Corte Suprema de Justicia de la Nación
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/informe sentencia dictada en el caso 'Fonlevecchia
y D'Amico vs. Argentina' por la Corte Iníeramericana de Derechos Humanos. • 14/02/2017
Publicado en: LA LEY 20/02/2017 , 9
• Citaonline:AR/JUR/66/2017
Voces Hechos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó sin efecto una indemnización dispuesta en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a raíz de publicaciones periodísticas, pasada en autoridad de cosa juzgada. La Dirección General de Derechos Humanos det Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación remitió a la Corte Suprema un oficio en el que se hace saber el pedido formulado por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación para que se cumpla con la sentencia del organismo internacional. El Máximo Tribunal de la Nación, por mayoría.^determinó que no corresponde hacer lugar a lo solicitado.
Sumarios
1 - Tratándose de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pasada en autoridad de cosa juzgada, la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de dejarla sin efecto es uno de los supuestos en los que la restitución resulta jurídicamente imposible a la luz de los principios fundamentales del derecho público argentino; el constituyente ha consagrado en el art. 27 de la Constitución Nacional una esfera de reserva soberana, y éste es

el modo en que deben ser interpretadas las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.
2 - Dejar sin efecto —sinónimo de revocar— la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Menem" —Fallos: 324:295; AR/ JUR/3292/2001—, en virtud de la orden de la Corte Iníeramericana de Derechos Humanos en el caso "Fontevecchia" AR/JUR/81007/2011— implicaría transformar a ese tribunal en una "cuarta instancia" revisora de las sentencias dictadas por el Máximo Tribunal, en clara violación de los principios estructurantes del sistema interamericano y en exceso de las obligaciones convencionalmente asumidas por eí Estado argentino al ingresar al sistema.
3 - La Corte Interamericana, al ordenar dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pasada en autoridad de cosa juzgada, ha recurrido a un mecanismo restitutivo que no se encuentra previsto por el texto convencional, por lo tanto es de imposible cumplimiento.
4 - Las sentencias de la Corte Interamericana, dictadas en procesos contenciosos contra el Estado argentino son, en principio, de cumplimiento obligatorio para éste. Dicha obligatoriedad, sin embargo, alcanza únicamente a las sentencias dictadas por el tribunal internacional dentro del marco de sus potestades remedíales, es decir, con ese alcance en que se ha obligado mternacionalmente a acatar sus decisiones.
5 - El imposible cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la revocación de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se encuentra firme no implica negar carácter vinculante a las decisiones del organismo internacional, sino tan sólo entender que la obligatoriedad que surge del art. 68.1 de la CADH debe circunscribirse a aquella materia sobre la cual tiene competencia el tribunal internacional.

6 - La revocación formal de un decisorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación violenta lo dispuesto en los arts. 27 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, cláusulas por las que el Máximo Tribunal debe velar (del voto del Dr Rosatti).
7 - £1 cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un pronunciamiento contra el Estado Argentino, en relación con la revocación de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, erigiría al organismo internacional como una instancia "revisora' o "casatoria" de decisiones jurisdiccionales estatales, categoría que excede el carácter coadyuvante y complementario de la jurisdicción internacional que se desprende del Preámbulo de la CADH (del voto del Dr. Rosatti)
8 - Dada la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe dejar sin efecto la sentencia dictada
en la causa "Menem"—Fallos: 324:295; AR/ JUR/3292/2001— en tanto condenó a dos
*
periodistas a! pago de una indemnización por la difusión de una noticia, ello conforme a lo dispuesto por ese organismo en  el  caso  "Fontevecchia  y  D'Amico c.  Argentina" AR/JUR/81007/2011- (del voto en disidencia del Dr Maqueda}.
9 - Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciadas en causas en las que el Estado argentino sea parte deben ser cumplidas por los poderes constituidos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación (del voto en disidencia del Dr. Maqueda}.
10 - El deber de cumplir con la decisión adoptada por la Corte Interamerícana responde a un principio del derecho sobre la responsabilidad jnternacional del Estado, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe —pacta sunt

servanda—, y de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre eí Derecho de los Tratados de 1969, no pueden, por razones de orden interno, dejar de cumplir las obligaciones ya asumidas, so pena de verse comprometida la referida responsabilidad (del voto en disidencia del Dr. Maqueda).
TEXTO COMPLETO: S.C.M.368.LV Suprema Corte:
El 29 de noviembre de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso "Fontevecchía y D'Atnico vs. Argentina". Allí, declaró que el Estado argentino, al condenar a dos periodistas por difundir noticias referidas a un presunto hijo extramatrimonial del entonces presidente Carlos Saúl Menem, violó el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En lo sustancial, el tribunal interpretó que las publicaciones realizadas por la revista Noticias respecto del funcionario público de más alto rango del país trataban sobre asuntos de interés público. Consideró también que, al momento de ser difundidos, los hechos eran ya de conocimiento general y que el presunto afectado no habia contribuido con su conducta a resguardar la información cuya divulgación objetó con posterioridad, Sobre tales bases, concluyó que no se produjo una injerencia arbitraria en el derecho a la vida privada del señor Menem y que, por lo tanto, la medida de responsabilidad ulterior impuesta resultó innecesaria. En este contexto, manifestó que el proceso judicial llevado adelante en la justicia argentina, la atribución de responsabilidad civil, la imposición de la indemnización, más los intereses, las costas y los gastos, así como la orden de publicar un extracto de la sentencia y el embargo trabado contra

