la conclusion que las ultimas intervenciones del Poder Ejecutivo no son las adecuadas en materia de acordar el pago de la deuda externa con los acreedores porque a mi entender esa atribucion le corresponde al Legislativo, si creo que el Ejecutivo ha actuado de forma adecuada en arreglar el modo de pago con los acreedores.

  9. maria aliciafranco comicion n 6

    Teniendo en cuenta mi limitado conocimiento,en el derecho constitucional y considerando que recién me estoy aproximando a racionalizarlo :diría Bidar :el termino arreglar, nos da la idea ,que debe existir alguien con quien el tema debe ser arreglado, no pudiendo resolverse unilateral mente es con el acreedor con quien debe arreglarse la deuda.siendo el congreso el órgano a quien le incumbe arreglar el pago de la deuda y no al poder ejecutivo o al ministro de economía de relaciones exteriores. y que al hacerlo, recupere el gasto social el nivel axiologico que la constitución le discierne
    opinión… después de hacer un recorrido de lectura por los textos doctrinarios sugeridos se me ocurre que ya a partir de 1824 comenzamos embarrados diría Marx :con gran desventaja para los desclasados ….
    las ultimas intervenciones del ejecutivo: al enviar a arreglar al ministro de economia y a el canciller esta utilizando facultades delegadas…¿le habra consultado al congreso para enviarlos a rreglar al club de Paris ?

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