uno de los periodistas, vulneraron el derecha a la libertad de expresión de los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico (párrs. 71 y 72).
En consecuencia, la Corte Interamericana ordenó un conjunto de medidas de reparación a favor de los periodistas. Dispuso que el Estado argentino debe dejar sin efecto las sentencias civiles en todos sus extremos y publicar la sentencia del 29 de noviembre de 2011 en el Boletín Oficial, en un diario de amplia circulación nacional y en la página del Centro de Información Judicial (CU) de esa Corte Suprema, por el plazo de un año (párrs. 105 y 108). Estableció, además, una indemnización compensatoria (párrs. 114 a 123).
La vasta conferida a esta Procuración General se origina en una presentación realizada por el Ministerio de Relaciones Extenores y Cuito. Allí, dicho organismo acompaña la sentencia de la Corte Interamericana recaída en el caso Tontevecchia y D'Amico vs. Argentina" y expresa que "en atención a lo solicitado por la Secretaria tle Derechos Humanos de la Nación, agencia con competencia primaria en la materia, se remite copia de la misma a fin de cumplimentar, en lo que corresponde de conformidad con su competencia, lo dispuesto en los párrafos 105 y 108 (c) de dicha resolución judicial" (fs. 1/37 del exp. n° 6439/2012, al que me referiré en adelante salvo aclaración en contrario).
Es decir que el asunto por el cual se requiere que dictamine gira en tomo a dos de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya implemeniación le compete a! Poder judicial de la Nación.
Atento a que lo ordenado en el párrafo 108 antes referido —esto es, la publicación de la sentencia en el CU—, se encuentra cumplido tv. fs. 38), habré de ceñirme al estudio del aspecto relativo al párrafo 105 de la sentencia del tribunal regional, conforme a las atribuciones y deberes que emanan del articulo 120 de la Constitución Nacional y de la ley 24.946 (arts. 1, primer párrafo, y 25, incs. a, by g).

En esa tarea, observo que en el mencionado párrafo 105, la Corle interamencana ha determinado que el Estado argentino debe dejar sin efecto las sentencias dictadas en el proceso civil"... en todos sus extremos, incluyendo, en su caso, tos alcances que éstas tengan respecto de terceros; a saber: a) la atribución de responsabilidad civil de los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico; b) la condena al pago de una indemnización, de intereses y costas y de la tasa de justicia; tales montos deberán ser reintegrados con los intereses y actualizaciones que correspondan de acuerdo al derecho interno y c) así como cualquier otro efecto que tengan o hayan tenido aquellas decisiones. A efectos de cumplir la presente reparación, el Estado debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias, y cuenta para ello con el plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia".
Esta formulación exige aclarar, ante todo, que lo atinente al reintegro de la indemnización compensatoria dispuesta en el proceso civil interno ha sido resuelto por la Corte Interamencana en su sentencia bajo el titulo "modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados". Alli el tribunal puntualizó que "¡e)l Estado deberá efectuar el pago por concepto de cosías y gastos asi como el reintegro de las sumas abonadas como consecuencia de las sentencias internas de conformidad con lo indicado (supra párrs. 128,129 y 105), dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia", (pan. 131). Por otro lado, según lo establece el articulo 68, inciso 2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: "[l]a parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo pais por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado",
Es decir que el reintegro de los pagos realizados por los periodistas al señor Menem como consecuencia de las condenas civifes, asi como el de la tasa de justicia, forman parte de la indemnización reparatoria a cargo del Estado argentino dispuesta en sede internacional. Dicha indemnización debe cumplirse de conformidad con las modalidades y condiciones fijadas en los párrafos 131 a 136 de la sentencia de la Corte iníeramericana y en et caso de que el pago no se efectivizare las victimas podrán iniciar el proceso de ejecución referido.,.
-III-

Despejado ese punto, corresponde abordar el aspecto vinculado con el deber de adoptar las medidas judiciales necesarias para dejar sin efecto las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que, en su oportunidad, les atribuyeron responsabilidad civil a Jorge Fontevecchia y Héctor D1 Amico y los condenaron al pago de una indemnización, con intereses y costas
En mi entender, en ejercicio de sus atribuciones y en virtud de las obligaciones que dimanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1, 2 y 68, inc. 1), la Corte Suprema debe dejar sin efecto su fallo dictado a fs. 367/388 de la causa "Menem, Carlos Saúl e/Editorial Perfil S.A y otros s/daños y perjuicios" (exp. n 117.391/95). Además, debe revocar el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, rechazando la demanda incoada por los fundamentos de la sentencia del tribunal internacional.
Al respecto, resulta oportuno destacar que el artículo 68, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe expresamente el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando dispone *[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes"
En sintonía con ello, la Corte interamericana ha puntualizado de manera reiterada, que los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones" ("Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá", sentencia del 28 de noviembre de 2003, párr. 131) y que uen virtud de) carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo establecido en el articulo 67, éstas deben ser cumplidas de manera pronta por el Estado en forma integra" (Corte IDH, "Caso Kimel vs. Argentina", supervisión de cumplimiento de sentencia, resolución del 15 de noviembre de 2010, considerando n" 4).
De igual modo, ha manifestado que "la obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como (...) lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad

internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado" ("Caso Bulacio vs. Argentina", supervisión de cumplimiento de sentencia, resolución del 17 de noviembre de 2004. considerando n° 5).
En estas condiciones, la carencia de normas internas que regulen específicamente la ejecución de sentencias de los órganos de prolección de los derechos humanos no puede constituirse en un óbice para satisfacer los compromisos internacionales de la República.
Por último, cabe poner de relieve que, la Corte Interamericana, en distintos casos en los que consideró vulnerado el derecho a la libertad de expresión, ordenó que los tribunales internos dejaran sin efecto condenas de naturaleza penal o civil ya sea para revertir consecuencias materiales, simbólicas o de otra índole (Corte IDH, "Caso Tristán Donoso vs. Panamá" supervisión de cumplimiento de sentencia, resolución del 1 de septiembre de 2010: "Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica", supervisión de cumplimiento de sentencia, resolución del 12 de septiembre de 2005).
En el caso particular del Estado argentino, ese tribunal internacional le remarcó que la observancia de la orden de dejar sin efecto una condena es una obligación a su cargo, que debe cumplirse de oficio. En tal sentido expresó: "El Tribunal valora la disposición expresada por los representantes para interponer un recurso de revisión a fin de avanzar hacia el cumplimiento de la referida reparación, debido a que el Estado no la estaría cumpliendo de oficio. No obstante, la Corle estima oportuno recordar que la obligación establecida en el punto resolutivo séptimo de la Sentencia es una obligación del Estado, el cual no puede por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida" (Corte IDH, "Caso Kimel vs. Argentina1, supervisión de cumplimiento de sentencia, resolución del 15 de noviembre de 2010, considerando n° 11 y resolución del 5 de febrero de 2013. considerando n° 13).
Finalmente, el Máximo Tribunal ya ha reconocido la obligatoriedad de ías sentencias del tribunal interamericano (Fallos: 327:5668, "Espósito") e incluso ha dejado sin efecto su propio fallo "con el objeto de dar estricto cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana Derechos Humanos" (Fallos: 334:1504. "Derecho, Rene"). En esle último precedente, encuadró la solicitud del querellante como recurso de revocatoria y entendió que, en virtud de lo dispuesto en la sede

internacional, se presentaban las circunstancias excepcionales requeridas para la revisión de sus propias sentencias.
-IV-
Sin perjuicio de que, como expresé, las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado argentino, observo que et señor Carlos Saúl Menen no fue parte del proceso llevado a cabo ante ese tribunal internacional! que tiene como misión juzgar la responsabilidad de los Estados —y no de los particulares— en materia de derechos humanos.
Como consecuencia de! objeto y de las características de ese juicio internacional, la condena dictada por ese tribunal recayó sobre el Estado argentino. No obstante, no puede desconocerse que una de las medidas reparatorias dictadas consiste en dejar sin efecto una decisión judicial, que había sido promovida por Carlos Saúl Menem y que fue finalmente dictada a su favor. En tanto esa declaración de derecho debe ser dejada ahora sin efecto por esa Corte Suprema, corresponde, en resguardo de su derecho a ser oído, correrle traslado de la presentación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Por los motivos expuestos, opino que corresponde dejar sin efecto el fallo dictado a fe. 367/388 de la causa "Meneen, Carlos Saúl e/Editorial Perfil S.A. y otros s/daños y perjuicios" (exp. n° 117 391/95) y revocar la sentencia definitiva dé la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, rechazando la demanda incoada por los fundamentos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los alcances indicados en los párrafos precedentes. Buenos Aires. 26 de noviembre de 2014. - Alejandra Giís Carbó.
CS J 368/1998 (34-MJ/CS1 Buenos Aires, febrero 14 de 2017.
Considerando: 1°) El 25 de septiembre de 2001 esta Corte Suprema confirmó la sentencia de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había hecho lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por el ex Presidente Carlos Saúl Menem contra Editorial Perfil S.A,,

Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico (causa "Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil S.A. y oíros s/ daños y perjuicios - sumario" —Fallos: 324:2895—; en adelante, causa "Menem") Esta Corte entendió que la difusión de ciertas notas periodísticas vinculadas con la presunta existencia de un hijo no reconocido de Menem había lesionado en forma ilegitima su derecho a la intimidad, tutelado por el art. 19 de la Constitución Nacional y por los arts. 17, párrafos r y 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 11, párrafos 2° y 3°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CAQH), entre otras normas, y confirmó la condena pecuniaria dispuesta por la cámara, reduciendo los montos de condena.
2°) Encontrándose firme el mencionado pronunciamiento y habiéndose cumplido con la reparación económica allí ordenada, el 15 de noviembre de 2001 Jorge Fontevecchia. Héctor D'Amico y Horacio Verbitsky (este último en representación de la Asociación Periodistas) sometieron el caso al sistema interamericano de protección de derechos humanas en ei entendimiento de que la sentencia de la Corte Suprema referida precedentemente habia vulnerado el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión (art. 13 de la CADH), por lo que solicitaron que se declarara la responsabilidad internacional del Estado argentino
3C) El 29 de noviembre de 2011 la Corte Interamericana, después de seguir el trámite propio del procedimiento en sede internacional —en el que solo intervinieron las presuntas victimas y los representantes de nuestro país y se ponderaron las pruebas allí ofrecidas—, declaró que ei Estado argentino habia violado el derecho a la libertad de expresión de los peticionantes (art. 13. CADH). Afirmó alli que la sentencia constituía per se una forma de reparación (parte resolutiva. pto. 1 de la sentencia "Fontevecchia y otros v. Argentina", p. 40) y, adicionalmente. dispuso que el Estado argentino debía:
a.	dejar sin efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, asi como
todas sus consecuencias;
b.	publicar un resumen oficial de su sentencia elaborado por la Corte Suprema, por una sola vez.
en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, asi como publicar la sentencia
completa de la Corte Interamericana en la página del Centro de Información Judicial de la Corte
Suprema; y

c. entregar las sumas reconocidas en dicho fallo, comprensivas del reintegro de los montos de
condena oportunamente fijados en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, como de los
*
correspondientes a las reparaciones admitidas en su decisión internacional (daño material, gastos derivados del trámite del proceso interno como del procedimiento internacional).
4°) En cuanto al punto ub" la medida ha sido cumplimentada —en lo que a este Tribunal compete— mediante la publicación instrumentada a través de dos portales: el Centro de Información Judicial y la página de jurisprudencia del Tribunal, ámbito donde figura también la publicación de la sentencia dictada por esta Corte en la causa "Menem".
En relación al punto "c", vale destacar que las obligaciones allí impuestas se encuentran fuera del alcance de las presentes actuaciones, toda vez que —en esta instancia— no resulta necesaria la intervención judicial para que el Estado argentino proceda voluntariamente a su cumplimiento, de acuerdo con la distribución constitucional de competencias entre los distintos poderes del Estado.
Finalmente, respecto del punto "a", la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación remitió a esta Corte Suprema un oficio en el que se hace saber el pedido formulado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a este Tribunal para que cumpla, en lo que corresponda y de conformidad con su competencia, la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Foníevecchia y D'Amico vs. Argentina", en fecha 29 de noviembre de 2011 (fs. 37 del expíe. 6439/2012).
5a) El Tribunal dio vista de las actuaciones a la señora Procuradora General, quien presentó su dictamen a fs. 45/48. Posteriormente, de acuerdo a lo sugerido en el punto IV de ese escrito, esta Corte ordenó dar traslado a Carlos Saúl Menem de la presentación efectuada por la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Nación, por el término de diez días, el que fue contestado a fs. 51. Allí, el actor expuso que "no
i
ha sido parte en ei juicio internacional, cuyo pronunciamiento recayó condenando al Estado Argentino, por lo que nada tiene que expresar al respecto".

6°) Se encuentra fuera de discusión que las sentencias de la Corte interamericana, dictadas en procesos contenciosos contra el Estado argentino son, en principio, de cumplimiento obligatorio para este {art. 68.1, CADH) (conf. doctrina de Fallos. 327.5668, voto de la jueza Highton de Nolasco. considerando 6°). Dicha obligatoriedad, sin embargo, alcanza únicamente a las sentencias dictadas por el tribunal internacional dentro del marco de sus potestades remediales En efecto, es con ese alcance que el Estado argentino se ha obligado internacionalmente a acatar las decisiones de la Corte Interamericana.
7*) Corresponde analizar en esta instancia, entonces, si la orden contenida en la parte resolutiva de la sentencia en cuestión (punió 2), en tanto dispone "dejar sin efecto la condena civil impuesta a los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico" en la causa "Menem" ha sido dictada dentro del marco de atribuciones previsto por la CADH y puede ser cumplida por esta Corte a la luz del ordenamiento constitucional nacional. La respuesta negativa se impone por las razones que se expondrán a continuación.
8°) Desde la perspectiva de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro pais, deben tenerse en consideración los principios estructurales del sistema interamericano de protección de derechos humanos, el que se autodefine como subsidiario. Así, se afirma que la CADH crea "una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos" (Preámbulo CADH). Esta subsidiariedad se manifiesta, entre otras, en la exigencia convencional de agotamiento de los recursos internos en forma previa al acceso al sistema regional (cfr. arts. 46.1.a y 61.2 CADH) y en el principio de que la Corte Interamericana no actúa como una instancia más en los casos tratados por las Cortes nacionales. La Corte Interamericana no constituye entonces una "cuarta instancia" que revisa o anula decisiones jurisdiccionales estatales sino que, siguiendo los principios estructurales recordados, es subsidiaria, coadyuvante y complementaria (véase, entre otros, Corte IDH. caso "Perozo y oíros v. Venezuela", sentencia de 28 de enero de 2009, Serie C, núm. 195, párr 64).
9°) El mismo Tribunal internacional ha sostenido que la Corte Interamericana no tiene el carácter de tribunal de apelación o de casación de los organismos jurisdiccionales de carácter nacional; sólo puede en este caso, señalar las violaciones procesales de los derechos consagrados en la Convención que hayan perjudicado al [...) afectado en este asunto, pero

carece de competencia para subsanar dichas violaciones en e! ámbito interno [...]" (Corte IDH, caso "Genie Lacayo", sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C. núm, 30, párr. 94). Por su parte, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales (conf. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe 39/96 Caso 11.673. Argentina, 15 de octubre de 1996, puntos 48 y 51)
10)	Esta comprensión del rol de los tribunales internacionales de derechos humanos como
actores subsidiarios ha sido, además, abrazada enfáticamente por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos con sus doctrinas del margen de apreciación nacional (desarrollada a partir
de los casos Tawless v. Ireland", sentencia del 1 ° de julio de 1961, y "Handyside v. The United
Kingdom", sentencia del 7 de diciembre de 1976, y expresada más recientemente en el caso
"Lautst and Others v  Italy", sentencia del 18 de marzo de 2011) y de la "cuarta instancia"
("Schenk v Switzerland", 10862/84, sentencia del 12 de julio de 1988; Tautkus v. üthuania",
29474/09, sentencia del 27 de noviembre de 2012; entre oíros)
11)	A (a luz de estos principios, dejar sin efecto la sentencia dictada por esta Corte Suprema
en la causa "Menem" en virtud de la orden de la Corte Interamericana (punto 2 de la parte
resolutiva y párr. 105) —lo cual es sinónimo de "revocar" conforme la primera acepción de esta
palabra en el Diccionario de la Real Academia Española— implicaría transformar a dicho
tribunal, efectivamente, en una "cuarta instancia" revisora de las sentencias dictadas por esta
Corte, en clara violación de los principios estructurantes del sistema interamericano y en exceso
de las obligaciones convencionalmente asumidas por el Estado argentino al ingresar a dicho
sistema. En efecto, la idea de revocación se encuentra en el centro mismo del concepto de una
"cuarta instancia", en tanto una instancia judicial superior supone la capacidad de revisar las
decisiones del inferior y, en su caso, dejarlas sin efecto, Reconocer a la Corte Interamericana tai
carácter implicaría, por otra parte, la paradoja de que esa instancia revisora hubiera sido ejercida
en un proceso que no reconoce continuidad con el desarrollado por esta Corte, al ser diferentes
sus elementos fundamentales, tales como las partes y la prueba.

 12)	Por otra parte, la Corte Interamericana, al ordenar dejar sin efecto la sentencia de esta Corte
pasada en autoridad de cosa juzgada, ha recurrido a un mecanismo restitutivo que no se
encuentra previsto por ei texto convencional. Este análisis textual es de fundamental importancia,
puesto que la letra de los tratados —en el contexto de sus términos y teniendo en cuenta su
objeto y fin (art. 31, Convención de Viena sobre Derecho de (os Tratados)— determina los límites
de la competencia remedia! de los tribunales internacionales. Por definición, los tribunales
internacionales son órganos con competencia limitada de la manera prescnpta en los
instrumentos que los han constituido (Michael Reisman, "Has the International Court Exceeded
its Jurisdiction", American Journal of International Law. vol. 80, año 1986, p. 128) y carecen de
una jurisdicción inherente e inalterable para seleccionar los remedios que quieran (Chiitharanjan
Félix Amerasinghe, "Jurisdiction of International Tribunals", Kluwer Law International, La Haya,
2003, p. 389).
 13)	En este sentido, la CAOH establece que "[c]uando decida que hubo violación de un derecho
o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el
goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se
reparen (as consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada." (art. 63.1, CADH) En
consecuencia, el tenor literal de la norma no contempla la posibilidad de que la Corte
Interamericana disponga que se deje sin efecto una sentencia dictada en sede nacional.
 14)	Esta comprensión del art. 63.1 se ve confirmada por los antecedentes que dieron lugar al
texto de la Convención (conf. art. 32 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados) Su
examen muestra que este mecanismo restitutivo no fue siquiera considerado en los trabajos
preparatorios de la Convención Americana (véase Conferencia Especializada Interamencana
sobre Derechos Humanos, San José, Costa 'Rica 7-22 de noviembre de 1969, Actas y
Documentos, Secretaria General, Organización de los Estados Americanos, Washington. D.C..
OEA/Ser.K/XVI/1.2).
 15)	A pesar de que la Corte Interamericana ha dispuesto en algunas ocasiones el uso de este
remedio calificándolo como una forma de reparación, ha reconocido explícitamente que en
muchos casos tal remedio es improcedente. Asi, ha sostenido que "[p]uede haber casos en que

aquella [la in inlegrum restitutio] no sea posible, suficiente o adecuada (cfr Usine de Chorzów, fond, supra 43, p. 48). De esta manera, a juicio de la Corte, debe ser interpretado el articulo 63.1 de la Convención Americana" (Corte IDH, 10 de septiembre de 1993, "Aloeboetoe y otros v Surinam", Sene C 15, párr 49; el subrayado es agregado; en igual sentido, Corte IDH, "Blake v. Guatemala". 22 de enero de 1999, Serie C 48. párr. 42).
16)	En este caso, dejar sin efecto la sentencia de esta Corte pasada en autoridad de cosa
juzgada es uno de los supuestos en los que la* restitución resulta jurídicamente imposible a la luz
de los principios fundamentales del derecho público argentino   Desde esta perspectiva
constitucional, el art. 27 de la Carta Magna prescribe ll[e]l Gobierno federal está obligado a
afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados
que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta
Constitución".
Estos principios reseñados se traducen en el modo en que deben ser interpretadas las obligaciones asumidas por el Estado argentino. El constituyente ha consagrado en el art. 27 una esfera de reserva soberana, delimitada por los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, a los cuales los tratados internacionales deben ajustarse y con los cuales deben guardar conformidad (Fallos: 316:1669; entre otros).
 17)	Entre dichos principios inconmovibles se* encuentra, sin duda alguna, el carácter de esta
Corte como órgano supremo y cabeza del Poder Judicial, conforme surge del arí. 108 de la
Constitución Nacional (Fallos: 256:114; 289:193; 318:986; 319:1973; 328:2429; 329:3235. 5913;
330:49, 251; 338:1575; entre muchos otros). Revocar la sentencia firme dictada por este Tribunal
implica privarlo de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirlo por
un tribunal internacional, en clara transgresión a los arís, 27 y 108 de la Constitución Nacional.
 18)	Esta interpretación es reflejo de una fuerte tradición en la práctica constitucional argentina
expresada, por ejemplo, en la denominada "fórmula argentina" —sostenida en la Conferencia de
Paz de La Haya de 1907 por los delegados Roque Sáenz Peña. Luis María Drago y Carlos
Rodríguez Larreta— mediante la cual se excluían de los tratados de arbitraje obligatorio tas
cuestiones que afectaban a la Constitución de cada país. Esta fórmula "ha nacido de los

términos y del espíritu de nuestra Constitución, los que no podían ser desvirtuados por ningún tratado sin exponerse a caer en nulidad" (Carlos Saavedra Lamas, "En torno a la Constitución que nos rige", Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1957, p. 21).
En el mismo sentido se expresó Joaquín V. González al sostener que "[u]n tratado no puede alterar la supremacía de la Constitución Nacional, cambiar la forma de gobierno, suprimir una provincia o incorporar otras nuevas, limitar atribuciones expresamente conferidas a los poderes de gobierno, desintegrar social o politicamente al territorio; restringir los derechos civiles, políticos y sociales reconocidos por la Constitución a los habitantes del país, ni las prerrogativas acordadas a los extranjeros ni suprimir o disminuir en forma alguna las garantías constitucionales creadas para hacerlos efectivos (...) En cuanto la Constitución Nacional sea lo que es, el art 27 tiene para la Nación significado singular en el derecho internacional. La regla invariable de conducta, el respeto a la integridad moral y política de las Naciones contratantes" (Joaquín V. González, Senado de la Nación, Diario de Sesiones, sesión del 26 de agosto de 1909, volumen IX.pág.52).
19} Esta comprensión del art. 27, lejos de haber sido alterada por la reforma de 1994, ha sido reafirmada con ella. Así lo ha entendido él constituyente argentino cuando al otorgar jerarquía constitucional a la CADH —entre otros tratados internacionales sobre derechos humanos— ha establecido expresamente que sus normas "no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución", reafirmando la plena vigencia de los principios de derecho público establecidos en la norma fundamental como valladar infranqueable para los tratados internacionales (doctrina de Fallos: 317:1282)
20) En virtud de lo expuesto, no corresponde hacer lugar a lo solicitado por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. Lo dicho hasta aquí no implica negar carácter vinculante a las decisiones de la Corte Interamericana, sino tan solo entender que la obligatoriedad que surge del art. 68.1 debe circunscribirse a aquella materia sobre la cual tiene competencia el tribunal internacional (art. 63. CADH; arts. 27,75 inc. 22 y 108, Constitución Nacional).

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora General, se desestima la presentación de fs 1. Hágase saber y archívese. — Ricardo L. Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. -Juan C. Maqueda (en disidencia). — Horacio Rosatti (por su voto). — Carlos F. Rosenkrantz
Voto del doctor Rosatti
Considerando: 1°) Que el 25 de septiembre de 2001 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de su jurisdicción apelada y por votos concurrentes, confirmó la sentencia de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en cuanto había revocado la decisión de primera instancia y había hecho lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Carlos Saúl Menem contra Editorial Perfil S.A., Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico con el objeto de que se le reparara el daño moral sufrido como consecuencia de la difusión de notas periodísticas —vinculadas con la existencia de un hijo no reconocido del actor— que habrían lesionado en forma ¡legítima su intimidad, en tanto ello había importado una arbitraria intromisión en la esfera de privacidad del demandante contemplada en el art 1071 bis del Código Civil.
No obstante ello, modificó la condena económica dispuesta por la Cámara, que redujo a la sumas de S 60.000 (conf. fs. 367/388 del expíe. 117.391/95 "Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s¡ daños y perjuicios - sumario").
2") Que encontrándose firme el mencionado pronunciamiento, eM5 de noviembre de 2001, Jorge Fontevecchia, Héctor D'Amico y Horacio Verbitsky (en representación de la Asociación Periodistas) sometieron el caso citado al sistema interamericano de protección de derechos humanos en el entendimiento de que el Estado argentino —mediante el dictado de la sentencia de la Corte Suprema referida precedentemente— había vulnerado el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión (art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante CADH), por lo que solicitaron se declarara su responsabilidad internacional.
El 29 de noviembre de 2011, después de seguir el trámite propio del proceso en sede
internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) declaró
* que el Estado argentino había violado el derecho a la libertad de expresión reconocido en el
citado art. 13 en perjuicio de los actores (véase fs. 1/36 del expíe. n° 6439/2012).

No obstante reconocer que !a sentencia constituía per se una forma de reparación, la Corte IDH dispuso que el Estado argentino debia:
 a)	dejar sin efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, así como
todas sus consecuencias, en los términos del párrafo 105 del pronunciamiento (punto 2);
 b)	publicar, por una sola vez, un resumen oficial de su sentencia en el diario oficial y en un diario
de amplia circulación nacional, y la sentencia completa de la Corte Interamehcana en la página
del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema Nacional (punto 3); y,
 c)	entregar las sumas reconocidas en dicho fallo, comprensivas del reintegro de los montos de la
condena oportunamente fijados en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, como así
también los correspondientes a las reparaciones admitidas en la decisión internacional (daño
material, gastos derivados del trámite del proceso interno como del internacional) (punto 4)
3°) Que como consecuencia de lo anterior, la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación envió a este Tribuna!, el 20 de septiembre de 2012, un oficio en el que hace saber el pedido formulado por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación para que se-dé cumplimiento, en lo que corresponda y de conformidad con la competencia asignada, con lo resuelto por el tribunal internacional (fs. 37 del expíe. 6439/2012).
Esta Corte dispuso dar vista de las actuaciones a fa Procuradora General, quien con fecha 28 de noviembre de 2014 presentó el dictamen que obra a fs. 45/48 del expíe. 6439/2012. Conforme a lo solicitado en el punto IV del referido dictamen, la Corte dispuso dar traslado de la presentación efectuada por la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto —por el término de diez dias— al señor Carlos Saúl Menem, que fue contestado el 25 de marzo de 2016 (fs. 51 del expte. 6439/2012), quedando los autos a partir de dicha fecha en condiciones de examinar la procedencia del pedido mencionado.

4°) Que a la luz de la obligación que surge del art. 68.1 de la CADH —que ha sido suscripta por la República Argentina y goza de jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional)— por la cual el Estado Nacional se compromete a cumplir con las decisiones de la Corte IDH en los procesos en que ha sido parte, corresponde poner de manifiesto lo siguiente;
Con relación al inciso c) del considerando 2°, se ha informado a este Tribunal que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra en vías de cumplimiento la medida de reparación prevista en el punto 4 de ía parte dispositiva del referido fallo, hecho que da cuenta del principio de ejecución de dicho punto del pronunciamiento internacional (véase fs. 23/24 del escrito 2869/2016; fs. 1 del escrito 3201/ 2016)
Con relación al inciso b) del considerando 2°, el 22 de noviembre de 2016 la Corte IDH declaró que el Estado argentino dio cumplimiento total a la medida de reparación ordenada en el punto 3 de su sentencia, relativa a la realización de las publicaciones del pronunciamiento internacional y del resumen oficial en los medios allí contemplados.
Con relación al inciso a) del considerando 2°, que refiere a lo dispuesto en el punto 2 de la parte resolutiva del pronunciamiento del tribunal internacional, en cuanto establece "dejar sin efecto la condena civil impuesta a los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, así como todas sus consecuencias (...) en los términos del párrafo 105", el que —en lo que aquí interesa— refiere que "el Estado debe dejar sin efecto dichas sentencias en todos sus extremos, incluyendo, en su caso, los alcances que estas tengan respecto de terceros; a saber: a) la atribución de responsabilidad civil de los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico (...) c) asi como cualquier otro efecto que tengan o hayan tenido aquellas decisiones", la viabilidad de su cumplimiento debe ser analizada a la luz de las posibilidades que brinda nuestro sistema jurídico. En tal sentido, inicialmente, no puede soslayarse en esta instancia que la orden del tribunal internacional en cuanto impone al Tribunal Supremo de la Nación dejar sin efecto una sentencia dictada dentro del ámbito de su competencia no solo parece ir más allá de las atribuciones — propias y especificas— de la Corte IDH (en especial respecto de lo dispuesto en el art. 63.1 de la CADH), sino que encuentra un obstáculo insalvable en disposiciones constitucionales que esta Corte Suprema no puede desatender y por cuya protección debe velar.

5°) Que. en efecto, esta Corte no puede desconocer que la CADH fue incorporada con jerarquía constitucional a nuestro orden jurídico sin que tal incorporación suponga derogar articulo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional (art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), dentro de la cual destaca el art. 27.
El constituyente ha consagrado en el citado art. 27 una esfera de reserva soberana (margen de apreciación nacional) delimitada por "los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional", a los cuales los tratados internacionales —y con mayor razón aun la interpretación que de tales tratados se realice— deben ajustarse y con los cuales deben guardar conformidad.
A partir de esta cláusula no es posible hacer prevalecer automáticamente, sin escrutinio alguno, ei derecho internacional —sea de fuente normativa o jurisprudencial— sobre el ordenamiento constitucional. Esta interpretación es reflejo de una fuerte tradición en la práctica constitucional argentina, tal como supo exponerlo Joaquín V. González: "un tratado no puede alterar la supremacía de la Constitución Nacional, cambiar la forma de gobierno, suprimir una provincia o incorporar otras nuevas, limitar atribuciones expresamente conferidas a los poderes de gobierno, desintegrar social o politicamente al territorio; restringir los derechos civiles, políticos y sociales reconocidos por la Constitución a los habitantes del pais, ni las prerrogativas acordadas a los extranjeros ni suprimir o disminuir en forma alguna las garantías constitucionales creadas para hacerlos efectivos... En cuanto la Constitución Nacional sea lo que es, el art. 27 tiene para la Nación significado singular en ei derecho internacional" (Joaquín V. González, Senado de la Nación. Diario de Sesiones, sesión del 26 de agosto de 1909, volumen IX. pág. 52).
6°) Que el carácter supremo de las decisiones de esta Corte de Justicia, cabeza del Poder Judicial de la Nación según lo dispuesto por el art. 108 de la Constitución (Fallos: 256:114. 289:193; 319;1973; 328:2429; 329:3235 y 5913; 330;49 y 251; 338:1575, entre muchos otros), configura un elemento constitutivo de tales principios de derecho público a los que refiere el art. 27 examinado precedentemente.
Esta potestad jurisdiccional, calificada como la más alta y eminente del ordenamiento jurídico argentino, connatural con la responsabilidad institucional que le corresponde a esta Corte como

titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal (conf, Fallos: 330:3109; 338:1216, y causa FLP 8399/2016/CSI "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo", sentencia del 18 de agosto de 2016), se sustenta con el carácter inalterable de sus pronunciamientos regulares, firmes y pasados en autoridad de cosa juzgada, no siendo posible "dejarlos sin efecto" —lo cual supone "revocarlos" conforme con la primera acepción de ía expresión "revocar" del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia— si es ello lo que se pretende en el presente caso.
7°) Que en tales condiciones, et punto 2 de la parte dispositiva del pronunciamiento del Tribunal internacional (identificado como ítem a) del copsiderando 2°) de este fallo) debe ser interpretado de manera armónica con el ejercicio de la máxima potestad jurisdiccional estatuida en el sistema republicano sostenido por el ordenamiento constitucional argentino (arts. 1°, 108 y 116 de la Constitución Nacional). De lo contrario, se erigiría a la Corte IDH como una instancia "revisora" o "casatona" de decisiones jurisdiccionales estatales, categoría que excede el carácter coadyuvante y complementario de la jurisdicción internacional, atributos que se desprenden del Preámbulo de la CADH (conf arg. Corte IDH, caso "Perozo y otros v. Venezuela", sentencia de 28 de enero de 2009, párrafo. 64: Corte IDH, caso "Genie Lacayo", sentencia del 29 de enero de 1997, párrafo 94).
8°) Que en virtud de lo expuesto, en un contexto de "diálogo jurisprudencial" que procure mantener la convergencia decisional entre los órganos con competencias para dirimir conflictos en los ámbitos nacional e internacional, reconociendo a la Corte IDH como último intérprete de la CADH (art. 62. puntos 1 y 3 CADH) y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como último intérprete de la Constitución Nacional Argentina (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional), cabe concluir que la reparación ordenada en la sentencia de la Corte Interamericana encuentra adecuada satisfacción mediante la concreción de las medidas mencionadas en los párrafos segundo y tercero del precedente considerando 4°), no siendo posible concretar la revocación formal del decisorio nacional —si es ello lo que se pretende— sin violentar lo dispuesto por los arts. 27 y 75 ínc. 22) de la Constitución Nacional Argentina, cláusulas por cuya observancia esta Corte debe velar.

De acuerdo con la reseña efectuada en relación a las medidas adoptadas por distintos órganos
t del Estado argentino y con el alcance señalado en los considerandos precedentes, se tendrá por
cumplimentada la sentencia de la Corte IDH de conformidad con el compromiso asumido por el art.68.1delaCADH.
Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora General, se desestima la presentación de fs. 1. Hágase saber y archívese. — Horacio Rosatti.
Disidencia del doctor Maqueda;
Considerando: 1°) Que estas actuaciones se inician con motivo del oficio enviado por la Dirección General de Derechos Humanos del Ministeno de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación con fecha 20 de septiembre de 2012, en el que se hace saber el pedido formulado por la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a este Tribunal para que cumpla, en lo que
*
corresponda y de conformidad con su competencia, con to dispuesto en los párrafos 105 y 108, punto c, de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tontevecchia y D'Amico vs. Argentina", con fecha 29 de noviembre de 2011 (fs. 37 del expíe. 6439/2012); a lo que oportunamente esta Corte respondió mediante oficio librado al Ministerio de Relaciones Exteriores informando que el pronunciamiento de la Corte Interamericana se encontraba publicado desde el 19 de diciembre de 2011 en ía página oficial del Centro de Información Judicial, encontrándose las restantes cuestiones a estudio (conf. fs. 38/41)
Con posterioridad, el Tribunal dispuso dar vista de las actuaciones a la señora Procuradora General, quien, con fecha 28 de noviembre de 2014, presentó el dictamen que obra a fs. 45/48 del expíe. 6439/2012.
Conforme lo solicitado en el punto IV del referido dictamen, la Corte Suprema dispuso dar traslado —por el término de diez días— al señor Carlos Saúl Menem de la presentación efectuada por la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, que fue contestado el 25 de marzo de 2015, quedando a partir de dicha fecha los autos para dictar sentencia (fs. 51 del expíe 6439/2012).

2°) Que en el citado pronunciamiento se estableció, en cuanto al caso concierne, que el Estado argentino, al decidir en la causa "Meneen, Carlos Saúl el Editonal Perfil S.A.". sentencia del 25 de septiembre de 2001 (Fallos. 324:2895), habia violado el derecho a la libertad de expresión reconocido en el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el art. 1.1 de la citada convención, en perjuicio de los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico,
En la parte resolutiva de dicho fallo internacional, se dispuso que el Estado debía dejar sin efecto la condena civil impuesta a los citados Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, así como todas sus consecuencias, en los términos del párrafo 105 de la sentencia, realizar las publicaciones dispuestas de conformidad con lo establecido en el párrafo 108, y entregar los montos referidos en los párrafos 105, 128 y 129 de dicho pronunciamiento conforme con las modalidades especificadas en los párrafos 131 a 136 (conf. fs. 1/36 del expíe. 6439/2012).
3°) Que a partir de la reforma constitucional de 1994, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 75, me. 22, de la norma fundamental, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciadas en causas en las que el Estado argentino sea parte deben ser cumplidas por los poderes constituidos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justiciare la Nación
Por ello, esta Corte, como uno de los poderes del Estado argentino y conforme lo previsto en el art. 68.1 de la misma convención, debe cumplir y ejecutar el pronunciamiento del tribunal interamericano (ley 23.054; art. 75. inciso 22, de la Constitución Nacional; doctrina de Fallos: 326:2968 "Cantos", disidencia del juez Maqueda; 327:5668 "Espósito", voto de los jueces Belluscio y Maqueda; 334:1504 "Derecho", voto del juez Maqueda; 336:1024 "Carranza Latrubesse", voto del juez Maqueda y resolución CSJN 477/15 del 25 de marzo de 2015 en expíe nc 4499/13 *Mohamed vs, Argentina").
4°) Que el deber de cumplir la decisión adoptada por la Corte Interamericana responde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda), y de conformidad con lo dispuesto'en la Convención de Viena sobre e! Derecho de

los Tratados de 1969, no pueden, por razones de orden interno, dejar de cumplir las obligaciones ya asumidas, so pena de verse comprometida la referida responsabilidad (art. 27 de la citada convención; conf. Fallos: 315:1492, considerandos 18 y 19, in fine; 318:373, considerando 4°, párrafo segundo y 334:1504, considerando 3°, último párrafo, del voto del juez Maqueda)
5°) Que a la luz de lo expresado, haciendo* mérito de los fundamentos inequívocos que sustentaron el fallo de la Corte Interamericana en el caso "Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina" y dado que dicho pronunciamiento debe ser cumplido por los poderes constituidos del Estado argentino en el ámbito de su competencia, corresponde a esta Corte Suprema, según lo establecido en el párrafo 105 del citado fallo, dejar sin efecto la sentencia dictada por este Tribunal —con otra composición— en los autos "Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil SA" (Fallos: 324:2895) y, en consecuencia, también la de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que es su antecedente, así como todas sus consecuencias, inclusive los alcances que hubieran tenido respecto de terceros.
6°) Que como lo ha precisado el tribunal interamericano en su fallo y con el fin de evitar futuros cuestionamientos, cabe aclarar que dicha solución importa dejar sin efecto la atribución de responsabilidad civil de los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico y la condena al pago de una indemnización, de intereses y costas y tasa de justicia dispuesta oportunamente, así como cualquier otro efecto que tengan o hubieran tenido las referidas decisiones.
7°) Que por resolución de fecha 22 de noviembre de 2016, la CIDH declaró que el Estado argentino había dado cumplimiento a la medida de reparación relativa a la publicación de su sentencia en la página web del Centro de Información Judicial (párrafo 108, punto c).
8°) Que en esa misma resolución, la CIDH también resolvió dejar abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto de las restantes medidas de reparación, entre ellas, la relacionada con dejar sin efecto la condena civil.
En consecuencia, con el presente pronunciamiento este Tribunal, en lo que resulta de su competencia, da integro cumplimiento con lo ordenado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que corresponda efectuar consideración alguna

respecto de las obligaciones de pago establecidas en los párrafos 105, 128 y 129 de la citada decisión, que dependen de medidas administrativas y de otra Índole que pertenecen al ámbito de competencia de oíros poderes del Esíado argentino.
Por ello, y oida la señora Procuradora General, en cumplimiento del punto 2 de la parte dispositiva de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina", se dejan sin efecto los fallos dictados por este Tribunal y por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la citada causa "Menem". en cuanto atribuyeron responsabilidad civil e impusieron una condena a los señores Jorge Foníevecchia y Héctor D'Amico.
En consecuencia, se rechaza la demanda deducida por Carlos Saúl Menem contra Jorge Fontevecchia, Héctor D'Amico y Editorial Perfil Sociedad Anónima. Agregúense las actuaciones remitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación al principal. Notifiquese a Carlos Saúl Menem, a Jorge Fontevecchia, a Héctor D'Amico, a Editorial Perfil S.A., a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Dirección Genera! de Derechos Humanos de! Ministerio de Relaciones Exteriores y Culío. Fecho, devuélvanse los aulos principales al juzgado de origen. — Juan C. Maqueda.